La dana que azotó Valencia en octubre de 2024 dejó inutilizables 7.530 ascensores de viviendas. Año y medio después, el balance muestra un notable avance, pero también un problema aún sin resolver: siguen pendientes de reparar o sustituir 471 equipos, de los que 46, catalogados como prioritarios por su impacto directo en personas con movilidad reducida o dependientes, están en proceso de reparación.
Según los últimos datos de finales de marzo de la Asociación de Empresas de Ascensores de la Comunitat Valenciana (ASCENCOVAL), se han reparado o sustituido 7.059 de los 7.530 equipos dañados. Esta cifra refleja que la mayor parte de los ascensores ha vuelto a funcionar, pero también que un número significativo de comunidades sigue sin una solución definitiva, con vecinos que continúan afrontando barreras diarias para entrar y salir de sus viviendas.
En los últimos meses, la evolución de los trabajos ha sido significativa. Desde septiembre se ha dado solución a cerca de 320 ascensores de los 780 que permanecían pendientes, lo que supone aproximadamente un 38 % de los casos que quedaban por atender. La mayoría de estas últimas intervenciones correspondía a equipos clasificados como muy graves, un total de 217, donde los daños eran tan profundos que obligaban a reparaciones complejas o incluso a sustituciones completas.
ASCENCOVAL destaca que, desde la catástrofe, se ha alcanzado una media de 20 ascensores reparados al día. Este ritmo supone más del triple de la media anual habitual del sector, estimada en unos seis ascensores diarios. Mantener esa intensidad ha exigido reorganizar recursos, ampliar turnos y priorizar las zonas más afectadas, con el objetivo de recuperar la accesibilidad en el menor tiempo posible.
El presidente de la patronal de ascensores, Emilio Carbonell, subraya que estos datos reflejan el enorme esfuerzo acometido durante los últimos 17 meses, trabajando muy por encima de la capacidad ordinaria del sector y enfocando las actuaciones en las reparaciones más urgentes para garantizar la accesibilidad de las personas con más dificultades de movilidad.
471 ascensores pendientes: daños muy graves y reparaciones bloqueadas
A finales de marzo, seguían pendientes de reparación 471 ascensores. De ellos, 262 presentan daños muy graves, 38 han sido catalogados como graves y 171 se consideran leves. Esta clasificación determina tanto el tipo de intervención necesaria como los plazos y el coste, lo que explica en parte por qué muchos de estos equipos siguen fuera de servicio.
Numerosos ascensores continúan inutilizados porque la ejecución de las obras está bloqueada o paralizada. Las comunidades de vecinos se enfrentan a decisiones complejas: los presupuestos para reponer todos los desperfectos ocasionados por la riada son elevados y, en muchos edificios, es necesario acordar derrames o fórmulas de financiación que requieren tiempo y consenso entre los propietarios. Esa dificultad para llegar a acuerdos retrasa el inicio de las reparaciones incluso cuando el problema técnico está ya diagnosticado.
Además, buena parte de las intervenciones pendientes exige modificaciones de gran envergadura que, de media, se prolongan durante unos seis meses. Se trata de trabajos que incluyen reemplazos completos de cabinas, renovaciones de sistemas electrónicos o encargos de piezas a medida y materiales específicos. Muchos componentes de los ascensores son personalizados para cada instalación, de modo que no se pueden sustituir de forma inmediata, lo que alarga inevitablemente los plazos.
A los obstáculos técnicos y económicos se suma una notable complejidad administrativa. La patronal, junto con la federación en la que está integrada, FEMEVAL, está realizando un trabajo intenso para recabar y actualizar la información del registro de empresas mantenedoras de ascensores. Los frecuentes cambios de titularidad de las empresas responsables o de las propias comunidades de vecinos complican este seguimiento, ya que no siempre se comunican a tiempo.
En muchos casos, la tarea se dificulta por la falta de datos, porque son los titulares de las fincas quienes deben notificar a la Conselleria de Industria los cambios de empresa mantenedora y esa obligación no siempre se cumple. Esta actualización es clave para que la Administración pueda identificar con precisión qué empresa, asociada o no asociada, es responsable de cada ascensor afectado. Disponer de esa información permite localizar mejor los problemas concretos, agilizar las comunicaciones y establecer prioridades de actuación más ajustadas a las necesidades reales.
