La Policía Nacional ha detenido en València a una mujer y a un hombre, de 44 y 50 años, como presuntos responsables de un delito de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzado, al haber obligado supuestamente a su hija de 16 años a casarse en su país de origen en contra de su voluntad.
La investigación se inició a raíz del aviso de los responsables del centro educativo al que asistía la menor. El personal del instituto tuvo conocimiento de que los progenitores planeaban enviarla a su país natal para que contrajera matrimonio con un hombre elegido por la familia, pese a la negativa de la adolescente, y decidió trasladar la situación a la Policía ante el riesgo evidente para la joven.
Tras recibir la información, agentes de la UCRIF de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de València llevaron a cabo las primeras comprobaciones. Los policías contrastaron los datos facilitados por el centro, verificaron la veracidad de los hechos y dieron traslado inmediato de la situación a la Fiscalía de Menores, al tratarse de una posible víctima de trata y de violencia en el ámbito familiar.
Control y aislamiento de la menor
En el curso de las pesquisas, los investigadores averiguaron que los padres mantenían a la joven en una situación de fuerte control dentro del domicilio familiar. Según las indagaciones, le prohibían relacionarse con otras personas y apenas le permitían salir de casa, salvo para acudir al instituto donde cursaba sus estudios, lo que incrementaba su aislamiento social y su dependencia del núcleo familiar.
Los agentes también constataron que a la adolescente le habían retirado el teléfono móvil, privándola de uno de los pocos medios de comunicación y contacto exterior que podía tener. Además, la investigación recoge que en alguna ocasión la menor habría sido agredida, lo que agravaba su situación de vulnerabilidad y presión para aceptar el matrimonio impuesto.
Ante la perspectiva de ser enviada a su país natal para contraer matrimonio con un hombre con el que sus padres habrían pactado el enlace, la joven decidió pedir ayuda. La menor explicó su situación a los responsables de su centro educativo, lo que permitió activar los mecanismos de protección previstos para estos casos y dio pie a la actuación policial.
Una vez que la Fiscalía de Menores tuvo conocimiento del caso, se dispuso la intervención de los Servicios Sociales para garantizar la protección de la víctima. La menor fue puesta bajo amparo institucional, con el objetivo de alejarla del entorno familiar que presuntamente la sometía a presiones y evitar que se consumara el viaje y el matrimonio forzado.
Con la adolescente ya protegida, los agentes procedieron a identificar, localizar y detener a los progenitores como presuntos autores de un delito de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzado. Este tipo de delito recoge, entre otros supuestos, la captación o utilización de personas, especialmente menores, para obligarlas a casarse en contra de su voluntad, aprovechando su situación de especial vulnerabilidad.
Tras su arresto, los detenidos fueron puestos a disposición judicial. Posteriormente quedaron en libertad, aunque el juzgado decretó una orden de alejamiento respecto a la menor. Esta medida cautelar busca impedir cualquier contacto directo o indirecto de los padres con la joven mientras continúan las diligencias, y pretende garantizar que la víctima pueda permanecer en un entorno seguro mientras avanza el procedimiento judicial.
