El Defensor del Pueblo ha iniciado una investigación sobre la actuación policial durante una manifestación de docentes celebrada el pasado domingo en València, tras difundirse unas imágenes en las que una maestra aparece siendo empujada por la espalda por un agente de la Policía Nacional junto a la Conselleria de Educación.
Según ha explicado la institución en un comunicado, se ha tenido conocimiento de los hechos a partir de videos difundidos por distintos medios de comunicación. En esas grabaciones se observa cómo una maestra cae al suelo tras recibir un empujón por la espalda, lo que le habría provocado lesiones al golpearse contra el pavimento, en un contexto en el que no se aprecia, aparentemente, provocación o desacato a la autoridad por su parte.
El Defensor del Pueblo subraya en su escrito que, a la vista del material audiovisual examinado, la fuerza policial podría haberse utilizado de manera desproporcionada. Esta valoración preliminar no supone una conclusión definitiva, pero sí justifica, según el organismo, la necesidad de recabar más información oficial sobre el desarrollo exacto de la intervención y sobre la conducta tanto de la persona afectada como del agente implicado.
Petición de informe y material audiovisual
En este contexto, el Defensor del Pueblo ha solicitado a la Dirección General de la Policía un informe valorativo sobre lo ocurrido. Se pide que en ese documento se detalle de forma precisa cómo se desarrolló la actuación policial, qué órdenes se dieron, qué protocolo se aplicó y en qué momento concreto se produjo el empujón a la maestra, con el fin de poder analizar si se ajustó o no a los criterios legales y operativos vigentes.
Además, la institución reclama que se le remita toda la documentación audiovisual de la que pueda disponer la Policía sobre el incidente y que sea diferente a la ya difundida por los medios de comunicación. Con ello se pretende contar con una visión más completa de lo sucedido, incluyendo posibles grabaciones de cámaras policiales, de seguridad o de otros dispositivos que permitan reconstruir con mayor detalle la secuencia de los hechos.
En el mismo comunicado, el Defensor del Pueblo recuerda la doctrina del Tribunal Supremo sobre el uso de la fuerza por parte de los funcionarios policiales. Esta doctrina establece que el empleo de la fuerza debe cumplir unos requisitos específicos y, en particular, que siempre ha de ser proporcionado a la situación que se afronta. Asimismo, fija que para recurrir a la fuerza debe existir un determinado grado de resistencia por parte de la persona sobre la que se actúa, lo que obliga a valorar cuidadosamente la conducta del sujeto pasivo en cada intervención.
Comprobación de condiciones y responsabilidades
Sobre esta base, el organismo constitucional quiere comprobar si, en el caso de la manifestación docente en València, concurrían las condiciones que justificarían el uso de la fuerza por parte del agente. Para ello, pide también a la Dirección General de la Policía que le informe de las responsabilidades que, en su caso, se hayan podido depurar como consecuencia de esta actuación, ya sea en forma de expedientes internos, medidas disciplinarias u otras decisiones adoptadas.
La investigación abierta por el Defensor del Pueblo se enmarca en su función de supervisión de la actividad de las administraciones públicas y, en particular, del respeto a los derechos fundamentales en las actuaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad. A partir de la información que reciba, la institución podrá emitir recomendaciones o recordatorios de deberes legales dirigidos a la autoridad policial competente si aprecia deficiencias en la intervención o en los protocolos aplicados.
