La titular de la plaza número 16 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia ha abierto una investigación por la presunta agresión sufrida por una manifestante por parte de un policía nacional durante una protesta registrada el pasado 31 de mayo en el marco de la huelga educativa.
La causa se ha iniciado tras la denuncia y las querellas recibidas por estos hechos, que se produjeron durante una concentración de docentes junto a la Conselleria de Educación. La mujer afectada, identificada públicamente como una profesora jubilada de 68 años, participaba en la protesta cuando, según muestran las imágenes difundidas, recibió un empujón por la espalda por parte de un agente y cayó al suelo.
La manifestante fue atendida por lesiones que, según se ha publicado, incluyeron una rotura del tabique nasal y una herida en la barbilla que requirió puntos de sutura. La actuación policial generó una amplia reacción pública y motivó también la apertura de un expediente disciplinario interno al agente implicado.
Investigación judicial y expediente policial
La investigación judicial se suma al procedimiento abierto en el ámbito policial tras la difusión de los vídeos del incidente. La Delegación del Gobierno anunció entonces una investigación para esclarecer lo ocurrido y depurar posibles responsabilidades, después de que las imágenes provocaran críticas de sindicatos, representantes políticos y colectivos educativos.
El caso también ha llegado al Defensor del Pueblo, que ha abierto una actuación ante la Dirección General de la Policía para recabar información sobre la intervención policial del 31 de mayo. Entre otras cuestiones, ha solicitado datos sobre la actuación, posible material audiovisual adicional y las responsabilidades que se hayan podido depurar.
La versión policial incorporada al procedimiento sostiene que el agente actuó para apartar a la mujer de la calzada y que empleó la «mínima fuerza reglamentaria». Esa explicación forma parte del atestado y queda ahora bajo análisis judicial junto al resto de pruebas disponibles, entre ellas las imágenes difundidas y las denuncias presentadas.
Querellas y acusación popular
El procedimiento se ha abierto después de que la afectada presentara denuncia y de que se hayan impulsado querellas relacionadas con los hechos. CCOO PV ha solicitado personarse como acusación popular en la causa y sostiene que la actuación del agente podría constituir varios delitos, entre ellos lesiones con agravante de abuso de superioridad, atentado contra la integridad moral y omisión de auxilio.
El sindicato ha pedido además la suspensión cautelar de funciones del agente mientras dure la investigación. Estas peticiones deberán ser valoradas en el marco del procedimiento judicial, que se encuentra en fase inicial y tendrá que determinar si existen indicios suficientes de responsabilidad penal.
Los hechos se produjeron en un contexto de movilizaciones del profesorado valenciano vinculadas a la huelga educativa. La investigación deberá aclarar ahora las circunstancias concretas de la intervención policial, el alcance de las lesiones sufridas por la manifestante y si la actuación del agente se ajustó o no a los criterios legales de proporcionalidad.
