La quinta jornada del juicio por presunta corrupción contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos se celebra con la declaración de uno de los testigos considerados más relevantes por las partes: el que fuera su subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez.
Ábalos ha señalado en varias ocasiones que delegó en él la tramitación de los contratos de mascarillas ahora bajo sospecha, firmados en plena emergencia sanitaria.
Gómez fue cesado en 2024 por el ministro de Transportes Óscar Puente, en un momento en el que ya avanzaba la investigación interna derivada de la auditoría encargada sobre esos contratos.
Tanto Ábalos como su exasesor Koldo García, también acusado en la causa, han cuestionado el alcance y las conclusiones de esa auditoría, que sirve de base a parte de las sospechas sobre el procedimiento seguido para adjudicar las compras.
El papel de Jesús Manuel Gómez en el caso
El exsubsecretario figura como uno de los siete testigos citados ante el Tribunal Supremo en esta sesión. Además de Ábalos y de Koldo García, en el banquillo se sienta también el comisionista Víctor de Aldama, al que se atribuyen presuntos amaños en contratos de mascarillas adjudicados por entidades dependientes del Ministerio de Transportes durante la pandemia. Según la acusación, estas operaciones se habrían realizado a cambio de mordidas pagadas con el dinero procedente de las adjudicaciones públicas.
Tramitación material de los contratos de mascarillas
En la parte del caso Koldo que instruye la Audiencia Nacional, Gómez está formalmente investigado. En ese procedimiento se ha destacado que fue la persona en cuyas manos Ábalos dejó la tramitación material de los contratos de mascarillas, confiando en que era quien, en palabras del propio exministro, podía actuar de la forma más pulcra en un contexto de urgencia administrativa. La Fiscalía, sin embargo, sospecha que su posición en la estructura del Ministerio le permitió actuar como posible correa de transmisión entre el entonces ministro y los entes adjudicadores.
En sus declaraciones anteriores ante los jueces, Gómez ha sostenido que únicamente revisó de forma superficial la oferta de la empresa Soluciones de Gestión, sin entrar en mayor profundidad en su contenido técnico o económico. Explicó que se limitó a remitir la propuesta a los órganos de contratación competentes, en este caso Puertos del Estado y Adif, que eran los encargados finales de analizar la viabilidad de la operación y de decidir sobre la adjudicación. En la Audiencia Nacional añadió que fue Koldo García quien le hizo llegar esa oferta, detalle que sitúa al exasesor como pieza importante en la cadena de decisiones.
Destacan dos adjudicaciones concretas
Entre las operaciones bajo escrutinio destacan dos adjudicaciones concretas aprobadas en los primeros compases de la pandemia. La primera fue acordada por Puertos del Estado el 21 de marzo de 2020 a favor de Soluciones de Gestión, por un importe de 24,2 millones de euros. Seis días después, Adif adjudicó a la misma empresa otro contrato de suministro de mascarillas por 12,5 millones de euros.
Estas cifras ilustran el volumen económico de unas compras realizadas en un momento de gran tensión en los suministros sanitarios y que ahora se analizan para determinar si se ajustaron o no a la legalidad.
Además de la declaración de Gómez, la sesión cuenta con otros testigos llamados a aclarar cómo se tomaron las decisiones dentro de los organismos implicados. Comparece el que fuera director general de gestión de personas de Adif, Michaux Miranda, también investigado en la Audiencia Nacional. Este directivo declaró que fue la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, quien le proporcionó el nombre de la sociedad a la que finalmente se adjudicó uno de los contratos de mascarillas. Al mismo tiempo, defendió la corrección de la adjudicación a Soluciones de Gestión, insistiendo en que se actuó conforme a los procedimientos que se seguían en ese momento.
Entre los testigos previstos figuran igualmente el exjefe de gabinete de Salvador Illa cuando era ministro de Sanidad y actual secretario de Estado de Política Territorial, Víctor Francos, así como varios trabajadores del Ministerio de Transportes durante la etapa de Ábalos. Sus testimonios se consideran relevantes para reconstruir la cadena de comunicaciones entre distintos departamentos y precisar cómo se canalizaron las ofertas en un contexto de compras urgentes.
En esta jornada no acudirá finalmente al Tribunal Supremo el director general de la Policía, Francisco Pardo. Aunque estaba citado a declarar, la defensa de Koldo García, que fue quien propuso su testimonio, renunció esta misma semana a su comparecencia. La retirada de esta testifical reduce el número de altos cargos llamados a declarar en este tramo del juicio, aunque el tribunal mantiene el foco en las piezas centrales del caso: la tramitación de los contratos, el papel de cada responsable político y técnico y la eventual existencia de comisiones ilegales ligadas a las adjudicaciones de mascarillas.
