La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ha suspendido el juicio que iba a celebrarse contra el exalcalde de Quartell y exvicepresidente de la Diputación de Valencia, Francisco Huguet, el exconcejal Emilio Máñez y el empresario Vicente Huerta, entre otros, tras la aportación de nuevos informes periciales por parte de las defensas.
Este procedimiento se enmarca en el conocido caso Avialsa o cartel del fuego
Este procedimiento se enmarca en una de las ramas del conocido como caso Avialsa o cartel del fuego, centrada en operaciones urbanísticas supuestamente fraudulentas realizadas entre 2005 y 2016.
En esta pieza se analiza la relación entre decisiones urbanísticas de responsables públicos y beneficios obtenidos por un grupo empresarial, en un contexto de presunta corrupción ligada al uso del suelo y a la gestión de patrimonio municipal.
Según la Fiscalía, los dos responsables públicos habrían recibido diversas contraprestaciones por su actuación presuntamente delictiva. Entre ellas se detallan rebajas en la compra de terrenos, fincas y viviendas, así como el uso de vehículos de alta gama. Estos beneficios se consideran presuntamente vinculados a decisiones adoptadas desde sus cargos, lo que para el Ministerio Público encajaría en un esquema de cohecho y aprovechamiento ilícito de su posición institucional.
La suspensión del juicio se ha producido después de que la defensa de Huguet presentara un informe pericial de carácter económico-administrativo con el que pretende contradecir un dictamen previo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Este nuevo documento cuestiona la base técnica sobre la que se apoyaba parte de la acusación, lo que ha llevado a la Fiscalía Anticorrupción, que inicialmente se opuso a su admisión, a solicitar de forma subsidiaria la suspensión de la vista para disponer de tiempo suficiente para analizar la nueva prueba.
Nuevas pruebas y testigos en la causa
El tribunal ha admitido el informe pericial presentado por la defensa y ha acordado la suspensión del juicio hasta nueva fecha, con el fin de que todas las partes puedan estudiar con detalle la documentación incorporada. Esta decisión implica que el inicio del juicio se retrasa y que la estrategia de acusaciones y defensas puede reorientarse en función de las conclusiones que se extraigan de los nuevos informes.
Además, a petición de la acusación particular que ejerce el Ayuntamiento de Quartell, la Sala ha acordado la citación de la actual alcaldesa del municipio, Cristina Marqués, en calidad de testigo. Su declaración se considera relevante para aclarar las repercusiones de las decisiones urbanísticas cuestionadas sobre el municipio y para aportar una visión institucional desde la actual corporación local.
Rechazo incorporar a la causa sentencia dictada en 2024
Por el contrario, la Sala ha rechazado incorporar a esta causa la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en 2024 contra el empresario Vicente Huerta, condenado entonces a tres años y cinco meses de prisión por pactar precios y sobornar a cargos públicos para obtener contratos de medios aéreos para la extinción de incendios en España. El tribunal entiende que esa resolución corresponde a otro procedimiento y que su incorporación podría desviar el foco del juicio actual, centrado en hechos urbanísticos concretos.
Antes de 30 días, según ha indicado la presidenta del tribunal, se celebrará una nueva vista para que las partes planteen las cuestiones previas que puedan surgir tras el estudio de los informes añadidos. Esta comparecencia servirá para ordenar de nuevo el desarrollo del juicio y para que Fiscalía, acusaciones y defensas aclaren qué pruebas mantienen, qué nuevas peticiones formulan y si plantean incidentes de nulidad o de exclusión de determinados documentos. La fecha concreta para retomar el juicio deberá fijarse posteriormente, una vez superada esta fase previa.
En este procedimiento, la Fiscalía Anticorrupción solicita penas de entre siete y 22 años y medio de prisión para los diez acusados por delitos continuados de cohecho, falsedad documental, prevaricación administrativa, blanqueo de capitales y frustración de la ejecución. El alcance de las penas refleja la gravedad que el Ministerio Público atribuye a la supuesta red de decisiones irregulares, al falseamiento de documentos y al manejo opaco de fondos derivados de las operaciones inmobiliarias.
En concreto, la acusación reclama 22 años y medio de prisión para Emilio Máñez: 2 años por falsedad, 7 por prevaricación, 4 por cohecho, 5 años y 6 meses adicionales por cohecho y 4 años por frustración de la ejecución. Para Francisco Huguet pide 16 años y medio de cárcel, repartidos en 7 años por prevaricación, 4 por cohecho y 5 años y 6 meses por blanqueo de capitales. En el caso de Vicente Huerta, la solicitud se eleva a 7 años de prisión, con 3 años por falsedad y 4 por cohecho.
El Ministerio Público sostiene en su escrito que Huerta, como presidente del holding empresarial Avialsa, se habría valido de la capacidad de influencia y decisión de Huguet y Máñez para lograr la adjudicación de terrenos municipales destinados a operaciones urbanísticas en municipios de la comarca del Camp de Morvedre, especialmente en Alfara de Algimia y Quartell. Para la Fiscalía, esta relación entre empresa y responsables públicos habría permitido dirigir decisiones de planeamiento y patrimonio municipal hacia proyectos que beneficiaban al grupo empresarial.
Sin embargo, el Ministerio Público sostiene igualmente que el procesado no pretendía ejecutar directamente los proyectos urbanísticos, sino ceder esa ejecución a otras mercantiles, lo que encajaría en un modelo de negocio basado en intermediar con esos suelos y operaciones. De este modo, Avialsa y su entorno habrían actuado como impulsores de determinados desarrollos urbanísticos para después transferir su realización a otras empresas, conservando los beneficios derivados de las adjudicaciones iniciales.
Plano económico
En el plano económico, la Fiscalía solicita en su escrito de acusación indemnizaciones a favor del Ayuntamiento de Quartell que suman en conjunto casi 700.000 euros. Esa cifra se vincula al perjuicio que el Ministerio Público considera que sufrió la administración local por las decisiones supuestamente irregulares y por las oportunidades económicas que se habrían desviado del interés general.
Antecedentes de condena de Francisco Huguet
En paralelo a esta causa, el historial judicial de Huguet incluye una condena firme desde mayo de 2022 a dos años y medio de prisión como cooperador necesario de un delito continuado de prevaricación y malversación de caudales públicos. Esa sentencia se dictó en relación con la contratación simulada por la empresa pública Imelsa, posteriormente rebautizada como Divalterra, de su concejal Emilio Máñez como coordinador de Brigada Forestal. En aquel caso, la Justicia apreció un uso indebido de recursos públicos mediante un puesto que no respondía a una necesidad real de la administración.
Máñez, por su parte, había sido contratado previamente como asesor del grupo popular de la Diputación de Valencia entre 1999 y 2003, periodo en el que ejerció también como asesor del entonces alcalde de Quartell y diputado provincial. Estos antecedentes ayudan a contextualizar las relaciones políticas y profesionales entre los principales acusados y explican por qué la Fiscalía observa una continuidad en los vínculos que ahora se investigan en el marco del caso Avialsa.
