El pleno del Ayuntamiento de Alaquàs ha aprobado una moción para solicitar a la Generalitat Valenciana que declare el municipio como zona altamente tensionada en caso de que se cumplan las condiciones fijadas en la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. La propuesta ha salido adelante con los votos favorables de PSPV-PSOE y Compromís, mientras que PP y Vox han votado en contra.
La iniciativa, presentada por Compromís, busca, según defienden desde el consistorio, garantizar el acceso de la ciudadanía a una vivienda digna ante el aumento de los precios de compra y alquiler y ante la creciente presión del mercado sobre el uso residencial de los inmuebles.
Entre las principales reclamaciones incluidas en la moción figura la petición a la Generalitat para que financie un programa de ampliación del parque público municipal de vivienda mediante la compra, rehabilitación o construcción de inmuebles con fondos íntegramente autonómicos. El texto también plantea devolver el carácter permanente a la calificación de protección pública para, según sostienen sus impulsores, blindar ese parque frente a la especulación.
El acuerdo aprobado incorpora además una petición para reformar el Decreto Ley 9/2024, de 2 de agosto, que regula las viviendas de uso turístico. En este punto, la moción reclama eliminar el criterio de los 11 días para considerar un alojamiento como turístico, al entender que esta fórmula permite encubrir como residencial una parte de la oferta destinada realmente al turismo.
Más control sobre grandes tenedores y viviendas vacías
La moción también insta a reforzar la capacidad de la administración para incorporar viviendas al parque público. En ese sentido, plantea garantizar el derecho preferente de compra de cualquier inmueble susceptible de destinarse a uso social antes de que pueda ser adquirido por operadores privados. A ello suma la petición de impulsar un registro obligatorio y efectivo de grandes tenedores y de desarrollar inspecciones fiscales periódicas.
El texto aprobado reclama, asimismo, más garantías habitacionales para personas vulnerables en riesgo de desahucio, la creación de un servicio de asesoramiento y apoyo a inquilinos, sanciones para las plataformas que anuncien pisos sin licencia y medidas para favorecer la conversión de antiguos apartamentos turísticos en viviendas de alquiler público.
Otra de las demandas incluidas en la moción pasa por obligar a que las nuevas promociones reserven al menos un 30 % para vivienda asequible, una medida con la que el pleno pretende, según explican desde el Ayuntamiento, facilitar el acceso a la vivienda en un contexto de creciente tensión sobre el mercado residencial.
Medidas dirigidas también al Gobierno central
La propuesta municipal no se limita al ámbito autonómico. El pleno de Alaquàs también ha acordado instar al Gobierno de España a incrementar de forma anual el parque público de vivienda hasta alcanzar el 9,2 % en 2030, cifra que identifica con la media europea.
Junto a ello, la moción plantea convertir el 100 % de las viviendas de la Sareb en parque público de alquiler, prohibir la compra de viviendas para usos no residenciales por parte de fondos buitre y sociedades especulativas, y establecer barreras de entrada para inversores que, según recoge el texto, buscan rentabilidades altas y rápidas.
Entre las propuestas dirigidas al Ejecutivo central también figura limitar el precio legal del alquiler para que ninguna persona tenga que destinar más del 30 % de sus ingresos al pago de la renta, implantar un modelo de contrato de alquiler indefinido asequible, restringir las subidas anuales del alquiler al IPC real y aplicar un recargo progresivo del IBI a partir de la tercera vivienda vacía.