La realidad detrás de las cifras se aprecia en casos como el de Francisco Peidró, de 89 años, vecino del barrio Parque Alcosa, en Alfafar. Desde la tragedia, apenas había podido bajar de su casa, situada en un cuarto piso, en cinco ocasiones contadas, y solo para acudir al médico o a la peluquería, según relata su hija, María José. La falta de ascensor convertía cada salida en un esfuerzo físico considerable y, en la práctica, limitaba su vida social y su autonomía.
María José, que vive en Reus, se llevó a sus padres a su casa durante dos meses tras la dana. En cuanto la situación lo permitió y pudieron regresar a su vivienda habitual, lo hicieron, pero la hija ha tenido que desplazarse muchos fines de semana a Alfafar para hacer la compra y ayudarles en tareas básicas. Mientras tanto, la red de apoyo del barrio ha sido fundamental: la esposa de Francisco bajaba a hacer la compra, las tiendas le guardaban los productos y, al cerrar, se los subían a casa, un ejemplo de cómo la comunidad se ha organizado para paliar los efectos de la falta de accesibilidad.
La situación cambió cuando el ascensor volvió a funcionar. La madre de María José la llamó emocionada para avisarle de que al fin estaba operativo y le contó que el matrimonio había podido bajar junto a la calle, algo que para muchas familias se había convertido en una espera larga y cargada de incertidumbre.
Ascensores prioritarios y falta de mano de obra
Los servicios sociales de varios municipios identificaron 326 ascensores prioritarios en Albal, Aldaia, Benetússer, Castellar-l’Oliveral, Catarroja, el Forn d’Alcedo, la Torre, Massanassa y Picanya. Estos equipos se localizaron en edificios donde residen personas con discapacidad de movilidad o con altos grados de dependencia, por lo que su reparación se consideró urgente para evitar que quedaran prácticamente confinadas en sus hogares.
De estos 326 ascensores prioritarios, se han reparado 176 y otros 46 están en proceso de reparación. En los 104 restantes, ASCENCOVAL indica que en 55 casos no se dispone de información suficiente para determinar su estado actual. Esa falta de datos dificulta el seguimiento y la planificación de nuevas actuaciones, ya que impide saber si las obras están en marcha, si se han paralizado o si ni siquiera han comenzado.
El incremento extraordinario de la actividad tras la dana del 29 de octubre de 2024 ha multiplicado por siete el volumen de trabajo habitual del sector. Esta presión ha puesto en evidencia la falta de mano de obra cualificada, un déficit que limita la capacidad para responder con la rapidez que necesita la ciudadanía. Según Carbonell, uno de los grandes retos que ha dejado al descubierto esta situación es la necesidad urgente de incorporar más profesionales formados, porque sin técnicos especializados es imposible mantener el ritmo de reparación exigido por una crisis de esta magnitud.
Como respuesta, FEMEVAL y ASCENCOVAL, en colaboración con Cruz Roja, han impulsado programas de formación específicos. Entre ellos se encuentran Certificados Profesionales para la instalación y mantenimiento de ascensores, con el objetivo de incorporar nuevos técnicos al sector y preparar a más trabajadores para afrontar tanto las necesidades derivadas de la dana como la demanda estructural de mantenimiento y modernización del parque de ascensores.
En paralelo, la Generalitat puso en marcha una convocatoria de ayudas directas, de entre 1.000 y 50.000 euros, para reparar o sustituir ascensores dañados por la dana. Estas subvenciones se dirigen a comunidades de propietarios en edificios plurifamiliares donde residen personas con dependencia de Grado II o III o con discapacidad de movilidad, y persiguen facilitar la reparación o sustitución de los equipos en los inmuebles más vulnerables.
El propósito de estas ayudas es agilizar la recuperación de la accesibilidad en edificios donde viven personas con movilidad reducida, reduciendo la carga económica que suponen las obras para las comunidades y acelerando los plazos de actuación. A partir de un estudio realizado por la Generalitat y el CERMI, se estimó que habría unos 300 ascensores afectados en estas circunstancias y se calculó un presupuesto de 10 millones de euros para la convocatoria.
Una vez cerrado el plazo de solicitud, el pasado 20 de febrero, se presentaron alrededor de 320 peticiones, tanto para reparación como para sustitución de ascensores. La Conselleria responsable está evaluando los expedientes, tras solicitar información al Consorcio de Seguros sobre la cobertura concedida a estos edificios. Una vez recibidos esos datos, se prevé iniciar en las próximas semanas la resolución y concesión de las ayudas, un paso clave para que las comunidades más afectadas puedan afrontar las últimas reparaciones pendientes y cerrar así una de las heridas más visibles que dejó la dana en la vida cotidiana de cientos de vecinos.
