La Comunitat Valenciana es la autonomía con más solicitudes registradas en el fondo estatal de compensación para víctimas del amianto, con 100 expedientes tramitados. Pese a ello, únicamente se han aprobado 19 indemnizaciones, según los datos difundidos por CCOO, UGT y Fedavica.
En toda España se han contabilizado 323 solicitudes, aunque solo 82 expedientes han recibido el visto bueno de la administración, lo que deja el porcentaje de aprobaciones en torno al 25 %.
Las organizaciones de víctimas y los sindicatos consideran que el actual reglamento limita de forma excesiva el acceso a las ayudas. Según explican, muchos afectados quedan excluidos por no tener reconocida una contingencia profesional o por haber sufrido exposición ambiental o doméstica al amianto.
Reclamaciones ante el Ministerio
Representantes sindicales y asociaciones mantuvieron una reunión a finales de abril con el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, para exigir modificaciones en el funcionamiento del fondo.
Entre las principales reclamaciones figuran el aumento de las cuantías económicas, la ampliación de los colectivos beneficiarios y la eliminación de la tributación de las ayudas.
Las organizaciones esperan avances en la reunión prevista para el próximo 10 de junio y no descartan convocar protestas si no se producen cambios.
La secretaria de Salud Laboral de UGT, Patricia Ruiz, recuerda que la ley que creó el fondo se aprobó en 2022 y denuncia el retraso acumulado hasta la entrada en vigor del reglamento.
Cuantías y enfermedades reconocidas
Las indemnizaciones actuales oscilan entre los 32.000 euros previstos para casos de asbestosis y los 96.621 euros fijados para personas diagnosticadas de mesotelioma. También se contemplan compensaciones para cáncer de pulmón y cáncer de laringe.
Sindicatos y víctimas sostienen que estas cantidades son inferiores a las fijadas por numerosos tribunales. Como ejemplo, citan una reciente sentencia del juzgado de lo Social de Bilbao que reconoció más de 663.000 euros a la familia de un trabajador fallecido tras retirar amianto.
Además, denuncian una diferencia territorial en materia fiscal, ya que las indemnizaciones solo están exentas de impuestos en País Vasco y Navarra.
Junto a la Comunitat Valenciana, el País Vasco es la otra comunidad con mayor número de solicitudes, con 85 expedientes registrados y 37 indemnizaciones aprobadas.
