La Generalitat lleva las 35 horas a las mesas de Sanidad, Educación, Justicia y Función Pública

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La Administración autonómica estudiará la aplicación de la nueva jornada desde 2027 con informes de coste y criterios de viabilidad económica

La Generalitat va a trasladar a las mesas sectoriales de Sanidad, Educación, Justicia y Función Pública la negociación para implantar en el futuro la jornada de 35 horas semanales en la Administración valenciana. El calendario con el que trabaja el Consell sitúa el inicio de su aplicación a partir del 1 de enero de 2027, siempre sujeto a la disponibilidad presupuestaria.

La medida se ha tratado este viernes en la Mesa General de Negociación de personal funcionario, estatutario y laboral, reunida por la Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública mediante la Dirección General de Función Pública.

El encuentro ha estado presidido por el conseller José Antonio Rovira. También han participado el secretario autonómico de Hacienda y Financiación, Eusebio Monzó; la secretaria autonómica de Administración Pública, Eva Palomares; el director general de Función Pública, Vicente Serra; y la directora general de Presupuestos, Amparo Haro.

El debate sectorial de las 35 horas

La Mesa General ha incluido como tercer punto del orden del día la propuesta de instar a cada ámbito sectorial a negociar la aplicación de las 35 horas y las adaptaciones necesarias conforme al Acuerdo para la XI Legislatura.

Con este paso, la negociación se desarrollará ahora en los espacios específicos de Sanidad, Educación, Justicia y Función Pública. La Generalitat sostiene que lleva meses elaborando informes para determinar el impacto económico de reducir la jornada laboral a 35 horas semanales.

Desde Hacienda señalan que cualquier decisión “será serio y riguroso, sustentando en la posibilidad de llevarse a cabo según la viabilidad presupuestaria y la disponibilidad de recursos”.

El impacto en las cuentas públicas

La Conselleria subraya que la aplicación de esta medida debe respetar el carácter limitativo del crédito presupuestario. También recuerda que la Generalitat está obligada a cumplir la Regla de Gasto fijada por el Gobierno de España y por la Unión Europea.

Los márgenes de crecimiento del gasto se sitúan en el 3,5 % para 2026, el 3,4 % para 2027 y el 3,2 % para 2028. A este escenario se suma el aumento del gasto de personal derivado de los acuerdos salariales estatales.

Según Hacienda, esos acuerdos implican una subida acumulada del 6,5 %, distribuida en un 2,5 % en 2025, otro 2,5 % consolidable en 2026 y un 1,5 % adicional en 2026. El impacto estimado alcanza los 611 millones de euros. Para 2027, además, se prevé un nuevo incremento del 5 %.

Una plantilla de más de 160.000 puestos

La Generalitat destaca que su plantilla ha crecido de forma notable en los últimos años. En concreto, ha pasado de 135.016 puestos en 2021 a 160.198 en 2025, lo que representa 25.154 efectivos más y un incremento del 18,63 %.

Este crecimiento sitúa el Capítulo I por encima de los 9.300 millones de euros, una cifra que supera el 31 % del presupuesto total de la Generalitat.

Desde Hacienda también recuerdan que la Comunitat Valenciana mantiene una situación de infrafinanciación desde hace años. Por ello, consideran que la semana de 35 horas supone “un esfuerzo añadido más” y vuelven a reclamar un fondo de nivelación transitorio.

La Conselleria ha señalado, además, que el anterior Gobierno valenciano “hizo una promesa en el ámbito de Sanidad imposible de ejecutar al carecer de soporte presupuestario, razón por la que la Abogacía de la Generalitat declaró nulo el acuerdo”.

Medidas contra la brecha salarial

La reunión también ha abordado la distribución del Programa temporal de lucha contra la brecha salarial y racionalización y mejora de la clasificación de puestos para los ejercicios 2025 y 2026.

El presupuesto contempla 14 millones de euros para esta iniciativa dentro del Capítulo I. La dotación se reparte en 7 millones de euros para 2025 y 7 millones para 2026.

Por sectores, y en función del número de personas empleadas, corresponden hasta 5,58 millones de euros a Sanidad, hasta 4,15 millones a Educación, hasta 520.000 euros a Justicia y hasta 3,75 millones a Función Pública.


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