El inicio de junio llega con una subida directa en la factura energética de los hogares. Desde este lunes, la electricidad y el gas dejan de beneficiarse del IVA reducido del 10% y vuelven al tipo general del 21%, después de la desactivación parcial de las medidas fiscales aprobadas para responder al encarecimiento energético provocado por el conflicto en Oriente Medio.
La medida se completa con el regreso del Impuesto Especial sobre la Electricidad a su nivel ordinario, que pasa del 0,5% al 5,11%. Este cambio fiscal afecta de lleno a la factura de la luz y se suma al impacto del IVA en los suministros energéticos básicos.
Más presión para los hogares
La subida llega después de varios meses de mayor estabilidad en los precios energéticos, circunstancia que ha permitido levantar parte de las ayudas antes de que finalizara el periodo inicialmente previsto. Las rebajas estaban contempladas hasta el 30 de junio, pero su continuidad en este último mes dependía de la evolución del IPC de los productos afectados.
El encarecimiento puede notarse especialmente en los hogares con menos capacidad de ahorro. En un contexto de precios todavía elevados, cualquier aumento en los suministros básicos reduce el margen de las familias para afrontar otros gastos cotidianos.
Felip Sánchez, profesor de economía y finanzas de EDEM, advierte de ese efecto sobre las economías más ajustadas: «Les famílies que estan molt apretades econòmicament ho notaran». El impacto puede ser mayor en las próximas semanas, cuando aumenta el consumo eléctrico asociado al uso de ventiladores y aires acondicionados.
El combustible queda fuera de la retirada inmediata
A diferencia de la luz y el gas, los carburantes mantienen por ahora las bonificaciones fiscales. La rebaja del IVA al 10% y los tipos reducidos del impuesto de hidrocarburos continúan vigentes hasta el 30 de junio, junto a las ayudas específicas para sectores como el transporte y la agricultura.
Esta diferencia deja dos velocidades dentro del paquete anticrisis: por un lado, electricidad y gas empiezan a recuperar la fiscalidad ordinaria; por otro, los combustibles conservan temporalmente las medidas de apoyo.
La evolución de los precios durante junio será clave para determinar qué ocurrirá a partir de julio. El Gobierno ya ha iniciado contactos con los agentes sociales para analizar el impacto de las medidas y estudiar qué apoyos pueden mantenerse, modificarse o desaparecer en función de la situación económica.
