La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha anulado parcialmente la moratoria que suspendía la tramitación y concesión de licencias para nuevos hoteles en el ámbito del plan especial del Cabanyal-Canyamelar, en València, al considerar que la medida no estaba suficientemente justificada.
El origen de la moratoria turística
La inclusión del Cabanyal-Canyamelar en la moratoria se ha basado en un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de València del 28 de enero de 2025. Entonces, el consistorio ha alegado un notable aumento de las solicitudes relacionadas con alojamientos turísticos en esta zona marítima de la ciudad.
Según los datos municipales de 2024, las licencias de actividad para alojamiento turístico han crecido un 300 %. Las licencias urbanísticas han aumentado un 227 % y los informes de compatibilidad urbanística, un 256 %. Estos porcentajes han servido como argumento político y técnico para justificar la suspensión cautelar de nuevas licencias hoteleras.
Sin embargo, la sentencia del TSJCV, difundida este lunes por el grupo municipal de Compromís, ha precisado que en ese año solo se presentó una solicitud de licencia urbanística para un hotel con 78 plazas en el ámbito afectado.
Para el tribunal, el incremento señalado por el Ayuntamiento no puede referirse a los hoteles, dado que solo existía ese expediente. A juicio de la Sala, ese aumento estaría vinculado, en su caso, a las plazas de viviendas de uso turístico, una categoría diferente desde el punto de vista urbanístico y regulatorio.
La resolución judicial subraya que esa única solicitud de hotel no tiene entidad suficiente para provocar una presión turística relevante sobre el barrio. Según la sentencia, no se puede considerar que un solo proyecto hotelero actúe como factor que deteriore el entorno urbano ni que comprometa el disfrute adecuado del derecho a la vivienda de la población del área.
Por ello, el TSJCV ha estimado que la fundamentación del acuerdo municipal resulta insuficiente y desproporcionada en lo que afecta específicamente a los hoteles dentro del plan especial del Cabanyal-Canyamelar.
El tribunal también ha razonado que el acuerdo plenario del 28 de enero de 2025 es nulo de pleno derecho. La nulidad se apoya en la vulneración del artículo 5 de la Ley 20/2013, de Garantía de la Unidad de Mercado, que protege la libertad de establecimiento económico en todo el territorio nacional.
Pese a la contundencia del fallo, la resolución no es firme. Contra la sentencia cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo o ante la propia Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV, por lo que el procedimiento todavía puede prolongarse en el tiempo.
Advertencia de Compromís sobre el impacto económico
Tras conocerse el fallo, Compromís per València ha emitido un comunicado en el que alerta del impacto económico potencial de la sentencia. La formación ha hablado expresamente de un ‘riesgo patrimonial’ para el Ayuntamiento de València.
Según el comunicado, la sentencia reconoce de forma explícita que los promotores afectados por la restricción podrán exigir ahora la tramitación de los expedientes que quedaron paralizados. Además, podrían reclamar indemnizaciones si acreditan perjuicios derivados de la moratoria.
Desde Compromís se advierte de que estas reclamaciones podrían traducirse en un coste elevado para las arcas municipales. La factura económica de una decisión política sobre planificación turística podría acabar, por tanto, sufragándose con fondos públicos.
‘No es un riesgo menor ni aislado. Es la segunda vez en dos años que los tribunales tumban una moratoria turística aprobada por el gobierno de María José Catalá: en abril ya cayó parcialmente la de mayo de 2024, y ahora la del Cabanyal, ambas por considerarlas desproporcionadas o mal fundamentadas técnicamente’, ha señalado la portavoz municipal de Compromís, Papi Robles.
La coalición valencianista ha insistido en que este patrón no responde a hechos puntuales, sino a una forma de gobernar. Según su análisis, ‘no es casualidad, sino consecuencia de una manera de legislar que no resiste el control judicial y que traslada el coste del error a las cuentas municipales’.
Compromís per València ha reclamado al gobierno local máxima transparencia tras el revés judicial. En su comunicado, exige que el Ayuntamiento haga público de forma inmediata cuántos expedientes hoteleros quedaron bloqueados por la moratoria anulada.
La formación también pide que se concrete cuántos promotores han mostrado ya su intención de reclamar y qué estimación manejan los servicios jurídicos municipales sobre el impacto económico potencial. Estas cifras se consideran clave para que la ciudadanía pueda valorar el alcance real de la decisión anulada.
Con la anulación parcial de la moratoria, la tramitación de licencias hoteleras en el ámbito del Cabanyal-Canyamelar queda reabierta en los términos fijados por la sentencia. El desarrollo turístico del barrio, muy sensible por su equilibrio residencial y su valor urbano, dependerá ahora tanto de la eventual presentación de recursos como de las próximas decisiones del gobierno municipal y de los promotores interesados.
