La futura ley forestal de la Comunitat Valenciana abrirá la puerta a compensar económicamente a los propietarios de parcelas privadas que desarrollen trabajos de mantenimiento y gestión sostenible en sus montes, dentro de un modelo de pago por servicios ambientales que busca reforzar la conservación del territorio.
El anuncio lo ha realizado el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, durante la presentación de CERTIVAL, la Entidad Solicitante de la Certificación Forestal Regional PEFC de la Comunitat Valenciana.
Remunerar la prevención y el cuidado del monte
La norma, todavía en fase de tramitación, pretende avanzar hacia un sistema en el que quienes mantengan una gestión forestal sostenible puedan recibir una compensación por los beneficios que generan al conjunto de la sociedad.
Entre esos beneficios figuran funciones como la captura de carbono, la regulación del agua, la conservación de la biodiversidad o la prevención de incendios forestales. Según se ha explicado, la intención de la Generalitat es corregir el hecho de que estos servicios no tengan hoy un reconocimiento económico real en el mercado.
Desde la Conselleria se considera que este cambio puede resultar decisivo para implicar a la propiedad privada en la protección del territorio, especialmente en una autonomía donde más de la mitad de la superficie tiene carácter forestal.
Impulso a la certificación forestal
Este nuevo enfoque irá acompañado del impulso a la certificación forestal, con herramientas como CERTIVAL, que pretende facilitar el acceso de propietarios, gestores y empresas a un sistema que acredite que la gestión del monte se realiza de forma sostenible.
La Generalitat ha avanzado además que asumirá los costes del procedimiento de certificación y pondrá medios técnicos a disposición del sector para reducir barreras de acceso y extender este modelo acreditado de gestión forestal.
La iniciativa, impulsada junto a entidades como ASEMFO, CERTIFOR y AMUFOR CV, se plantea como una fórmula de colaboración público-privada para reforzar la gestión activa del monte, proteger el patrimonio natural y mejorar la capacidad de respuesta ante riesgos como incendios o episodios extremos de lluvia.
