La segunda semana del juicio a José Luis Ábalos se centra en su etapa al frente del Ministerio de Transportes y pone el foco en el presunto amaño de contratos de mascarillas durante la pandemia, con una intensa agenda de testigos que incluye a altos cargos de la administración y a personas del entorno directo de su exasesor Koldo García.
Tras una primera semana enfocada en las presuntas irregularidades en la contratación de dos mujeres vinculadas a Ábalos en empresas públicas, el proceso entra ahora en una fase distinta: la que analiza si se utilizaron los resortes del ministerio para favorecer adjudicaciones concretas de material sanitario a cambio de comisiones. Esta nueva etapa busca aclarar cómo se diseñaron y aprobaron esos contratos, quién intervino en cada fase y qué beneficios habría obtenido el empresario Víctor de Aldama, señalado como comisionista.
En el banquillo de los acusados, aunque formalmente se sientan detrás de sus abogados, figuran el exministro de Transportes entre 2018 y 2021 y ex secretario de Organización del PSOE entre 2017 y 2021, José Luis Ábalos; su asesor de confianza, Koldo García; y el empresario Víctor de Aldama. Según la acusación, los tres se habrían concertado para aprovechar la posición institucional del ministro con el objetivo de beneficiar a Aldama en contratos de mascarillas adjudicados por Adif y Puertos del Estado, organismos dependientes de Transportes, a cambio de presuntas mordidas.
La Fiscalía solicita penas de prisión muy elevadas, que reflejan la gravedad que atribuye a estos hechos: 24 años para Ábalos, 19 años y medio para García y 7 años para Aldama. Estas peticiones marcan el marco penal al que se enfrentan los acusados y subrayan el impacto que pudo tener, según el Ministerio Público, la utilización de recursos públicos en un contexto de urgencia sanitaria.
La expareja de Koldo García y el lenguaje en clave del dinero
La semana arranca el lunes con la declaración de ocho testigos, entre ellos Patricia Úriz, expareja de Koldo García, que ya reconoció en la instrucción que recogió dinero en efectivo en la sede del PSOE como reintegro de gastos del asesor y del entonces ministro. Su testimonio se considera relevante porque conecta el movimiento de efectivo con el entorno político y orgánico del partido.
Úriz, que figura como investigada en la parte del caso que tramita la Audiencia Nacional, puede acogerse a su derecho a no contestar a las preguntas en este juicio. Si finalmente decide declarar, se prevé que sea interrogada por el supuesto lenguaje en clave que, según la Guardia Civil, utilizaba con García para referirse al dinero. Los investigadores de la Unidad Central Operativa interpretaron términos coloquiales como referencias indirectas a billetes de alta denominación.
En los mensajes analizados, las chistorras habrían sido billetes de 500 euros, los soles, de 200, y las lechugas, de 100. Úriz, sin embargo, negó reconocer esos mensajes como suyos y sostuvo que no era su forma de expresarse. En cuanto a las referencias a folios atribuidas al ministro, explicó que se trataba de folios en sentido literal, restando así carga incriminatoria a ese supuesto código.
La Audiencia Nacional y la red de contratos bajo sospecha
El juicio que celebra el Tribunal Supremo es el primero que se deriva de un caso más amplio, cuyas ramificaciones se extienden en la Audiencia Nacional. Allí se investigan no solo presuntas irregularidades en la contratación de mascarillas, sino también posibles amaños en adjudicaciones de obra pública y el funcionamiento de un sistema de pagos en efectivo relacionado con el partido.
Más de una decena de personas investigadas en la Audiencia Nacional comparecen esta semana como testigos ante el Supremo. Además de Úriz, están citados dos socios de Aldama, llamados a declarar el lunes. Uno de ellos es Claudio Rivas, que comparte imputación con el empresario en otra causa vinculada a un presunto fraude millonario en el sector de los hidrocarburos, lo que contribuye a perfilar el perfil empresarial y el historial judicial del principal beneficiario de los contratos bajo sospecha.
Entre los testigos también figura el ex director general de Carreteras Javier Herrero, llamado a declarar el lunes, y la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, que comparecerá el miércoles. En su caso, la investigación se fija en el supuesto trato de favor a Jéssica Rodríguez, expareja de Ábalos, en dos empresas públicas vinculadas a Transportes. Según declaró un testigo en la fase de instrucción, Pardo de Vera habría transmitido internamente que el ministro la llamó porque estaban molestando a su pareja en dichas entidades, lo que apuntaría a una posible intervención para proteger su situación laboral.
A lo largo de la semana también se espera la declaración de Jesús Manuel Gómez, subsecretario de Transportes en la etapa de Ábalos. El exministro aseguró que dejó en sus manos la tramitación de los contratos de mascarillas, por lo que su papel es clave para aclarar la cadena de decisiones. La Fiscalía sospecha que pudo actuar como correa de transmisión entre el ministro y los entes adjudicadores, lo que situaría al alto cargo en el centro del diseño de los expedientes.
Gómez declarará el martes junto a Michaux Miranda, ex alto cargo de Adif, mientras que el miércoles será el turno de Álvaro Sánchez Manzanares, ex secretario general de Puertos del Estado. Los tres figuran como investigados en la Audiencia Nacional, de modo que su comparecencia permitirá confrontar su relato con la documentación acumulada y con las sospechas que pesan sobre su actuación.
El calendario de testigos se completa con responsables de otros departamentos. El martes está prevista la declaración del que fue jefe de gabinete de Salvador Illa cuando era ministro de Sanidad y actual secretario de Estado de Política Territorial, Víctor Francos, así como del director general de la Policía, Francisco Pardo. Su presencia refleja que las pesquisas sobre los contratos de mascarillas alcanzan a diferentes áreas de la Administración durante los momentos más críticos de la pandemia.
El miércoles, además de Pardo de Vera y del ex secretario general de Puertos del Estado, comparecerán el expresidente de este organismo, Francisco Toledo, y Javier Sánchez Fuentefría, ex alto cargo de Puertos recientemente nombrado director general de Presupuestos. Sus testimonios pueden ayudar a reconstruir cómo se adoptaron las decisiones en Puertos del Estado y qué controles internos se aplicaron al adjudicar los contratos cuestionados, completando así la visión de conjunto sobre el entramado que se analiza en el juicio a Ábalos.
