La jueza del caso DANA exige a Emergencias todas las comunicaciones por radio con ayuntamientos del 29 de octubre

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Además, la magistrada ha acordado pedir de nuevo a la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias el informe número 3 relativo a la DANA

La jueza que investiga las muertes y daños causados por la DANA del 29 de octubre de 2024 ha reclamado a la Subdirección General de la Conselleria de Emergencias un listado completo de todas las comunicaciones por radio con ayuntamientos durante ese día, con detalle de hora, duración y la identidad de la persona contactada en cada caso.

Según consta en una providencia emitida este lunes por el Tribunal de Instancia de Catarroja, plaza número 3, la magistrada ha ordenado que la Conselleria remita este informe en un plazo máximo de tres días. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha informado de este nuevo requerimiento en el marco de la instrucción penal abierta por la DANA.

Nuevo requerimiento de informes sobre la DANA

Además del listado de comunicaciones, la jueza ha acordado pedir de nuevo a la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias el informe número 3 relativo a la DANA. Ese documento debe remitirse en el plazo de dos días e incluir de forma expresa la hora exacta de su emisión.

La magistrada también ha solicitado que se especifique si dicho informe número 3 fue incluido en la lista de difusión de informes y, en caso afirmativo, la hora en la que se incorporó a esa lista. Con esta información busca reconstruir con precisión la cronología de avisos y comunicaciones oficiales durante el episodio de lluvias extremas.

La relevancia de estas peticiones se centra en aclarar qué avisos se emitieron, cuándo y a quién llegaron, especialmente a los municipios más afectados. Esa secuencia de comunicaciones puede resultar determinante para valorar responsabilidades en la gestión de la emergencia.

Rechazo a una nueva declaración de María José Catalá

En un auto dictado también este lunes, el juzgado ha rechazado que vuelva a declarar la alcaldesa de València, María José Catalá. La petición procedía de una de las acusaciones, que representa a familiares de víctimas mortales.

La jueza considera que algunas de las pruebas solicitadas son ‘reiterativas’, otras ‘carecen de conexión objetiva‘ y que, en su práctica totalidad, ‘no están relacionadas con los fallecimientos de las víctimas a cuya familiar representa’ la solicitante de la prueba.

En su resolución, la magistrada detalla que el agua que llegó a la pedanía de La Torre procedía del barranco del Poyo. Subraya que las aguas y las compuertas de la Albufera, así como las depuradoras o colectores, no han intervenido en la causa concreta de los fallecimientos registrados en esa zona.

A partir de estos elementos, concluye que ‘el elemento determinante en la evitación del resultado lesivo lo constituye el control de la fuente de riesgo, los cauces y barrancos, en este caso el barranco del Poyo y los tributarios del mismo’.

Para la jueza, la situación del barranco del Poyo ya era conocida en el Cecopi, el Centro de Coordinación Operativa Integrada. En el auto reitera ‘el carácter letal de la falta de avisos, en este caso a los vecinos de La Torre y a quienes circulaban por la pedanía’, y resalta que ‘lo determinante era avisar a la población’.

Tampoco admite la declaración del concejal delegado del Ciclo del Agua del Ayuntamiento de València. A su juicio, ‘no se puede atribuir’ al sistema de drenaje, ni a la depuración ni a la absorción del agua de la ciudad, los fallecimientos ocurridos en La Torre.

La jueza recuerda que, en su mayoría, las víctimas de esta pedanía ‘fueron atrapadas en un garaje, una de ellas fue arrastrada a su interior cuando se dirigía a su casa caminando por la acera; otras, cuando circulaban por las calzadas’.

En el auto añade que ‘es obvio’ que la red de saneamiento no podía absorber el volumen de agua acumulada, ‘como no pudieron tampoco los cauces de barrancos y ríos’. Con esta afirmación descarta que el sistema de saneamiento urbano fuera el factor principal en los fallecimientos investigados.

La magistrada señala también que en la causa ya existe documentación suficiente sobre planes y protocolos de actuación ante emergencias. Entre esos documentos figura un mapa con las cotas que alcanzó el agua en l’Horta Sud, una de las comarcas más afectadas por las inundaciones.

Nuevas diligencias sobre fallecimientos en una residencia de mayores

En paralelo, la jueza ha acordado citar como testigo a la hija de una anciana que residía en un centro de mayores de Paiporta y que falleció posteriormente en un hospital. Su declaración se centrará en las circunstancias de la evacuación y atención a la residente durante la inundación del centro.

Asimismo, ha pedido a ese mismo centro de mayores que remita los datos de identidad de las personas que auxiliaron a otra residente, también fallecida en un hospital, durante la inundación de las instalaciones. Con esta información, el juzgado pretende identificar a todos los intervinientes en el rescate y aclarar cómo se desarrolló la atención a los residentes afectados.

Estas nuevas diligencias se suman al resto de actuaciones ya practicadas para determinar si se han producido fallos en la prevención, la comunicación de avisos o la gestión de la emergencia, tanto en València capital como en municipios del entorno como Paiporta y otros de l’Horta Sud.