Expertos en vivienda proponen que el Estado y el resto de administraciones compren viviendas del mercado libre para destinarlas al alquiler social, como medida inmediata para aliviar la escasez de alojamiento en España mientras se logra un pacto de Estado que impulse una política de vivienda a largo plazo.
El planteamiento forma parte del informe “Desajustes en el mercado de la vivienda en España”, publicado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie). El documento subraya que, desde 2021, solo se ha construido el 45 % de las viviendas necesarias para alojar a los nuevos hogares creados, lo que ha tensionado de forma notable los precios tanto de compra como de alquiler.
Escasez de vivienda y presión sobre los precios
El estudio alerta de una grave escasez de vivienda, especialmente en las zonas de mayor demanda, como las grandes ciudades y las áreas urbanas más dinámicas. Esta falta de oferta se ha traducido en fuertes subidas de precios en todos los segmentos del mercado residencial.
A ello se suma, según los autores, una muy baja inversión pública en vivienda social durante muchos años, que deja en peor situación a los hogares con menos ingresos.
Los hogares más vulnerables son, sobre todo, los encabezados por jóvenes, personas inmigrantes o familias monoparentales. Estos grupos soportan una sobrecarga de gastos de vivienda, definida como la necesidad de destinar más del 40 % de la renta disponible al pago de hipoteca o alquiler y a los suministros básicos como electricidad, agua o seguros.
Cuando este umbral se supera, la capacidad de afrontar otros gastos esenciales se reduce de forma drástica.
Un tercio de los hogares jóvenes se sitúa al borde de la pobreza una vez cubiertos los gastos de vivienda, de acuerdo con los cálculos del informe. Si se descuenta de la renta disponible todo el gasto asociado al alojamiento, la tasa de pobreza de la población general subiría del 19,5 % al 23 %. En el caso de los hogares jóvenes, el porcentaje se dispararía hasta casi el 33 %, es decir, uno de cada tres.
Oferta pública insuficiente y desajustes en la construcción
El informe puntualiza que los principales problemas de acceso se concentran en el mercado de alquiler a precio de mercado en las grandes ciudades. Afectan sobre todo a la población con niveles de renta más bajos, que es la que tiene menos margen para absorber nuevas subidas de precios sin poner en riesgo su nivel de vida.
La limitada oferta de vivienda pública de alquiler social agrava el problema e impide responder a las necesidades de estas familias. En España, solo el 3,5 % del parque de viviendas se destina a alquiler social, frente a una media del 8 % en el conjunto de la Unión Europea, según datos del Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (https://www.mivau.gob.es).
Aunque desde 2021 se aprecia una cierta reactivación de la construcción, el desfase entre oferta y demanda sigue siendo muy amplio. Entre 2021 y 2025 se han construido 454.000 viviendas nuevas, frente a un crecimiento neto de 965.000 hogares. Esto supone que solo se ha cubierto alrededor del 45 % de las necesidades reales, lo que presiona al alza los precios de la vivienda nueva, de la segunda mano y del alquiler.
El informe explica que la oferta responde con lentitud a los cambios de la demanda por varios motivos. Por un lado, el tejido productivo de la vivienda quedó muy dañado tras la crisis inmobiliaria, con escasez de mano de obra especializada y menor capacidad empresarial. Por otro, los procedimientos regulatorios son complejos y largos, lo que retrasa los desarrollos urbanísticos y la construcción de nuevos inmuebles.
Además, gran parte del parque de vivienda usada no se puede adaptar fácilmente al tipo de hogares que están creciendo, más pequeños y con demanda de viviendas de menor tamaño. También influyen la localización y el estado de conservación de muchas viviendas vacías, que no facilitan su uso como residencia principal.
La población aspira a vivir en zonas con empleo, servicios y buenas comunicaciones, por lo que los inmuebles alejados o en malas condiciones quedan fuera de la demanda efectiva.
Alternativas y propuestas para aumentar la oferta
Por estas razones, el mercado del alquiler ha ganado peso como alternativa a la compra, aunque también sufre importantes subidas de precios. La barrera de entrada es menor, ya que no exige el desembolso inicial que implica la compra de una vivienda, pero los precios mensuales han aumentado de forma intensa en las áreas urbanas con mayor dinamismo económico.
El volumen del alquiler ha crecido con fuerza en las dos últimas décadas. El número de hogares que residen en este régimen casi se ha duplicado, al pasar de 2,1 a 3,9 millones. En las regiones con mayor renta per cápita, como Madrid, Baleares, Navarra, Cataluña y País Vasco, el coste de la vivienda es aún más elevado, por lo que el sobreesfuerzo que deben realizar los hogares con menos recursos resulta todavía mayor.
Frente a esta situación, los autores del estudio plantean que las administraciones aprovechen la compra de vivienda privada para ampliar de forma rápida el parque de alquiler social. Esta vía permitiría dar una respuesta más ágil a quienes se han quedado fuera del mercado por la subida de precios, mientras se desarrollan estrategias más amplias y estables.
Los responsables del informe también formulan otras propuestas para aumentar la oferta de vivienda. Entre ellas, el impulso de la construcción industrializada, que reduce los tiempos de producción y facilita procesos más eficientes y sostenibles. Se trataría de introducir métodos constructivos más rápidos sin renunciar a la calidad ni a las exigencias técnicas.
Otra línea de actuación es agilizar la gestión urbanística mediante herramientas digitales. Por ejemplo, la tramitación electrónica de permisos de obra y licencias de construcción podría acelerar los plazos administrativos y reducir la incertidumbre para promotores y constructores. Esto permitiría sacar más vivienda al mercado en menos tiempo.
Por último, el informe insiste en la necesidad de coordinar mejor las competencias urbanísticas entre los distintos niveles de la administración. Los autores advierten de que los intereses locales o particulares en la gestión del suelo y el urbanismo pueden convertirse en una barrera para aliviar la escasez de vivienda. Proponen una visión conjunta y de mayor alcance territorial para evitar bloqueos y favorecer proyectos que incrementen la oferta.
Situación en la Comunitat Valenciana
La situación que describe el informe de la Fundación BBVA y el Ivie encaja con los problemas de acceso a la vivienda que también se viven en la Comunitat Valenciana. En ciudades como València, la tensión en los precios del alquiler ha crecido en los últimos años, en paralelo al aumento de la demanda.
En este contexto, el seguimiento de las políticas de vivienda y de las iniciativas públicas puede consultarse en la sección de sociedad de Actualidad Valencia (/sociedad/vivienda-alquiler-comunitat-valenciana).
