La Comunitat Valenciana registra una tasa acumulada de feminicidios que se sitúa por encima de la media española desde 2003, de acuerdo con el último informe del Observatorio de la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial. El estudio, que analiza los asesinatos machistas desde que hay registros, evidencia importantes diferencias territoriales y coloca a Canarias y Melilla como los territorios con peores indicadores, mientras que Extremadura se sitúa en el extremo opuesto de la tabla.
El documento recoge y analiza los datos correspondientes a 2025 aportados por los juzgados que han tramitado los casos, así como toda la serie histórica desde 2003. Con esta perspectiva longitudinal, el Observatorio traza una radiografía más precisa de la evolución de la violencia machista en España, al mostrar no solo las cifras anuales sino también la intensidad acumulada del problema en cada comunidad. Según este balance, 49 mujeres fueron asesinadas por violencia de género el pasado año.
Datos territoriales de la violencia machista
La tasa nacional acumulada de muertes por violencia machista entre mujeres de 15 años o más se sitúa en 67,1 por cada millón de mujeres. Esta referencia permite comparar la situación de cada territorio y muestra que seis comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas superan ese nivel medio: Cataluña alcanza una tasa de 68,5; Castilla-La Mancha, 69,5; la Comunitat Valenciana, 78,8; Andalucía, 80,7; Baleares, 89,8; Canarias, 93,9; Ceuta, 96; y Melilla encabeza la lista con 168.
Por debajo de la media nacional se encuentran varias comunidades que, aun así, mantienen tasas relevantes de feminicidios. La Rioja registra 66,9 mujeres asesinadas por millón; Murcia, 64,1; Asturias, 63,5; Aragón, 61,4; Galicia, 60,9; Navarra, 59,4; Castilla y León, 58,4; Madrid, 49,8; Cantabria, 46,5; el País Vasco, 44,6; y Extremadura, con 34,6, presenta el dato más bajo de todo el periodo analizado.
Sin embargo, al observar solo el año 2025 la fotografía cambia y muestra que, en términos anuales, las dinámicas pueden variar. Ese año la mayor tasa de muertes por millón de mujeres se registró en Extremadura, con 8,61, mientras que Castilla y León fue la comunidad con la menor tasa, con 0,92. Este contraste entre la serie histórica y un año concreto evidencia que una buena posición en el acumulado no garantiza una mejora sostenida y que los repuntes pueden concentrarse en un periodo corto.
El informe también baja al detalle provincial y señala que Almería es la provincia con mayor tasa de muertes por violencia machista en la serie histórica, mientras que Zamora es la que presenta la menor. Además, recuerda que el mayor número de feminicidios registrado en una comunidad autónoma en un solo año se produjo en 2006 en Andalucía, con 21 casos, lo que refleja momentos especialmente críticos dentro de la evolución general.
El tamaño del municipio aparece como un factor relevante para entender dónde se concentran los asesinatos. La mayor tasa de víctimas mortales se localiza en municipios de entre 10.000 y 25.000 habitantes, un rango poblacional que combina características urbanas y rurales y donde los recursos especializados pueden ser más limitados que en las grandes ciudades. En contraste, el informe de 2025 recoge que 20 localidades de más de 50.000 habitantes no han registrado ningún asesinato machista en toda la serie histórica, entre ellas Arrecife, Boadilla del Monte, Cádiz, Cerdanyola del Vallès, Colmenar Viejo, Coslada, San Sebastián, Getxo, Huesca, Lorca, Mérida, Mijas, Ponferrada, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Santa Lucía de Tirajana, Segovia, Siero, Toledo y Tres Cantos.
Distancias de alejamiento y dificultades en el mundo rural
El informe subraya también la importancia del tipo de municipio a la hora de fijar las medidas de protección, en especial las órdenes de alejamiento. El Ministerio de Igualdad ha advertido de que las distancias inferiores a 350 metros entre víctima y agresor dificultan una respuesta eficaz de las fuerzas de seguridad, ya que reducen el margen de reacción ante un posible acercamiento y complican la vigilancia.
En esta línea, Igualdad ha defendido que, en municipios pequeños donde no es posible establecer perímetros de 500 metros o más sin solaparse con la vida diaria de la víctima, se valore que sea el agresor quien cambie de domicilio. Esta propuesta busca adaptar las medidas judiciales a la realidad de los pueblos y evitar que la mujer se vea obligada a abandonar su entorno, con el coste personal y social que ello supone.
La vocal del Consejo General del Poder Judicial y presidenta del Observatorio de la Violencia de Género, Esther Rojo, remarca la complejidad de esta situación y defiende la necesidad de estudiar cada caso de forma individualizada. Subraya la importancia de buscar un equilibrio entre la protección efectiva de la víctima y la viabilidad práctica de las distancias de alejamiento, teniendo en cuenta la configuración de cada localidad.
Rojo insiste en que es necesario establecer una zona de exclusión que garantice la seguridad de la mujer y permita que las fuerzas y cuerpos de seguridad puedan acudir en su auxilio a tiempo. Para ello, se deben considerar variables como la ubicación de los domicilios de víctima y agresor y, si hay hijos menores, la localización de sus centros escolares y los trayectos que realizan a diario.
En la práctica, explica, en poblaciones pequeñas y zonas rurales fijar una distancia de 500 metros puede resultar imposible porque el domicilio del investigado o penado queda dentro del radio de protección de la víctima o porque la estructura del núcleo urbano, con calles cortas y espacios reducidos, favorece encuentros fortuitos. Esta realidad incrementa el riesgo de acercamientos no deseados y obliga a una planificación más precisa de las medidas.
Esa cercanía puede activar de forma frecuente las alarmas de las pulseras de control telemático, generando una elevada ansiedad en la mujer y dificultades para distinguir entre alertas por verdaderos quebrantamientos y avisos producidos por la configuración del entorno. Por ello, Rojo defiende que la valoración se haga caso por caso, para ajustar las distancias y medidas tecnológicas a las características reales de cada municipio.
La presidenta del Observatorio muestra su preocupación por las mujeres que viven en entornos rurales, donde el aislamiento, la menor disponibilidad de recursos y la presión social pueden dificultar la denuncia y la protección. Destaca el trabajo de un grupo específico dentro del Observatorio centrado en este ámbito, con el objetivo de que estas mujeres dispongan de información y herramientas similares a las que existen en las ciudades y municipios más grandes.
En este contexto, avanza que se está elaborando una guía dirigida a mujeres de zonas rurales, pensada para facilitar el acceso a la información sobre recursos, derechos y vías de denuncia. Además, resalta la importancia de involucrar a los centros de Atención Primaria, ya que, al ser un punto de contacto frecuente con la población, pueden detectar las primeras señales de maltrato y activar los mecanismos de protección con mayor rapidez.
