Las asociaciones PROMFEST, MúsicaProCV, PROFest y FOTUR, en representación de los promotores de los festivales previstos en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de València, exigen una solución “seria, conjunta e inmediata” para evitar el impacto cultural, económico y turístico que supondría el cese de esta actividad en el recinto. El sector denuncia que, dos semanas después de conocerse la resolución judicial sobre las molestias por ruido, sigue sin llegar una respuesta consensuada entre las administraciones implicadas.
Según defienden los promotores, la falta de una salida clara mantiene en la incertidumbre a más de 80.000 compradores de entradas y a alrededor de 8.000 trabajadores vinculados de forma directa o indirecta a estos eventos. Además, lamentan que continúan “sin ser recibidos por las administraciones implicadas pese a la dimensión económica, laboral, turística y cultural del problema”.
La preocupación del sector se ha intensificado después de que el pasado 25 de marzo trascendiera que un juzgado de València había dado la razón a los vecinos del entorno de la Ciudad de las Artes y las Ciencias e instado al Ayuntamiento a adoptar medidas ante las molestias acústicas de los festivales de música celebrados en este espacio, incluida la revocación de autorizaciones o su reubicación.
El sector cifra en 40 millones el impacto directo de los festivales
Los promotores sostienen que están en juego 40 millones de euros de impacto directo en la ciudad de València, además de 2 millones de euros de recaudación para el recinto y miles de puestos de trabajo asociados a la celebración de estos grandes festivales. A juicio del sector, esta situación también pone en cuestión la marca que el consistorio proyecta como ‘Valencia Music City’, así como el modelo de turismo musical y de festivales que la Generalitat viene presentando como una referencia en España.
Desde las asociaciones señalan que también está en riesgo una parte relevante del ecosistema musical y cultural que contribuye a la identidad, la proyección exterior y la capacidad de atracción de la ciudad. Según explican, los festivales forman parte de una cadena de valor cultural e industrial que genera actividad durante meses, moviliza a artistas, técnicos, proveedores y empresas auxiliares y refuerza a València como una plaza capaz de acoger grandes propuestas musicales.
Por ello, advierten de que prolongar esta indefinición no solo perjudica a la economía vinculada al sector, sino también a la credibilidad cultural de la ciudad. En este contexto, consideran incomprensible que, con decenas de millones de euros en juego y miles de personas afectadas, las administraciones todavía no hayan articulado una respuesta conjunta.
Los festivales siguen programados mientras no haya una orden formal
Los promotores afirman que tanto la sentencia judicial como la comunicación remitida por el Ayuntamiento de València al recinto no impiden por sí mismas la celebración de los festivales, sino que plantean su desarrollo bajo el cumplimiento de la normativa acústica. En esta línea, aseguran que no han recibido ninguna notificación que prohíba la realización de los eventos en caso de que se garantice ese cumplimiento.
Ante esta situación, informan de que los festivales continúan programados con el objetivo de trasladar tranquilidad a los compradores de entradas mientras no exista una instrucción formal en sentido contrario. El sector remarca que durante estas dos últimas semanas ha seguido trabajando, incluidos los días festivos, para tratar de avanzar en una salida consensuada.
Las asociaciones también lamentan que la reunión prevista con el consistorio para el pasado 7 de abril fuera cancelada días antes por el Ayuntamiento, según se les comunicó, “por problemas de agenda”. Por ello, insisten en que todas las partes implicadas deben sentarse “de manera inmediata” para encontrar una solución que dé certidumbre al sector, proteja el empleo, preserve la actividad económica asociada a los festivales y evite un mayor deterioro de la imagen de València como destino musical y cultural.
