Muñoz ha realizado estas acusaciones durante la sesión de control parlamentario al Consell, el principal espacio semanal de fiscalización al Gobierno en Les Corts. En ese contexto ha mostrado un correo electrónico que, según ha indicado, estaría firmado por el director general de Atención Primaria. En el mensaje, ha detallado, se ordenaría que no se emitan certificados desde la sanidad pública a las personas inmigrantes que quieren regularizar su situación en España.
Impacto en los expedientes de regularización y “racismo institucional”
Para el síndic socialista, este tipo de indicaciones internas tendría un impacto directo en el proceso de regularización, ya que muchos expedientes requieren documentos emitidos por la red pública de salud para acreditar la residencia o el arraigo. A su entender, impedir la expedición de estos certificados supone levantar una barrera administrativa añadida a personas que ya se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, al depender de esos informes para avanzar en sus solicitudes.
Muñoz ha calificado esta actuación de racismo institucional, al considerar que se estaría utilizando el funcionamiento ordinario de la administración para discriminar a un colectivo concreto. Según su planteamiento, si se confirma la existencia de estas órdenes, se trataría de instrucciones dirigidas específicamente contra personas inmigrantes que buscan regularizar su situación, y no de un cambio general en la emisión de certificados médicos o administrativos.
Respuesta del Consell y negativa de instrucciones
Ante estas acusaciones, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha negado de forma tajante que exista ninguna instrucción en la línea descrita por el PSPV. Ha asegurado que no hay ninguna instrucción ni circular que ordene a los centros de salud dejar de emitir certificados a personas migrantes que desean acogerse al proceso de regularización.
Pérez Llorca ha emplazado además a Muñoz a llevar el asunto a los tribunales si lo considera oportuno, al insistir en que la documentación oficial del Consell no respalda las acusaciones vertidas en el pleno. Según ha afirmado, cualquier revisión de las circulares demostraría que recogen indicaciones completamente contrarias a las descritas por el síndic socialista, lo que, a su juicio, evidenciaría que la versión defendida por el Gobierno valenciano se ajusta a la realidad.
El cruce de acusaciones deja ahora en manos de la Fiscalía la posible apertura de una investigación sobre el contenido y el alcance del correo electrónico al que se ha referido el PSPV, así como sobre la existencia o no de órdenes que afecten al acceso de las personas migrantes a certificados necesarios en su proceso de regularización.
