Veinte años se cumplen este viernes del accidente de metro de València de 2006, en el que murieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas, tras un largo periplo político, social y judicial que ha acabado señalando a 13 responsables políticos y ha dejado una condena penal para cuatro exdirectivos de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV).
La mayor tragedia de metro ocurrida en España se produjo a las 13:06 del 3 de julio de 2006. Un convoy de la línea 1 de FGV, con 150 personas a bordo, descarriló cerca de la estación de Jesús. El tren tomó una curva limitada a 40 kilómetros por hora a 80 kilómetros por hora. En aquel momento no existía un sistema de frenado automático que corrigiera un exceso de velocidad de esa magnitud.
Desde entonces, el siniestro ha tenido tres grandes recorridos paralelos. Por un lado, el político, con dos comisiones de investigación en Les Corts con conclusiones opuestas. Por otro, el social, marcado por la persistencia de la Asociación de Víctimas del Metro del 3 de julio (AVM3J). Y, finalmente, el judicial, con varios archivos, reaperturas y un acuerdo que ha evitado la celebración de juicio oral.
El contexto político también ha sido clave desde el inicio. En el momento del accidente, Francisco Camps presidía la Generalitat y Rita Barberá era alcaldesa de València. El siniestro se produjo, además, en la antesala de la visita a la ciudad del papa Benedicto XVI con motivo del V Encuentro Mundial de Familias, lo que añadió presión institucional y mediática.
Recorrido político
Once días después de la tragedia, Les Corts Valencianes han abierto una comisión de investigación. Ese mismo mes de agosto, la comisión ha concluido sus trabajos. Gracias a la mayoría absoluta del PP, el dictamen ha defendido que el accidente fue ‘inevitable e imprevisible’. También ha señalado que la causa fue el exceso de velocidad, que la seguridad era suficiente y ha descartado cualquier responsabilidad política.
La oposición de izquierdas ha mantenido una posición contraria. Ha defendido que el siniestro sí podía haberse evitado y que la seguridad de la línea 1 presentaba carencias. Además, ha reclamado la asunción de responsabilidades políticas y ha criticado la rapidez con que se ha cerrado la primera investigación parlamentaria.
En 2015, tras el cambio de gobierno en la Generalitat, la izquierda ha impulsado una segunda comisión de investigación en Les Corts. Nueve meses después, esta comisión ha aprobado un nuevo dictamen, con el voto en contra del PP. El documento ha concluido que la línea 1 de Metrovalencia no era segura y ha atribuido responsabilidades a 13 personas.
Entre esas 13 personas se encuentra el expresident Francisco Camps, que nunca ha recibido públicamente a las víctimas. También figura el exconseller Juan Cotino, señalado por ‘el intento de comprar el silencio de las víctimas’. Ese segundo dictamen ha supuesto un giro político respecto a la versión oficial de 2006.
Recorrido social
El impacto social del descarrilamiento ha sido inmediato. El accidente ha conmocionado a la sociedad valenciana y a todo el país. Un día después se ha celebrado en la Catedral de València un funeral por 41 víctimas, al que han asistido los reyes. Posteriormente han fallecido otras dos personas heridas, hasta llegar a los 43 muertos.
Pocos días más tarde, el papa Benedicto XVI, de visita en la ciudad por el V Encuentro Mundial de Familias, ha rezado en el lugar del siniestro. Ese gesto ha reforzado el eco internacional de la tragedia.
Cuando los familiares han empezado a asimilar lo ocurrido, han buscado explicaciones. Muchos no se han creído la versión oficial que atribuía el accidente exclusivamente al exceso de velocidad y a la responsabilidad del maquinista, fallecido en el siniestro. Un grupo de afectados ha constituido la Asociación de Víctimas del Metro del 3 de julio (AVM3J), que se ha convertido en la voz de las familias.
Entre noviembre de 2006 y julio de 2015, la asociación ha convocado 105 concentraciones el día 3 de cada mes. Durante casi nueve años, las víctimas han mantenido viva la memoria del accidente en las calles de València, con actos periódicos en los que han reclamado ‘verdad, justicia y reparación’.
Ese camino no ha estado exento de dificultades. Los familiares han tenido que afrontar el cambio de nombre de la estación de Jesús, donde se produjo el siniestro. El nuevo nombre ha supuesto, para muchos, una forma de alejar el recuerdo del accidente. En 2016 se ha recuperado la denominación original de la estación, un gesto simbólico relevante para las víctimas.
Las familias también han vivido el ‘apagón’ informativo de Canal 9. La antigua radiotelevisión pública valenciana no ha dado voz estable a la asociación. Solo ha entrevistado a su presidenta el día en que la cadena ha cesado sus emisiones, un detalle muy criticado por los afectados.
Durante años, las víctimas han tenido la sensación de que una parte de la sociedad miraba hacia otro lado. Esa percepción ha cambiado a partir de 2013, tras la emisión en una cadena de televisión de ámbito estatal de un programa dedicado al accidente. A partir de entonces, el apoyo social a la AVM3J ha crecido de forma notable y las concentraciones han ganado respaldo ciudadano.
Recorrido judicial
En paralelo, la causa judicial ha seguido un camino largo y complejo. El Juzgado de Instrucción 21 de València ha archivado el procedimiento por primera vez en 2007. El juzgado ha considerado que la responsabilidad penal quedaba extinguida por el fallecimiento del conductor del convoy y que el exceso de velocidad era el motivo determinante del descarrilamiento.
Años después, en 2014, la Audiencia de Valencia ha ordenado reabrir las diligencias. Tras nuevas pesquisas, el mismo juzgado las ha archivado de nuevo en 2017. La decisión ha vuelto a cerrar la vía penal, aunque no de forma definitiva.
Un recurso de la Fiscalía ha permitido reabrir la causa por tercera y última vez en 2018. La instructora ha acordado entonces seguir el procedimiento abreviado contra ocho exdirectivos de FGV. El Juzgado de lo Penal 6 ha fijado juicio para enero de 2020.
Ese juicio, sin embargo, no ha llegado a celebrarse. Cuatro de los procesados han aceptado penas de 22 meses de prisión tras declararse culpables. El acuerdo ha evitado la vista oral. Los otros cuatro acusados han quedado absueltos tras la retirada de los cargos.
Entre las personas absueltas se encuentra la exgerente de FGV Marisa Gracia. En octubre de 2025, el Tribunal Superior de Justicia valenciano le ha reconocido el derecho a ser indemnizada con 99.343 euros. El tribunal ha considerado que ha sufrido daños y perjuicios por el dictamen de la comisión de investigación de 2016, que la señaló como una de las 13 responsables del accidente.
Les Corts Valencianes han recurrido esa sentencia ante el Tribunal Supremo. En abril, el alto tribunal ha admitido a trámite el recurso, por lo que la situación de esta exdirectiva aún no es definitiva.
Con este escenario, el vigésimo aniversario del accidente de metro de València llega marcado por la memoria de las 43 víctimas mortales, el reconocimiento de 13 responsables políticos en sede parlamentaria y una respuesta judicial que ha terminado en un acuerdo penal limitado a cuatro exdirectivos de FGV.
