La Unió Llauradora i Ramadera ha puesto en marcha un colectivo de propietarios afectados por el futuro corredor estatal de transporte de hidrógeno. El trazado recorrerá 54 municipios de la provincia de Valencia, más de la mitad de las localidades valencianas incluidas en el proyecto.
La organización busca defender unas expropiaciones transparentes, unas indemnizaciones ajustadas al valor real de las explotaciones y la protección de la actividad agraria. La construcción de la infraestructura y la adaptación de los conductos existentes están previstas entre 2028 y 2029.
El corredor tendrá una longitud aproximada de 393 kilómetros dentro de la Comunitat Valenciana y atravesará un total de 100 municipios. De ellos, 54 se encuentran en Valencia, 23 en Castellón y otros 23 en Alicante.
Valencia concentra el tramo con más posibles expropiaciones
El tramo situado entre Montesa o Albaida y el eje formado por Tibi y Xixona es el que podría requerir un mayor número de actuaciones expropiatorias. Esta parte del recorrido atravesará diferentes comarcas valencianas antes de continuar hacia el interior de Alicante.
En cambio, desde la entrada del corredor por Cataluña hasta Montesa o Albaida se pretende aprovechar el conducto ya construido que discurre paralelo a la red de transporte de gas natural. En esa parte del trazado no se contemplan, en principio, nuevas expropiaciones.
Los municipios de la provincia de Valencia incluidos en el proyecto son Aielo de Malferit, Agullent, Albaida, Alberic, Aldaia, Alfarp, l’Alcúdia, l’Alcúdia de Crespins, Alzira, Antella, Benavites, Benimodo, Bétera, Bocairent, Càrcer, Canals, Carlet, Catadau, Cerdà, Chiva, Cotes, el Puig de Santa Maria, Gavarda, Godella, Guadassuar, la Granja de la Costera, Llombai y Llanera de Ranes.
La relación continúa con Loriguilla, Manises, Massamagrell, Moncada, Montesa, Montserrat, Museros, l’Olleria, Ontinyent, Paterna, Petrés, Picassent, Puçol, Quart de Poblet, Quartell, Rafelbunyol, Riba-roja de Túria, Rotglà i Corberà, Sagunt, Sellent, Torrent, Torrella, Tous, Vallés, València y Xàtiva.
LA UNIÓ advierte de que el proyecto atravesará numerosos municipios con una elevada dependencia de la agricultura y la ganadería. Por ello, reclama que la transición energética sea compatible con la conservación de las explotaciones y del territorio rural.
La entidad considera que los terrenos agrícolas representan un patrimonio productivo, económico y medioambiental esencial. La organización señala que cualquier intervención debe tener en cuenta los cultivos, los sistemas de riego, los accesos y la capacidad productiva de las parcelas.
LA UNIÓ mantendrá una interlocución directa con la empresa promotora del corredor para solicitar las máximas garantías. La organización exigirá indemnizaciones calculadas mediante criterios técnicos y agrarios ajustados al valor real de cada explotación.
Las compensaciones deberán incluir las afecciones sobre cultivos, instalaciones, infraestructuras y rendimientos futuros. También deberán contemplar las posibles limitaciones que permanezcan en las fincas una vez finalizadas las obras.
La organización reclama además que la ejecución del corredor altere lo menos posible la actividad agrícola. Para ello, pide mantener el acceso a las parcelas y garantizar el funcionamiento de acequias, tuberías, caminos y otras infraestructuras de riego.
Otra de las condiciones planteadas es la correcta restauración de los terrenos. LA UNIÓ exige que la empresa reponga la tierra vegetal, retire los residuos y recupere la capacidad productiva de las superficies ocupadas.
Para la organización, «la modernización energética no debe hacerse a expensas del campo valenciano». A su juicio, las infraestructuras de interés general tienen que incorporar criterios de sostenibilidad social y territorial.
El corredor continuará por 23 municipios alicantinos. Desde la zona de Tibi-Xixona hasta la Región de Murcia se prevé reutilizar nuevamente el conducto existente, por lo que ese tramo tampoco requeriría nuevas expropiaciones de forma generalizada.
La entidad agraria pide a las administraciones que vigilen el procedimiento y garanticen valoraciones objetivas. También reclama compensaciones suficientes para impedir que los propietarios asuman el coste económico de una infraestructura considerada estratégica.
LA UNIÓ ofrecerá asesoramiento técnico y jurídico a los afectados. Además, informará sobre la evolución del proyecto y acompañará a los propietarios durante la tramitación administrativa.
La organización ha llamado a los titulares de las fincas afectadas a incorporarse al colectivo. La actuación conjunta busca reforzar la defensa de sus derechos ante la empresa promotora y las distintas administraciones.
