El plantón de los gobiernos autonómicos presididos por el PP, salvo Ceuta, impide celebrar la reunión convocada por el ministerio para abordar la continuidad del sistema de reubicación
La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia prevista para este miércoles no se ha celebrado por falta de quórum. Esto ha ocurrido después de que todas las comunidades autónomas presididas por el PP, excepto Ceuta, hayan decidido no participar. El encuentro había sido convocado por el Ministerio de Juventud e Infancia para abordar la continuidad del sistema de reubicación de menores migrantes no acompañados entre territorios.
Siete Comunidades se han conectado a la reunión
Sí han asistido de forma presencial representantes de Canarias y Castilla-La Mancha. Además, Ceuta, País Vasco, Asturias, Navarra y Cataluña se han conectado por videoconferencia. Por otra parte, la ausencia de la mayoría de las autonomías del PP ha impedido celebrar una reunión clave en pleno choque político y competencial sobre el reparto de menores.
La consejera madrileña de Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha justificado la ausencia de la Comunidad de Madrid al considerar que la convocatoria era “ilegal”. Sostiene esto porque el orden del día fue rechazado previamente en la comisión sectorial. Además, ha cargado contra el modelo impulsado por el Ejecutivo central. También lo ha acusado de promover un “reparto forzoso” de menores migrantes. En la misma línea, la Xunta de Galicia y la Junta de Castilla y León también han defendido que no se ha respetado el orden del día acordado en las reuniones preparatorias.
Enfrentamiento en julio de 2025
El desacuerdo reproduce el enfrentamiento que ya se vivió en julio de 2025. En esa ocasión, varias comunidades del PP también plantaron al Gobierno en otra reunión similar para mostrar su rechazo al modelo de acogida. El principal punto de fricción sigue siendo la reubicación de menores migrantes desde territorios especialmente tensionados, como Canarias y Ceuta, hacia el resto de autonomías.
Pese a este nuevo bloqueo, el Gobierno ha asegurado que mantendrá el mecanismo de distribución. La ministra Sira Rego ha defendido que el sistema conserva cobertura legal. Además, el Ejecutivo ha anunciado su intención de seguir adelante con un nuevo real decreto para actualizar el reparto. Según la información publicada este miércoles, el Gobierno sostiene además que los traslados cuentan con respaldo de la Fiscalía. Asimismo, durante este año ya se han tramitado expedientes de derivación.
Con esta nueva ausencia coordinada, el debate sobre la acogida corresponsable de menores migrantes vuelve a trasladarse del ámbito técnico al político. Además, la falta de acuerdo entre el ministerio y varias comunidades autónomas mantiene encallada una respuesta conjunta a una situación que sigue afectando de forma directa a los territorios de llegada.
