La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación sobre la alcaldesa de València, María José Catalá; la presidenta del Puerto de València, Mar Chao; y otros cargos públicos y trabajadores por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en relación con supuestos procesos irregulares de colocación de personal.
La investigación incluye también a las concejalas Paula Llobet y Rocío Gil, así como a cuatro trabajadores públicos: Esther Pérez, Manuela Gras, Alicia Gimeno y Enrique Móner. Las diligencias se abren tras una denuncia en la que se apuntaba a una posible coordinación entre distintas instituciones para favorecer la recolocación de determinados perfiles.
El foco se sitúa en procesos de 2024
El núcleo de la investigación se centra en una secuencia de decisiones administrativas adoptadas en la primavera de 2024, cuando el Consorcio Valencia 2007 se encontraba en proceso de liquidación. Según la denuncia, en ese contexto se activaron de forma casi simultánea varios procesos selectivos en el Ayuntamiento de València, fundaciones municipales y la Autoridad Portuaria que habrían permitido recolocar a personal procedente de ese organismo.
Entre los elementos incorporados al caso figuran actas notariales de extrabajadores del Consorcio que afirmaban que dos plazas del Puerto ya estaban asignadas de facto antes de resolverse los concursos. Posteriormente, esas plazas fueron adjudicadas a dos de las personas señaladas en esa documentación.
Posibles vulneraciones de igualdad, mérito y capacidad
La denuncia también incorpora un informe de la Intervención General de la Administración del Estado que advertía de posibles vulneraciones de los principios de igualdad, mérito y capacidad en procesos selectivos del Puerto. Ese informe es uno de los elementos que forman parte de las diligencias abiertas por Anticorrupción.
Compromís sostuvo al presentar la denuncia que existió una «subrogación encubierta» de trabajadores hacia otras instituciones públicas mediante convocatorias casi idénticas y activadas en fechas próximas. La Fiscalía investiga ahora si esos hechos pueden encajar en ilícitos penales o si respondieron a decisiones administrativas ajustadas a derecho.
