Una comisión estatal sobre vulneraciones de derechos humanos ha reconocido a 63 víctimas mortales de violencia política entre 1979 y 1983, cuatro de ellas valencianas, fallecidas por ataques de la extrema derecha o por abusos de las fuerzas de seguridad en los años posteriores a la entrada en vigor de la Constitución.
El informe final de esta comisión, creada en desarrollo de la Ley de Memoria Democrática de 2022 y presidida por el secretario de Estado Fernando Martínez, ha fijado dos criterios para el reconocimiento: que el caso terminara en muerte y que se produjera en un contexto de violencia con motivación política.
Según el documento, al que ha tenido acceso la comisión redactora del informe, 34 víctimas han sido atribuidas a actuaciones de la extrema derecha y 29 a excesos policiales ocurridos entre el 29 de diciembre de 1978, fecha de entrada en vigor de la Constitución, y el 31 de diciembre de 1983. Todas las inclusiones se han acordado tras un intenso debate interno.
La mayoría de los casos se han concentrado en el año 1980, con 28 víctimas reconocidas. A continuación se sitúan 1979, con 22 víctimas; 1981, con 9; 1982, con 3; y 1983, con un solo caso.
Víctimas valencianas reconocidas
Entre las víctimas de la extrema derecha figura Francisco José Rodríguez López, valenciano de 21 años, que murió el 28 de diciembre de 1980 en València. Falleció por el impacto de una bala disparada por el ultraderechista José Palazón Sánchez, de 20 años, en la calle del Mar.
El informe también ha incluido a tres valencianos muertos por actuaciones de las fuerzas de seguridad. Uno de ellos es Vicente Vadillo Santamaría, de 32 años, artista nacido en Torrent (Valencia), fallecido en Rentería (Guipúzcoa) el 10 de junio de 1979. Murió por el impacto de un disparo efectuado por un policía nacional de paisano que se encontraba en el País Vasco en periodo de prácticas.
Vicente Vadillo, conocido artísticamente como Francis, era transexual y trabajaba como artista travesti en varios locales de la comarca guipuzcoana de Oarsoaldea, especialmente en Pasajes. Según el informe, en el interior de la discoteca Apolo un policía nacional le disparó un tiro en la cara, impacto que le provocó la muerte inmediata.
Otra víctima reconocida es Valentín González Ramírez Edad, de 20 años y nacido en Valencia, que trabajaba como bracero de carga y descarga en el Mercado de Abastos de València. El 26 de junio de 1979, durante una manifestación laboral para reclamar salarios adeudados por la patronal, recibió el impacto de una bala de goma del Cuerpo Nacional de Policía. Las lesiones derivadas de ese disparo le causaron la muerte.
El listado incluye además a Sebastián García García, de 56 años y trabajador de la Unión Naval de Levante, que ha sido considerado víctima de la violencia policial. El 20 de julio de 1982 fue atropellado en València durante una manifestación laboral ante la sede del Consell preautonómico valenciano.
Durante la intervención policial desarrollada en esa protesta, un automóvil atropelló a Sebastián García en la calle del Muro de Santa Ana. Sufrió un traumatismo craneoencefálico y una contusión pulmonar. El propio conductor lo trasladó al Hospital Clínico, donde quedó ingresado en la UVI en coma profundo y falleció el 6 de agosto de 1982.
Casos emblemáticos incluidos en el informe
La comisión ha extendido sus trabajos hasta finales de 1983, lo que ha permitido incluir también el primer año de Gobierno del socialista Felipe González. Esta ampliación fue resultado de una enmienda pactada con EH Bildu durante la tramitación de la ley y se ha convertido en uno de los puntos más controvertidos en el debate político.
De las 63 víctimas reconocidas, dos corresponden al inicio del mandato de Felipe González. Son Salvador Sampedro de Dios, muerto el 5 de diciembre de 1982, y Juan Félix Domínguez, fallecido el 19 de febrero de 1983.
El informe describe a Salvador Sampedro como un taxista fallecido en la provincia de Valladolid tras sufrir una agresión con arma blanca y un posterior atropello. Los hechos se atribuyen a dos integrantes de un comando ultraderechista denominado Grupo armado 28 de octubre, que habían tomado el taxi con destino a Salamanca para intentar proporcionar armas al grupo.
Juan Félix Domínguez era un niño de dos años que murió por disparos de la guardia civil en un control situado en un cruce de carreteras en Valmojado (Toledo). El vehículo en el que viajaba con su familia no se detuvo ante las señales de los agentes, y los disparos alcanzaron al menor.
En el listado figuran también tres nombres vinculados al conocido como caso de Almería: Juan Mañas, Luis Montero y Luis Manuel Cobo. Los tres murieron el 10 de mayo de 1981, torturados por la guardia civil tras ser detenidos al ser confundidos con miembros de ETA.
Otra víctima reconocida es Jesús María Zubikarai. Fue detenido en 1975 y encarcelado tres meses acusado de pertenecer a ETA. La comisión lo ha incluido en el listado porque fue secuestrado y asesinado el 2 de febrero de 1980 en Éibar (Guipúzcoa) por el comando de extrema derecha Batallón Vasco Español.
El informe incorpora además al concejal independiente de Herri Batasuna en el Ayuntamiento de San Sebastián Tomás Alba, asesinado el 28 de septiembre de 1979 en Astigarraga (Guipúzcoa) por integrantes del Batallón Vasco Español. También figura la estudiante y militante del Partido Socialista de los Trabajadores Yolanda González, asesinada el 1 de febrero de 1980 en Madrid por miembros de Fuerza Nueva.
Límites del reconocimiento y propuestas de la comisión
La comisión concluye que, entre 1979 y 1983, han persistido prácticas autoritarias bajo lo que describe como un patrón estructural de impunidad. En sus conclusiones menciona el terrorismo de ETA como uno de los principales focos de violencia de ese periodo.
Sin embargo, las personas vinculadas a grupos terroristas han quedado excluidas expresamente de la posibilidad de ser consideradas víctimas. Esta exclusión se basa en el acuerdo del Consejo de Ministros de abril de 2024 que aprobó la creación de la comisión y definió su marco de actuación.
Además de su presidente, el órgano ha contado con doce vocales. Entre ellos figuran el cofundador de CCOO y exlíder del PCE Nicolás Sartorius, encausado en su día en el llamado proceso 1001; el exdirector de la UNESCO Federico Mayor Zaragoza; y la socialista y activista por la paz y la memoria Paca Sauquillo.
El informe de conclusiones propone nuevas medidas. Entre ellas plantea la creación de un canal institucional permanente con las víctimas y la ampliación del estudio a otras vulneraciones de derechos humanos detectadas en el mismo periodo histórico.
