Les Corts Valencianes han convalidado el decreto ley que modifica la ley de Patrimonio cultural valenciano con el fin de facilitar la creación de una sede en València de The Hispanic Society of America y la exposición en la ciudad de una amplia selección de cuadros de Joaquín Sorolla.
El texto ha sido respaldado en el pleno con los votos a favor de PP y Vox y el rechazo de PSPV y Compromís, lo que refleja una fuerte división política sobre el alcance y la orientación de la reforma. Pese a esa diferencia en la votación, el decreto se tramitará ahora como proyecto de ley, ya que socialistas, Compromís y Vox han apoyado que continúe su recorrido parlamentario. Este paso permitirá a los grupos presentar enmiendas y proponer ajustes para perfilar mejor el contenido de la norma antes de su aprobación definitiva.
Durante el debate, PSPV y Compromís cuestionaron la urgencia con la que el Consell ha impulsado el decreto. A su juicio, la norma se ha planteado más desde una lógica de negocio que desde una visión estrictamente patrimonial y cultural, lo que, según defendieron, exige un mayor control parlamentario y más garantías sobre el uso de los recursos públicos. Estas críticas apuntan a la preocupación de parte de la oposición por el tipo de relación que establecerá la Generalitat con grandes colecciones privadas y por las condiciones económicas y de gestión que puedan acompañar a estos acuerdos.
Desde el otro bloque, PP y Vox defendieron el decreto como una apuesta clara por la cultura y por el fortalecimiento del papel de València en el mapa internacional del arte. Subrayaron que la llegada de una sede europea de la Hispanic Society y de obras de Sorolla representa una oportunidad para proyectar la imagen de la Comunitat Valenciana, atraer visitantes y reforzar el peso de las instituciones culturales valencianas en el ámbito estatal e internacional.
La consellera de Cultura, María del Carmen Ortí, defendió la extraordinaria urgencia de la norma y sostuvo que, con este marco, la Generalitat se dota de un instrumento moderno, ágil y eficaz para proteger el interés cultural. Según explicó, el decreto ley permite asegurar mejores condiciones para gestionar colecciones de valor excepcional, dando estabilidad jurídica a acuerdos de largo alcance que requieren seguridad tanto para la Administración como para los titulares de las obras.
El cambio legal facilita que la Generalitat pueda arrendar colecciones de bienes muebles con valor cultural, ofreciendo una cobertura jurídica específica para este tipo de operaciones. En este contexto se enmarca el acuerdo para traer a València 220 obras de Sorolla y establecer en la ciudad la sede europea de la Hispanic Society, lo que implicará una presencia continuada de este fondo artístico en territorio valenciano y una mayor accesibilidad del público a estas piezas.
Cambios en la Renta valenciana de inclusión
El pleno también ha aprobado, con los votos de PP y Vox y el rechazo de PSPV y Compromís, la modificación de la ley de la Renta valenciana de inclusión. La reforma introduce novedades relevantes en el funcionamiento de esta ayuda, como la compatibilidad de su percepción con ingresos procedentes del trabajo, lo que pretende facilitar que los beneficiarios puedan acceder a un empleo sin perder automáticamente la prestación. Asimismo, se amplía el grupo de posibles perceptores para incluir de manera explícita a jóvenes, personas mayores de 65 años y quienes puedan compatibilizar esta renta con otros subsidios, con el objetivo de adaptarla mejor a distintos perfiles de vulnerabilidad.
Durante el debate en comisión, PP y Vox pactaron varios cambios que endurecen algunos de los requisitos y condiciones de la ayuda. Entre ellos, acordaron elevar de 12 a 15 meses el periodo mínimo de empadronamiento necesario para poder solicitar la renta, lo que alarga el tiempo de residencia exigido en la Comunitat Valenciana antes de acceder a la prestación. También fijaron un límite máximo de seis años para su percepción, de modo que la ayuda tenga un recorrido temporal acotado y deje de ser indefinida.
La reforma elimina además las referencias explícitas a la violencia de género en la regulación de esta renta de inclusión, modificando el enfoque original con el que se había diseñado esta herramienta de protección social. Al mismo tiempo, se establece que, para mantener la prestación, las personas beneficiarias deberán renunciar a cualquier práctica que atente contra la dignidad e integridad de la infancia y de las mujeres. Con ello, los impulsores de la reforma vinculan el disfrute de esta ayuda a un compromiso de respeto a estos principios, integrando en la norma un criterio de conducta como condición para seguir recibiendo la renta.
