Catalá sostiene la legalidad del Ayuntamiento tras la apertura de diligencias por prevaricación

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María José Catalá asegura que la investigación de la Fiscalía Anticorrupción por presunta prevaricación y tráfico de influencias es un trámite habitual y defiende la transparencia en la recolocación de personal del extinto Consorcio Valencia 2007.

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha defendido la legalidad de la actuación del Ayuntamiento después de conocerse que la Fiscalía Anticorrupción la investiga por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en procesos de colocación de personal. La responsable municipal sostiene que la intervención de Anticorrupción responde a un trámite habitual que se desarrolla con absoluta normalidad cuando se presenta una denuncia.

Catalá ha explicado ante los medios que la Fiscalía siempre abre diligencias de investigación tras recibir una denuncia formal. En este caso, la actuación llega después de que Compromís haya puesto en conocimiento del Ministerio Público sus sospechas sobre la recolocación de personal del extinto Consorcio Valencia 2007. La alcaldesa ha insistido en que, en el ámbito del Ayuntamiento de València, el procedimiento seguido ha sido totalmente transparente.

Foco en la recolocación de personal del Consorcio Valencia 2007

Según ha precisado, el asunto que afecta al Ayuntamiento se limita al caso de un trabajador del antiguo Consorcio Valencia 2007 que pasó a integrarse en la Fundación Visit València. Catalá subraya que no se trata de una recolocación masiva dentro del consistorio, sino de una única plaza vinculada a esta entidad del sector turístico.

La Fundación Visit València es una organización sin ánimo de lucro en la que participan el Ayuntamiento de València, la Cámara de Comercio, Feria Valencia, la Confederación Empresarial Valenciana, Turisme Comunitat Valenciana, la Diputación provincial y diversas empresas del sector turístico. Su composición pone en común a instituciones públicas y representantes empresariales para coordinar la promoción de la ciudad como destino.

Auxiliar administrativo procedimiento concurso oposición

Catalá ha detallado que el empleado afectado trabajaba en el Consorcio Valencia 2007 como auxiliar administrativo y que había accedido a ese puesto mediante un procedimiento de concurso oposición. A su juicio, el hecho de que el trabajador hubiera superado un proceso selectivo previo garantiza que cumple los requisitos de mérito y capacidad, por lo que considera legítimo que optara a la plaza en la fundación.

La alcaldesa ha defendido que, en el caso de la Fundación Visit València, también se siguió un procedimiento que califica de transparente para cubrir la plaza. Según su versión, el trabajador accedió a ese puesto a través de un proceso reglado, lo que, sostiene, aleja la sospecha de adjudicaciones discrecionales o tratos de favor en la recolocación.

Catalá ha enmarcado la situación en la disolución y liquidación del Consorcio Valencia 2007, una entidad creada para gestionar las dos ediciones de la Copa del América de vela celebradas en la ciudad. Al cerrarse el organismo, surgió la necesidad de reubicar a la plantilla, y en ese contexto se plantearon distintas opciones para evitar despidos entre el personal que había accedido mediante procesos selectivos.

Compromís

Según ha recordado, fueron los concejales de Compromís quienes promovieron en su momento una moción en el pleno del Ayuntamiento para evitar los ceses del personal del consorcio. De acuerdo con la alcaldesa, esa iniciativa instaba a buscar soluciones para recolocar a los once trabajadores en distintas administraciones públicas, con el objetivo de preservar sus empleos y aprovechar su experiencia acumulada.

Catalá ha remarcado que el mismo grupo que ahora ha llevado el asunto a Fiscalía pedía entonces que se reasignara a esos empleados, incluso con mecanismos que ella describe como asignaciones a dedo. En su opinión, existe una contradicción entre la posición que Compromís mantuvo en el pleno municipal y la denuncia actual, centrada precisamente en los procedimientos de recolocación.

La alcaldesa insiste en que la apertura de diligencias por parte de Anticorrupción no implica por sí misma la existencia de un delito, sino que forma parte del funcionamiento ordinario del Ministerio Público cuando recibe una denuncia. Por ello, afirma afrontar el proceso con tranquilidad y defiende que el Ayuntamiento ha actuado dentro de la legalidad y con criterios de transparencia en la gestión del personal procedente del Consorcio Valencia 2007.


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