La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por el Gobierno de Castilla-La Mancha contra el Ejecutivo central por la inacción del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a la hora de modificar las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.
El presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, explicó que el recurso se dirigía precisamente contra el retraso en adaptar esas normas a los planes hidrológicos en vigor, que a su juicio obligan a actualizar el sistema de trasvases desde el Tajo hacia la cuenca del Segura. Para el Ejecutivo autonómico, resulta absolutamente inadmisible que el Gobierno de España mantenga unas reglas que considera desfasadas cuando el marco legal ya ha cambiado y existen resoluciones judiciales claras al respecto.
Sentencias del Supremo y caudales ecológicos del Tajo
García-Page recordó que el Tribunal Supremo se ha pronunciado en varias sentencias en la línea de la posición defendida por Castilla-La Mancha. En esas resoluciones, el alto tribunal señala que las actuales normas de explotación no respetan de forma adecuada los caudales ecológicos del río Tajo, es decir, el volumen mínimo de agua que debe mantenerse en el cauce para garantizar la salud del ecosistema y el equilibrio entre usos ambientales, urbanos y agrícolas.
La Junta reclama que el Gobierno central adapte de manera expresa las reglas del trasvase a lo dispuesto por estas sentencias, incorporando los caudales ecológicos como elemento vinculante y no como una referencia secundaria. Según el Ejecutivo autonómico, mientras no se actualicen las normas, se perpetúa una situación que el propio Supremo ha cuestionado y que, en su opinión, perjudica al río Tajo y a los territorios que dependen de él aguas arriba.
El presidente regional señaló que le produce tristeza tener que llegar a este extremo, pero remarcó que como responsable del Gobierno castellanomanchego no está dispuesto a conformarse con el mero lamento. Admitió que puede sorprender que un presidente del PSOE decida pleitear con un Gobierno de España también socialista, pero insistió en que el Ejecutivo autonómico está para defender los intereses de la tierra, con independencia de quién esté al frente del Ejecutivo central.
En esta línea, subrayó que los gobiernos deben retratarse y ser sinceros ante la ciudadanía, y reiteró que la prioridad de su gabinete es la defensa de Castilla-La Mancha, esté quien esté en el Gobierno de España. Para García-Page, esta postura implica utilizar todas las vías legales disponibles cuando considera que no se están cumpliendo los compromisos adquiridos o las obligaciones que emanan de la legislación y de las resoluciones judiciales.
El contexto judicial del trasvase
La admisión a trámite del recurso castellanomanchego llega en una semana marcada por nuevas decisiones del Tribunal Supremo sobre el trasvase Tajo-Segura. El alto tribunal ha inadmitido recientemente el recurso presentado por la Diputación de Alicante contra las nuevas reglas de explotación, y está pendiente de pronunciarse el 5 de mayo sobre el recurso elevado por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS).
El Gobierno central había condicionado la modificación de las normas de explotación a conocer precisamente la decisión del Supremo sobre el recurso de SCRATS, que es el último que queda por resolverse en esta serie de procedimientos. García-Page subrayó que hasta ahora todas las sentencias se han pronunciado a favor de los planteamientos de Castilla-La Mancha, y lamentó lo que califica como inactividad del Ejecutivo estatal pese a haber ganado en los tribunales.
En su valoración, esta nueva demanda duele especialmente porque entiende que se está incumpliendo la palabra dada, tanto la recogida en el Boletín Oficial como la que, según afirmó, le han trasladado personalmente numerosos responsables públicos. A su juicio, se había asumido el compromiso de adaptar las reglas de explotación a las nuevas exigencias legales y a los fallos del Supremo, por lo que interpreta que la falta de avances supone un incumplimiento de esos compromisos.
García-Page consideró que la gestión hidráulica en España está muy lejos de estar a la altura del país y confió en que, tras la admisión a trámite del recurso, el Gobierno se vea obligado simplemente a cumplir. Concluyó que es tristísimo ganar sentencias y tener que seguir acudiendo a los tribunales para que se ejecuten, pero defendió que su responsabilidad es insistir hasta que se respeten las decisiones judiciales y se actualicen definitivamente las reglas del trasvase Tajo-Segura.
