El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha instado a la Generalitat Valenciana a perseguir el posible engaño a los consumidores sobre el origen del arroz valenciano mediante controles oficiales y, si procede, con sanciones por prácticas fraudulentas en el etiquetado.
El ministro Pablo Bustinduy ha lanzado este mensaje en Sueca, donde se ha desplazado para conocer de primera mano el trabajo de los agricultores en los arrozales valencianos y sus quejas por la falta de controles oficiales del Consell. Según ha señalado, estos controles deben garantizar que la calidad y el etiquetado del arroz no lleven a error al consumidor sobre su origen real.
Denuncia de La Unió y reclamación al etiquetado
La Unió Llauradora i Ramadera ha remitido al Ministerio de Consumo la denuncia que ha presentado ante la Generalitat por el etiquetado del arroz. La organización agraria sostiene que el actual etiquetado de algunos productos podría inducir a error al consumidor y agraviar al agricultor valenciano al ocultar el origen real del producto.
En su comunicación, el sector insiste en la necesidad de que el etiquetado refleje con claridad el origen, para evitar que el consumidor adquiera productos pensando que proceden de la zona cuando en realidad no es así.
Reiteradas peticiones del Ministerio a la Generalitat
En un comunicado, el Ministerio de Consumo ha afirmado que ha reclamado de forma reiterada al gobierno de la Comunitat Valenciana que designe a la autoridad competente y que acredite la realización de controles oficiales sobre la calidad y el etiquetado de los alimentos.
El departamento que dirige Bustinduy ha subrayado que la Comunitat Valenciana, de hecho, es la única autonomía de todo el Estado que no realiza el control oficial de la información alimentaria. Esta situación, según el Ministerio, deja a los consumidores sin la misma protección que en el resto de comunidades y genera preocupación entre los productores locales.
El texto recuerda que los procedimientos sancionadores en materia de consumo son competencia autonómica. Por ello, el secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán, envió en 2025 una carta al secretario de Industria, Comercio y Consumo de la Generalitat para reiterar que corresponde a las autoridades administrativas responsables de la materia de consumo en cada comunidad autónoma la tramitación y resolución de los procedimientos sancionadores derivados de las infracciones en materia de consumo que se cometan, aunque sea parcialmente, en sus respectivos territorios.
En esa misiva, Barragán también recordaba que el incumplimiento por parte de los operadores económicos de esta normativa está tipificado como infracción en materia de consumidores y usuarios. El Ministerio ha indicado ahora que la reclamación ya se había hecho en varias ocasiones y la Generalitat sigue sin resolverlo.
Además, el comunicado señala que los informes de 2023 y 2024 del Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria 2021-2025 recogen la información aportada por los servicios de inspección de las direcciones generales con competencias en consumo de todas las comunidades autónomas, excepto de la Comunitat Valenciana. También apunta que tampoco se han recibido resultados relativos a los controles realizados en 2025 por parte de la administración autonómica.
Con estos antecedentes, el Ministerio sostiene que la falta de controles efectivos y acreditados impide garantizar a los consumidores la información correcta sobre el origen del producto.
Denuncia de La Unió por el uso de símbolos valencianos
En la denuncia presentada por La Unió ante la Generalitat, la organización agraria asegura que hay superficies comerciales que exhiben productos en estanterías identificadas con la bandera de la Comunitat Valenciana, mientras el etiquetado no refleja el origen real de esos alimentos.
Según La Unió, esta práctica podría inducir a error al consumidor —que cree comprar arroz valenciano sin ninguna garantía de ello— y agravia al productor local, que sufre competencia desleal por el uso de símbolos de la Comunitat en arroz importado. La organización considera que esta situación perjudica tanto a quienes producen en la zona arrocera valenciana como a quienes confían en que compran productos de proximidad.
Tras conocer sobre el terreno las quejas del sector, el ministro Pablo Bustinduy ha instado de nuevo a la Generalitat a realizar los controles que le corresponden y a designar a la autoridad competente para supervisar el etiquetado de los alimentos. El objetivo, ha explicado, es poder controlar y, en su caso, sancionar estas y otras posibles prácticas fraudulentas en los etiquetados de productos de proximidad.
Así, el Ministerio insiste en que los controles oficiales son esenciales para evitar prácticas engañosas y para proteger tanto al consumidor como al productor valenciano.
