La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a un agente de la Policía Nacional a dos años y un mes de prisión por simular el robo de su motocicleta para cobrar una indemnización del seguro superior a 13.200 euros. El condenado, destinado en la Brigada de Policía Judicial de la comisaría de Torrent, reconoció los hechos en un acuerdo entre las partes y aceptó las penas impuestas.
La sentencia le considera autor de un delito de estafa en concurso con un delito de falsedad documental cometido por funcionario público, además de otro delito de falsedad en documento oficial cometido por particular. La resolución también le impone una inhabilitación especial para empleo o cargo público de 13 meses y el pago de varias multas.
Los hechos se remontan al 15 de enero de 2024, cuando el agente elaboró una denuncia falsa en la que aseguraba que le habían robado la motocicleta. En el documento figuraba al mismo tiempo como instructor de la denuncia y como denunciante. Sin embargo, nunca incorporó esa denuncia a las aplicaciones informáticas policiales y envió una copia directamente a la aseguradora.
La compañía abonó el 18 de marzo de 2024 la indemnización por el supuesto robo, pese a que el vehículo seguía en poder del policía y continuaba utilizándolo.
La motocicleta apareció meses después
Según recoge la sentencia, el engaño comenzó a destaparse cuando un superior le ordenó tramitar oficialmente el atestado e incorporarlo a las bases de datos policiales para continuar la investigación del supuesto robo. Fue entonces cuando el condenado escondió la motocicleta en una finca propiedad de un amigo suyo.
El vehículo permaneció oculto hasta julio de 2024, cuando otros agentes de la Policía Nacional lo localizaron e intervinieron.
Antes de la celebración del juicio oral, el condenado devolvió a la aseguradora el dinero recibido y asumió los gastos derivados del procedimiento judicial, una circunstancia que el tribunal ha tenido en cuenta al aplicar la atenuante muy cualificada de reparación del daño.
La sentencia ya es firme y acuerda la suspensión de las penas de prisión durante un plazo de dos años, condicionada a que el condenado no vuelva a delinquir en ese periodo.
