El Sindicat d’Estudiants ha anunciado que registrará una querella criminal contra el concejal de Vox en el Ayuntamiento de València Juanma Badenas y ha exigido su cese inmediato después de denunciar que el edil accedió a la sede del sindicato en la ciudad acompañado de otras dos personas.
La organización estudiantil sostiene que los hechos ocurrieron este viernes, cuando varios integrantes del colectivo intentaron entrar al local y se encontraron la cerradura rota. Según ha explicado el sindicato, tras revisar las cámaras de seguridad comprobaron que Badenas, junto a otras dos personas, había entrado en las instalaciones, donde permaneció durante un tiempo y habría grabado en vídeo el interior.
El anuncio de la querella se ha producido en una comparecencia junto a representantes de la Federación de Padres y Madres de Alumnos (Fampa), Compromís y PSPV, que han reclamado responsabilidades políticas y han exigido a la alcaldesa de València, María José Catalá, que condene los hechos.
El sindicato denuncia una «persecución política»
El coordinador del Sindicat d’Estudiants en València, Mario Tercero, ha asegurado que el episodio no responde a «ninguna función administrativa» ni a una inspección, sino a una «persecución política únicamente con motivos políticos».
«No estamos hablando de ninguna función administrativa, ni de ningún tipo de inspección, estamos hablando de una persecución política únicamente con motivos políticos», ha afirmado Tercero, quien ha añadido que «ya no solo es el allanamiento ilegal y que causen daños materiales, sino que es un registro, paseando por nuestro local como si fuera su casa».
El representante del sindicato ha calificado los hechos de «atropello a los derechos democráticos» y ha denunciado que se trata, a su juicio, de «fascismo en estado puro, irrumpiendo ilegalmente y registrando sedes de organizaciones juveniles de izquierda».
El departamento jurídico apunta a un posible acceso a datos
El responsable jurídico del Sindicat d’Estudiants, Víctor Taibo, ha explicado que la organización se querellará por el supuesto allanamiento de un local de uso privativo, al tratarse del domicilio social y fiscal del sindicato.
Taibo ha advertido, además, de una posible sustracción o captación de información interna. Según ha indicado, durante la entrada al local se podrían haber tomado fotografías de datos personales de afiliados y actas de la organización en un «registro sin orden judicial».
El jurista también ha sostenido que la actuación habría sido premeditada y ha asegurado que funcionarios municipales advirtieron a Badenas de que no debía acceder al local. «Todo esto se ha hecho de manera premeditada, como nos han confirmado los funcionarios del Ayuntamiento, a los cuales Badenas les dijo que iba a coger la llave y los funcionarios le dijeron que se oponían porque iba a cometer una ilegalidad», ha afirmado.
Desde Fampa, su presidenta, Elisabet García, ha señalado que no es la primera vez que se produce una situación similar. Según ha relatado, durante la huelga educativa Badenas acudió también a la puerta de su local y grabó un vídeo, aunque se marchó al encontrarse allí con trabajadoras de la entidad.
Compromís y PSPV piden responsabilidades políticas
La exvicepresidenta del Gobierno valenciano y candidata de Compromís a la alcaldía de València, Mónica Oltra, ha afirmado que lo ocurrido supone «un acto político con unos objetivos muy claros: mostrar que son omnipotentes y generar miedo en la gente demócrata que no piensa como ellos».
Oltra ha defendido que Badenas debe responder tanto en el ámbito judicial como en el político y ha señalado que el Grupo Municipal de Compromís ya ha solicitado el expediente para «llegar hasta las últimas consecuencias», tanto penales como administrativas.
Por su parte, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan, ha anunciado que el PSPV presentará en el próximo pleno una moción para exigir el cese del concejal. Sanjuan ha advertido de que sería un error «minimizar» que un edil de un gobierno municipal entre en el local de una entidad sindical o política.
El portavoz socialista ha sostenido que Badenas «ha vulnerado derechos fundamentales, derechos civiles y políticos» y ha reclamado un «reproche político» al margen del recorrido judicial que puedan tener los hechos.
Catalá pide una evaluación jurídica antes de decidir
La alcaldesa de València, María José Catalá, ha anunciado que someterá la denuncia a una evaluación jurídica para analizar qué motivó la entrada en el local y depurar responsabilidades si procede.
«A priori yo no lo hubiera hecho, ya saben ustedes cómo soy yo, pero necesito tener una evaluación de todos los antecedentes para poder, como alcaldesa, tomar una posición y deciros exactamente qué vamos a hacer», ha explicado Catalá ante los medios.
La alcaldesa ha señalado que se revisarán los antecedentes del inmueble, la situación de la cesión del local, el uso del espacio, la instalación de cámaras, el motivo de la entrada y las condiciones en las que se produjo. También ha indicado que el Ayuntamiento tiene llave porque es el propietario del local.
Catalá ha apuntado que, en su opinión, el asunto se sitúa en el ámbito administrativo-patrimonial y ha asegurado que espera disponer esta semana de toda la documentación para adoptar las decisiones oportunas. «Yo nunca rehuyo, pero sí es verdad que para tomar decisiones a veces uno tiene que tener toda la información y yo espero tenerla esta semana», ha concluido.
