Sanidad sostiene que el conflicto exige una respuesta estatal urgente y cifra en 280.000 los pacientes afectados por las huelgas en la Comunitat Valenciana
El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, se ha sumado al acuerdo conjunto suscrito por responsables sanitarios de otras quince comunidades autónomas y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para exigir al Ministerio de Sanidad que reabra con urgencia un proceso de diálogo real sobre la reforma del Estatuto Marco.
El texto conjunto se ha presentado por registro de entrada en el Ministerio y reclama que el departamento estatal asuma, en virtud de sus competencias, una negociación que permita dar respuesta al conflicto abierto en el sistema sanitario. Las comunidades firmantes sostienen que la raíz normativa del problema no se sitúa en su ámbito competencial, aunque son ellas las que están asumiendo sus consecuencias asistenciales y organizativas.
Gómez ha defendido que la presencia de las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud demuestra “nuestra voluntad de trabajar para resolver lo más importante, los problemas que están sufriendo los ciudadanos”. El conseller ha atribuido la situación a “un Ministerio de Sanidad que no ha sabido llegar a un acuerdo para reformar el Estatuto Marco, lo cual es exclusivamente su competencia y responsabilidad”.
Reclamo de un acuerdo estatal
El responsable valenciano de Sanidad ha insistido en que la resolución del conflicto “pasa por un inevitable acuerdo en el ámbito estatal”, ya que, según ha señalado, el Ministerio es quien dispone de la capacidad normativa para modificar el Estatuto Marco y responder a las demandas planteadas.
En este sentido, Gómez ha lamentado que la ministra de Sanidad “nuevamente no ha escuchado nuestras peticiones” y ha sostenido que las autonomías buscan defender “el modelo sanitario, los profesionales y los pacientes”. El conseller ha añadido que “en salud no hay color político”, en referencia al acuerdo alcanzado por responsables de distintos territorios.
Asimismo, ha advertido de que el Ministerio debe “acabar de una vez por todas con este conflicto” porque, a su juicio, se está poniendo en riesgo “una asistencia sanitaria con calidad”. También ha alertado de la posibilidad de nuevos paros y de que se pueda “alterar la vida de los ciudadanos”.
Gómez ha afirmado que, ante esta situación, la ministra “se encuentra sola” porque, según ha manifestado, “ni los profesionales, ni los sindicatos, ni las comunidades autónomas están con ella”. No obstante, ha asegurado que la Comunitat Valenciana ha tendido la mano para buscar una solución que mejore la atención sanitaria.
Impacto en los pacientes de la Comunitat Valenciana
El acuerdo de las comunidades autónomas recuerda que el contenido y la tramitación de la nueva normativa del Estatuto Marco han motivado la actual convocatoria de huelga de ámbito estatal. Según el texto, tanto el origen de las reivindicaciones como el marco de interlocución de las organizaciones convocantes apuntan al Ministerio.
Las autonomías firmantes señalan que están actuando con responsabilidad para garantizar la continuidad de la atención sanitaria y minimizar el impacto sobre la ciudadanía. Sin embargo, advierten de que gestionan las consecuencias de un conflicto cuya raíz normativa corresponde al ámbito estatal.
En el caso de la Comunitat Valenciana, Marciano Gómez ha cifrado en 280.000 los pacientes afectados por las huelgas. El conseller ha afirmado que “lo verdaderamente importante es arreglar la salud de los ciudadanos, la salud de los 280.000 pacientes que en la Comunitat Valenciana han sufrido la consecuencia de las huelgas”.
Gómez ha vinculado esta situación con lo que ha calificado como “una gestión nefasta del Estatuto Marco” y ha reiterado que se trata de una competencia nacional. Por ello, ha atribuido al Ministerio la responsabilidad de resolver el conflicto abierto con los profesionales sanitarios.
Las comunidades también sitúan esta crisis en un contexto especialmente exigente para el sistema sanitario. El acuerdo menciona el déficit estructural de profesionales, el aumento de las jubilaciones, la cronificación de las patologías y el envejecimiento de la población como factores que agravan la situación.
Por este motivo, reclaman al Ministerio medidas estructurales e inmediatas que permitan reforzar la disponibilidad de profesionales y garantizar la sostenibilidad del sistema. El texto concluye reafirmando el compromiso de las comunidades autónomas con el funcionamiento de la sanidad pública, las condiciones de los profesionales y la calidad de la atención a los pacientes.
