El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha advertido de que el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes está generando un caos en muchos ayuntamientos por la falta de planificación del Gobierno central.
A su juicio, la iniciativa se ha puesto en marcha sin preparar los recursos necesarios en la administración local, que es la primera puerta de entrada para los trámites de empadronamiento, atención social y acompañamiento administrativo de las personas que buscan acogerse a esta medida.
Improvisar en un asunto especialmente sensible
Pérez Llorca ha enmarcado sus críticas en la gestión del Ejecutivo central, al que acusa de improvisar en un asunto especialmente sensible. Según ha señalado, la regularización es una muestra más de lo que considera una forma de gobernar sin previsión, con decisiones que se anuncian y aplican con rapidez pero sin un trabajo previo de coordinación con las comunidades autónomas y con los consistorios, que son quienes finalmente deben asumir la carga burocrática y los servicios vinculados a la llegada de nuevos residentes.
El dirigente valenciano sostiene que el proceso extraordinario debería haberse planteado con un enfoque europeo y compartido, abordando la política migratoria en paralelo con el resto de países de la Unión Europea.
Defiende que la inmigración es un desafío que no se puede gestionar de forma unilateral, porque afecta a movimientos de personas, a fronteras y a servicios públicos que trascienden a un solo Estado. En este sentido, considera que la actual estrategia del Gobierno central rompe la necesaria coordinación y deja a las administraciones territoriales ante una situación compleja sin herramientas suficientes.
Reforzar las políticas de apoyo y ayuda en los países de origen
Pérez Llorca ha insistido en que las soluciones de fondo a la inmigración pasan, en su opinión, por reforzar las políticas de apoyo y ayuda en los países de origen. Plantea que, si se mejora allí el acceso al empleo, a la educación y a los servicios básicos, se reduce la presión migratoria y se evita que tantas personas se vean obligadas a emprender un proyecto migratorio arriesgando su estabilidad y la de sus familias. Estas medidas, apunta, requieren acuerdos internacionales sólidos y financiación estable, no decisiones puntuales que puedan cambiar en función del calendario político.
Advertencia sobre servicios públicos
El president valenciano ha querido dejar claro que su postura no parte de una posición de rechazo hacia la inmigración. Ha subrayado que no se considera racista y que la cuestión, según su visión, no es de rechazo a las personas migrantes, sino de cómo se organizan los procesos para que sean sostenibles y no generen tensiones. Por eso rechaza lo que denomina improvisaciones del Gobierno de España, porque a su entender alimentan la sensación de desorden y alimentan debates polarizados en la sociedad.
En este contexto, Pérez Llorca alerta de que la regularización extraordinaria puede provocar un efecto llamada, de forma similar a lo que cree que ocurrió en el pasado con otras decisiones en materia migratoria. Temen que la percepción de facilidades administrativas anime a más personas a emprender el viaje sin garantías reales de integración, lo que añade presión a los territorios receptores.
Saturación servicios esenciales como el sistema sanitario y las políticas sociales
El president vincula este efecto llamada con el riesgo de saturación de servicios esenciales como el sistema sanitario y las políticas sociales. Considera que, si se incrementa con rapidez el número de personas usuarias sin un aumento proporcional de recursos, podría resentirse la calidad de la atención tanto para la población ya residente como para quienes llegan. Por ello reclama más rigor y sentido común en la planificación, con estudios previos de impacto, refuerzo de plantillas y presupuesto suficiente antes de poner en marcha cualquier regularización.
En su intervención, Pérez Llorca concluye que al Gobierno de España le han faltado precisamente esa previsión y ese sentido común. Asegura que, mientras no se corrija esta forma de tomar decisiones, los ayuntamientos seguirán asumiendo una carga creciente en primera línea, con trabajadores sociales, personal administrativo y servicios municipales al límite, y con alcaldes que deben explicar a sus vecinos medidas que no han participado en diseñar ni en planificar.
