La jueza de Catarroja que instruye la causa de la dana ha advertido de que la supresión de los puestos que ocupan cuatro de las cinco funcionarias asignadas al procedimiento desde marzo de 2025 provocará “inevitablemente una gran dilación en la instrucción”. La magistrada lo expone en un auto firmado este viernes, en el que subraya que la reducción de medios personales llega en una fase en la que todavía quedan pendientes al menos 109 testificales.
Según recoge la resolución, el juzgado ha recibido la comunicación de la directora general de Justicia y Autogobierno de la Conselleria de Justicia sobre la supresión de esos puestos. El auto precisa que la resolución está fechada el 7 de abril de 2026 y fija como finalización el 30 de junio de 2026. Además, establece que el personal afectado deberá disfrutar antes de esa fecha de los días de vacaciones y asuntos propios generados.
La instructora señala que tanto la letrada de la administración de justicia como las funcionarias afectadas trabajan en esta causa desde marzo de 2025 y, por tanto, conocen en profundidad el procedimiento y funcionan “como un equipo”. A juicio de la jueza, la eliminación de estos apoyos y la falta de medios materiales repercutirán directamente en la tramitación de una causa de gran complejidad.
La jueza cambia el sistema de notificación de declaraciones
Ante esta situación, la magistrada ha acordado facilitar a las partes las grabaciones de las declaraciones testificales, periciales y de investigados que se practiquen a partir del 30 de junio de 2026, sin que sea necesaria la transcripción que hasta ahora venía realizando la letrada de la administración de justicia.
El auto recuerda que el 11 de abril de 2025 se acordó que las declaraciones de los investigados, aunque fueran grabadas, se transcribieran para notificar a las partes únicamente esa transcripción. Según explicaba entonces la resolución, esa medida se adoptó para preservar la imagen y, en definitiva, la privacidad de los investigados, dado el elevado número de partes personadas en el procedimiento.
Ese mismo criterio se ha venido aplicando también a testigos y peritos. Sus declaraciones se han grabado en el sistema Arconte, pero a las partes sólo se les ha facilitado la transcripción elaborada por la letrada de la administración de justicia. La jueza añade además que no se han grabado en ese sistema los ofrecimientos de acciones a perjudicados ni las testificales de piezas de fallecimiento y de lesiones, también por razones de privacidad, de modo que en esos casos únicamente se ha notificado el testimonio del acta.
La magistrada denuncia falta de medios materiales
La resolución judicial también pone el foco en la insuficiencia de recursos materiales. La instructora asegura que los equipos de Arconte y el número de salas disponibles en la sede judicial de este partido judicial son “claramente insuficientes” para atender con la debida celeridad una causa de esta envergadura.
Desde el juzgado se insiste así en que la combinación de menos personal y escasez de medios técnicos compromete el ritmo de la investigación. La advertencia llega en un momento clave del procedimiento, todavía pendiente de un elevado número de declaraciones y diligencias.
Antes de conocerse este auto, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez-Llorca, se había referido ya a esta cuestión y había negado que al juzgado se le hayan retirado medios. Según ha explicado, los puestos ocupados por personal temporal pasarán a ser cubiertos por personal fijo en el marco de un acuerdo alcanzado por la Conselleria de Justicia con entidades sociales.
El president ha señalado que este proceso laboral ha generado un “impás” entre la salida del personal temporal y la incorporación de los nuevos funcionarios con plaza definitiva. Según ha defendido, ese trámite responde al cumplimiento de los plazos legales y, en todo caso, lo relevante es que el juzgado de Catarroja “siempre ha tenido todos los recursos que ha pedido”.
Pérez-Llorca también ha afirmado que tiene interés en que la causa se resuelva cuanto antes y ha remarcado que esos medios “los van a seguir teniendo”. Frente a esa posición, el auto de la jueza pone por escrito que la supresión de personal y la insuficiencia de medios sí afectarán de forma directa a la instrucción.
