La Confederación de Taxistas Autónomos de Valencia ha denunciado que el nuevo decreto de transporte público aprobado recientemente por el Gobierno valenciano permitirá que las VTC (vehículos de transporte con conductor) operen como si fueran taxis en toda la Comunitat Valenciana, sin tiempo mínimo de precontratación ni controles administrativos efectivos, y que, en la práctica, protege a las plataformas y multinacionales propietarias de la mayoría de estos vehículos.
Según explica la entidad en un comunicado, el decreto se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat el pasado 5 de junio y, a partir de su entrada en vigor, afectará directamente al reparto de servicios entre el taxi tradicional y las VTC. La Confederación considera que el texto normativo confirma lo que califica de traición y mentiras por parte del conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus.
Críticas al conseller y a la falta de control sobre las VTC
La asociación sostiene que, aunque el conseller asegura públicamente que el decreto protege al taxi, en realidad las principales beneficiadas serán las plataformas y grandes empresas que controlan la mayoría de las autorizaciones de VTC. Por ello, la Confederación anuncia que tomará decisiones una vez cuente con informes detallados de sus servicios jurídicos sobre el alcance real de la nueva regulación.
El colectivo cifra en 2.000 las VTC que podrán prestar servicios urbanos en toda la Comunitat Valenciana con la nueva normativa. A su juicio, estos vehículos podrán trabajar casi como si fueran taxis, al desaparecer la exigencia de un tiempo mínimo de 15 minutos entre la contratación del servicio y su prestación.
La organización critica que esta eliminación se traduzca, según su valoración, en servicios sin ningún control administrativo, sin límites para la actividad en ámbito urbano y sin una capacitación específica del servicio equiparable a la del taxi.
Desconfianza ante los informes y reproches por presunto apoyo “bajuno”
En relación con el informe exhaustivo anunciado para detallar la situación de la movilidad y de ambos sectores, el taxi y las VTC, la Confederación asegura que no se fía. Recuerda que en los últimos cuatro años ha habido cuatro sentencias que han anulado resoluciones de tarifas por basarse en informes que consideran muy pobres o directamente inexistentes.
La entidad también reprocha a la Conselleria que haya buscado, en sus palabras, el apoyo de cuatro floteros del taxi de una forma bajuna. Sostiene que estas personas tendrán ahora que decidir si toman partido por el conjunto del sector o por su propio bolsillo, lo que, según la Confederación, puede generar división interna entre los profesionales del taxi.
Acusaciones de “oscuridad” y “deshonestidad” del conseller
En su comunicado, los taxistas autónomos acusan al conseller Vicente Martínez Mus de haber adoptado una posición que califican de oscura y deshonesta. Le reprochan haber tomado la decisión sobre el decreto de forma cobarde y traicionera, ocultando la verdad del contenido de la norma al sector del taxi.
Además, le critican que, a su entender, esté intentando enfrentar internamente al colectivo con las migajas de la acumulación de autorizaciones máximas mientras se estarían regalando cientos de millones de euros a cuatro multinacionales.
La Confederación de Taxistas Autónomos de Valencia descalifica también lo que considera una ineptitud para negociar por parte de la Administración autonómica. Habla incluso de un tufillo a corrupción, que, a su juicio, estaría detrás de la venta de servicios públicos a cuatro fondos extranjeros.
Posibles acciones legales y papel de los ayuntamientos
Ante este escenario, la entidad afirma que espera que los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana actúen y obliguen a cambiar lo que denominan esta cacicada en la regulación del transporte.
La regulación de las VTC y del taxi es un asunto clave para la movilidad urbana y metropolitana, y suele generar un fuerte debate entre administraciones, empresas y profesionales del sector. En este contexto, la Confederación recuerda que seguirá analizando el contenido del decreto y que valorará posibles acciones legales o de protesta una vez disponga de los informes jurídicos completos.
