La Conselleria de Educación ha llevado a la Mesa Sectorial una propuesta de decreto para actualizar las condiciones laborales del profesorado valenciano. El texto recoge la reducción de la jornada a 35 horas semanales, seis días de asuntos propios, desconexión digital y la posibilidad de teletrabajo durante julio.
El director general de Personal Docente, Pablo Ortega, ha explicado la iniciativa tras la reunión celebrada este martes, en una sesión centrada en jornada y horario docente. La negociación sigue abierta y continuará con otros asuntos como infraestructuras educativas y formación profesional.
Según Ortega, el decreto incorpora medidas que suponen «muchísimas ventajas» para el profesorado. El responsable de Personal Docente ha señalado que la reducción de 37,5 a 35 horas responde a la adaptación de la jornada laboral aprobada por el Estado.
El borrador también incluye el derecho del personal docente a no atender correos electrónicos, llamadas o comunicaciones profesionales fuera de su horario. La medida pretende fijar por escrito la desconexión digital del profesorado al finalizar su jornada.
Seis días de asuntos propios
La propuesta de Educación establece tres días de asuntos propios en periodo lectivo y otros tres durante el periodo no lectivo. Esta cuestión forma parte de las demandas tratadas en la negociación con los representantes sindicales durante el conflicto docente.
El texto añade la opción de trabajar fuera del centro durante el mes de julio. La Conselleria plantea que el profesorado pueda realizar sus tareas desde su domicilio, excepto cuando la presencia en el centro sea necesaria por motivos concretos.
Ortega ha defendido que la propuesta recoge «muchas de las cuestiones que se han ido negociando» durante la huelga del profesorado. En su opinión, el avance del texto evidencia que «la negociación es efectiva y sirve para objetivos concretos».
La tramitación como decreto ha generado dudas en la parte sindical, que ha planteado que una orden permitiría modificaciones más ágiles. El director general ha sostenido que la vía del decreto resulta obligada porque el contenido afecta a condiciones laborales y debe ajustarse al marco de función pública.
Peticiones sindicales al decreto docente
ANPE ha pedido que Educación no espere a la entrada en vigor definitiva de la norma para permitir el uso de los días de asuntos propios. El sindicato reclama instrucciones específicas para que los llamados moscosos puedan empezar a disfrutarse desde el inicio del curso 2026-2027.
CSIF ha reclamado más concreción en la elección de horarios. El sindicato quiere que la antigüedad como funcionario de carrera tenga prioridad y que se permita disfrutar de dos días de asuntos propios consecutivos. También ha criticado el recorte de media hora en la preparación de clases.
La organización ha rechazado además la posibilidad de elevar hasta 28 las horas complementarias de presencialidad. Según CSIF, la mayoría de autonomías sitúan ese límite en 25 horas, por lo que considera que la medida empeora la regulación prevista.
CCOO ha destacado como positivo que se aplique la jornada de 35 horas, pero ha pedido más negociación. El sindicato considera que el decreto deja sin cerrar cuestiones esenciales sobre las horas complementarias y deriva decisiones a las direcciones de los centros y a las Normas de Organización y Funcionamiento. Por ello, exige un texto consensuado antes de su aprobación.
STEPV reclama que las 35 horas afecten a la carga lectiva
STEPV ha pedido que la rebaja de la jornada docente se traslade a las horas lectivas y no únicamente a las complementarias, como recoge la propuesta de la Conselleria. El sindicato plantea que el horario pase a 16 horas lectivas en Secundaria y otros cuerpos y a 21 horas en el caso del cuerpo de Maestros.
La organización sindical también ha mostrado su rechazo a la ampliación de la jornada lectiva diaria hasta seis horas y ha solicitado que se mantengan las horas de cómputo mensual. A su juicio, esta referencia evitaría dudas y problemas de aplicación en los centros educativos.
Además, STEPV ha exigido que ningún docente tenga que acudir de forma presencial al centro durante el mes de julio. El sindicato defiende que la presencia debe limitarse al máximo en ese periodo, especialmente por las condiciones climáticas de muchos centros y porque la mayor parte del trabajo de final de curso ya está cerrada.
La organización también ha alertado de que el sistema de prelación para escoger grupos, turnos y horarios puede acabar en los tribunales. Por ello, ha vuelto a plantear un protocolo de buenas prácticas que favorezca los acuerdos internos, los criterios pedagógicos y la conciliación del profesorado.
Por otra parte, STEPV ha advertido en la mesa de infraestructuras del deterioro de numerosos centros educativos y de los retrasos en actuaciones de mantenimiento y mejora. El sindicato ha solicitado mantener el Pla Edificant, reforzar los equipos técnicos de infraestructuras, habilitar una plataforma de incidencias para las direcciones de los centros y hacer públicos los calendarios de ejecución de las obras previstas.
