La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha reclamado la implicación conjunta de administraciones públicas, entidades financieras y sector privado para hacer frente al problema del acceso a la vivienda, que ha definido como uno de los grandes retos que afrontan actualmente las familias.
Así lo ha defendido durante la clausura de la jornada ‘Acceso a la vivienda y su impacto en las familias’, organizada por la Asociación de Familias de la Comunitat Valenciana Family UP, un encuentro en el que se han dado cita expertos del ámbito académico, institucional, empresarial y financiero para analizar soluciones ante esta problemática.
Críticas al Plan Estatal de Vivienda
Durante su intervención, Camarero ha insistido en que hacen falta coordinación, compromiso compartido y un marco estable con financiación suficiente y criterios ajustados a la realidad de cada territorio. En este contexto, ha criticado que el Plan Estatal de Vivienda haya sido aprobado, según ha sostenido, con retraso y sin consenso con las comunidades autónomas.
La vicepresidenta ha advertido de que esta situación ha dificultado la planificación autonómica y ha puesto en riesgo ayudas de vivienda que el pasado año alcanzaron a más de 15.000 familias valencianas. Además, ha censurado que el nuevo plan traslade un mayor esfuerzo presupuestario a las autonomías, al reducir la aportación estatal del 70 % al 60 % y elevar la autonómica hasta el 40 %.
También ha reprochado al Gobierno central que no haya impulsado medidas fiscales como la reducción o eliminación del IVA para la compra de la primera vivienda o una bajada de impuestos, y ha denunciado un aumento de la rigidez y la burocracia en la gestión de las ayudas.
El Consell reivindica su modelo propio
Frente a ello, Camarero ha defendido las políticas impulsadas por el Consell, que ha presentado como un modelo basado en medidas inmediatas y planificación a largo plazo. Entre ellas ha destacado el Plan Vive Comunitat Valenciana, con el que la Generalitat prevé construir más de 10.000 viviendas de protección pública durante la legislatura.
Según ha expuesto, ya se han impulsado más de 4.500 viviendas, con una movilización de inversión superior a los 1.000 millones de euros y con un alcance estimado sobre más de 15.000 personas. La vicepresidenta ha subrayado que este modelo se apoya en la movilización de suelo, la colaboración público-privada, la simplificación normativa y el impulso decidido a la vivienda protegida, y ha señalado que ya se han adherido 319 municipios.
Ayudas, jóvenes y acceso a la primera vivienda
La consellera también ha repasado otras medidas económicas puestas en marcha por la Generalitat, como la reducción del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales del 8 % al 6 % para menores de 35 años y viviendas de protección pública, una medida que, según ha indicado, ya ha beneficiado a cerca de 29.000 personas.
A ello ha sumado los avales del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), que han permitido a 3.200 jóvenes acceder a su primera vivienda mediante avales por valor de 33 millones de euros. Asimismo, ha resaltado el refuerzo de las ayudas al alquiler, con más de 150 millones de euros destinados a 41.788 personas, así como el Bono Alquiler Joven, que ha beneficiado a más de 10.000 jóvenes en la Comunitat Valenciana.
Vivienda industrializada y nuevo decreto VPP
Camarero también se ha referido al Plan Renhata, dotado con seis millones de euros, orientado a mejorar la calidad, accesibilidad y adecuación de viviendas, y ha puesto el foco en la apuesta de la Generalitat por la vivienda industrializada como fórmula para ofrecer respuestas más rápidas.
En este sentido, ha explicado que a través del Plan Vive Dana se están impulsando proyectos en municipios como Albal, Utiel y Torrent, con una inversión inicial superior a 21 millones de euros para la construcción de cerca de 250 viviendas industrializadas.
Por último, ha destacado el nuevo decreto de Viviendas de Protección Oficial (VPP), que, según ha defendido, simplifica trámites, refuerza la seguridad jurídica y facilita la promoción de vivienda protegida, además de reservar el 40 % de estas viviendas para jóvenes y familias monoparentales y garantizar la protección permanente de la vivienda pública.
