La jueza que instruye la causa penal sobre la gestión de la DANA ha reclamado de nuevo al servicio 112 de la Generalitat la grabación de las llamadas que el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, realizó al teléfono único de emergencias el 29 de octubre de 2024, jornada en la que se produjeron graves inundaciones.
La magistrada ya había acordado el 8 de mayo solicitar al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat la llamada efectuada por el alcalde de Utiel en torno a las 14:30 horas del día de las inundaciones. Esa primera petición se produjo tras la declaración de Gabaldón como testigo en los juzgados de Catarroja, donde detalló su contacto con los servicios de emergencia durante el episodio de lluvias torrenciales.
En una nueva providencia hecha pública por el Tribunal Superior de Justicia valenciano, la jueza Nuria Ruiz Tobarra reitera la importancia de estas comunicaciones para esclarecer cómo se gestionó la emergencia. La insistencia en obtener las grabaciones refleja que, a día de hoy, el juzgado aún no dispone de ese material o considera que la información recibida no es completa, lo que puede resultar clave para reconstruir la cronología y el contenido de los avisos institucionales.
Llamadas de la alcaldesa de Torrent bajo la lupa
En la misma resolución, y tras la declaración como testigo de la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, la magistrada ordena cotejar las llamadas que esta responsable municipal ha aportado sobre la emergencia de ese día. Pide que se haga constar con precisión la hora y el contacto al que corresponde cada una de esas llamadas, con el objetivo de disponer de un registro detallado de quién fue avisado, en qué momento y con qué información.
Folgado ha explicado que la tarde de las inundaciones llamó al presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompo, para comunicarle que el barranco de Horteta se encontraba desbordado. Según su testimonio, esa llamada trasladaba la situación de riesgo que estaba viviendo el municipio y la necesidad de una respuesta coordinada ante el incremento del caudal.
La alcaldesa también ha declarado que, sobre las 19:00 horas, contactó con el entonces secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argueso, para informarle de que la Policía Nacional le había indicado la existencia de una víctima mortal. Esta comunicación, tal y como la sitúa la testigo, se produce en un momento avanzado del episodio, cuando ya se habían detectado consecuencias especialmente graves de la DANA.
Paralelamente, la jueza ha solicitado a la Policía Local de Torrent que informe sobre el parte de actuación que elaboró el 29 de octubre de 2024 con motivo de la DANA. De forma particular, pide que se detalle todo lo relativo a la posible existencia de una persona fallecida en el interior de una vivienda del municipio, con el fin de contrastar esa información con los avisos que se habrían transmitido a otras administraciones.
Con estas diligencias, el juzgado busca encajar las distintas piezas de la gestión de la emergencia: las llamadas al 112, las comunicaciones entre cargos públicos y los informes policiales locales. El análisis conjunto de horarios, interlocutores y contenidos permitirá determinar cómo se recibió y se trasladó la información crítica durante la DANA, y si la actuación de las autoridades se ajustó a los protocolos previstos ante este tipo de episodios meteorológicos extremos.
