El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado este miércoles durante la sesión de control de Les Corts Valencianes que el Consell llevará a la Fiscalía los expedientes de los hospitales de campaña contratados durante la pandemia de covid por el anterior gobierno autonómico presidido por Ximo Puig.
Pérez Llorca ha realizado este anuncio en respuesta al síndic socialista, José Muñoz, en una sesión marcada por el cruce de acusaciones entre el Consell y la oposición a cuenta de la gestión de la pandemia, la DANA del 29 de octubre y la situación política nacional.
El president ha mostrado en el pleno informaciones publicadas por medios nacionales sobre la empresa adjudicataria de los hospitales de campaña y ha señalado que los expedientes se remitirán también a la causa que se investiga en Madrid, en alusión al caso Plus Ultra, para que se determine si existe o no una derivada valenciana vinculada a esas contrataciones.
Según ha afirmado Pérez Llorca, el objetivo es que se esclarezca «si hay trama valenciana o si no hay trama valenciana también con el tema de los hospitales». Además, ha sostenido que «lo que queda evidente es que los hospitales de campaña que no servían para nada se contrataron porque Zapatero dio la orden».
El cruce por los hospitales de campaña
Durante su intervención, Pérez Llorca ha vinculado políticamente las contrataciones realizadas durante la pandemia con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que ha declarado como investigado ante la Audiencia Nacional en el marco del caso Plus Ultra.
«Ahora ya entiendo por qué a Zapatero solo le defienden tres personas»: el abogado del expresidente, el síndic socialista en Les Corts y la secretaria general de los socialistas valencianos y ministra de Ciencia, Diana Morant, ha señalado el president.
En el turno de repreguntas, el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha acusado a los socialistas de haber hecho negocio durante la etapa sanitaria «de mayor crueldad y padecimiento» en la Comunitat Valenciana. En concreto, ha citado las mascarillas, los rescates vinculados a la covid y los 13 millones de euros de los hospitales de campaña.
Barrachina ha sostenido que en esos hospitales «no se atendía a ningún paciente valenciano» y ha afirmado que con esos fondos públicos «se entró a participar en esa trama chavista que acabó con ese dinero pagándole los sueldos a las hijas de Rodríguez Zapatero». «Esa es la sanidad de los socialistas», ha añadido.
La DANA vuelve al centro del debate político
La sesión de control también ha estado marcada por la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024, que causó la muerte de 230 personas en la provincia de València. Pérez Llorca ha instado al PSPV a pedir a responsables de organismos estatales, como la Confederación Hidrográfica del Júcar o la Agencia Estatal de Meteorología, que «enseñen los whatsapps» que compartieron aquel día.
El president ha respondido así a José Muñoz, que le ha acusado de no tener un Consell sino «una pandilla de amigos ineptos», después de conocerse los mensajes que intercambiaron miembros del Gobierno valenciano durante la jornada de la DANA.
Pérez Llorca ha reprochado a los socialistas que, a su juicio, no busquen conocer la verdad sobre lo ocurrido, sino construir «un relato». «Si de verdad quieren saber la verdad, den ejemplo, porque la única forma de saber la verdad de los socialistas es cuando les citan a los juzgados o vamos enterándonos por la prensa de toda la corruptela que ustedes tienen», ha manifestado.
El president ha enlazado este debate con la situación judicial de dirigentes socialistas y ha señalado que en la pasada sesión de control el exministro José Luis Ábalos estaba declarando ante el Tribunal Supremo, mientras que este miércoles lo ha hecho José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional. Además, ha asegurado que «a día de hoy, entre imputados y procesados socialistas, hay 93».
La oposición pide elecciones
El síndic del PSPV, José Muñoz, ha exigido a Pérez Llorca que cese «a toda la pandilla de amigos que fueron incapaces de gestionar la emergencia de la dana» y le ha pedido que dimita y convoque elecciones.
Muñoz ha considerado «indecente» que, según ha afirmado, quienes se desentendieron de la emergencia hayan sido premiados por Pérez Llorca. También ha criticado la situación del expresident Carlos Mazón, presente en el hemiciclo, al señalar que «se perdió en una sobremesa eterna en El Ventorro» y que ahora cuenta con chófer, despacho y asesores.
Desde Compromís, su síndic, Joan Baldoví, ha calificado al Consell de «peligroso, inepto y vago» y ha asegurado que no está a la altura de «un pueblo digno» como el valenciano. Además, ha reprochado al president que no reclamara ante el ministro de Hacienda, Arcadi España, la financiación, la deuda histórica y el fondo de nivelación.
Baldoví también ha acusado al Consell de no solucionar los problemas de la escuela pública, la sanidad, la vivienda o la dependencia, y ha pedido la convocatoria de elecciones para acabar «con esta agonía».
Pérez Llorca defiende su legitimidad y el acuerdo con Vox
Pérez Llorca ha defendido que es president de la Generalitat porque el PP ganó las elecciones, porque la sociedad valenciana apostó por el cambio y porque recibió «la confianza mayoritaria de esta Cámara». Según ha señalado, ni los socialistas ni Compromís podrían obtener ahora ese respaldo.
El president ha dirigido también críticas a Compromís y ha afirmado que su proyecto pasa por «mantener a Pedro Sánchez en la Moncloa sea como sea», «recuperar a una procesada por tapar abusos a menores», en referencia a Mónica Oltra, intentar que la Comunitat «sea una sucursal de Cataluña» o prohibir que los valencianos «hablen la lengua que les dé la gana».
Desde Vox, su síndic, José María Llanos, ha reclamado al Consell garantías para cumplir íntegramente los compromisos del acuerdo presupuestario de 2026, especialmente en lo relativo a priorizar a los españoles en el acceso a ayudas públicas y vivienda, donde ha defendido reforzar el arraigo y el empadronamiento.
Pérez Llorca ha defendido el acuerdo presupuestario con Vox y ha acusado a Diana Morant de preferir «blanquear las joyas de Zapatero que bajarle la renta a una persona que gana 30.000 o 40.000 euros al año».
