La comisionada del Gobierno de España para la reconstrucción tras la dana, Zulima Pérez, ha insistido en Mislata que la planificación y la retirada de especies invasoras como las cañas en cauces y barrancos corresponde a la Generalitat Valenciana y no a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), y ha reclamado lealtad institucional al Consell en esta materia.
En declaraciones a los medios en este municipio del área metropolitana de València, donde el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha presentado los programas EDIL DANA, Pérez ha considerado que las peticiones dirigidas a la CHJ suponen ‘una deslealtad absoluta, porque la CHJ no tiene competencia para la retirada de cañas’.
Las solicitudes a la CHJ
La comisionada se ha referido a las peticiones de varios ayuntamientos afectados por la dana y de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP). Estas administraciones han reclamado a la CHJ actuaciones de conservación, mantenimiento, limpieza, retirada de vegetación y acondicionamiento en barrancos y ramblas.
Según ha explicado Pérez, estas demandas se están dirigiendo a un organismo estatal que no tiene atribuida esa competencia concreta en muchos de los tramos afectados. Ha subrayado que la normativa distingue entre distintos tipos de cauce y que no todos dependen de la CHJ.
Por su parte, el ministro de Hacienda ha valorado que el trabajo de la CHJ ‘es reconocido por muchos ayuntamientos’ y ha pedido que cada institución asuma sus responsabilidades. España ha reclamado que las administraciones ejerzan sus funciones con ‘menos ruido, más trabajo y más colaboración‘.
‘Solo tenemos que hacer nuestro trabajo y que cada cual, en el ámbito de sus competencias, las ejecute y las financie’, ha añadido el ministro, apelando a una distribución clara de tareas entre administraciones.
Competencias de la Generalitat y los ayuntamientos
Pérez ha precisado que, conforme a la normativa vigente, ‘no todo lo que es cauce es competencia de la CHJ’. Ha concretado que, en el caso de la planificación y la retirada de especies invasoras, se trata de una competencia atribuida a la Generalitat y, en consecuencia, a la Conselleria de Medio Ambiente.
En esta línea, ha reclamado ‘lealtad’ a la Generalitat y ha advertido: ‘Le pedimos que no haga lo mismo que hizo el día de la dana y que ejerza sus competencias, porque los valencianos necesitamos un gobierno que se haga responsable de los problemas‘.
La comisionada ha detallado además que, en los tramos de cauce que discurren por zonas urbanas, la competencia del mantenimiento y la limpieza recae en los propios ayuntamientos. Ha remarcado que esa responsabilidad incluye tanto la retirada de vegetación como el cuidado general de estos espacios.
Respecto al riesgo de incendios en los barrancos, Pérez ha reiterado que la competencia en prevención y extinción de incendios es municipal. Ha recordado que ‘los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes la tienen directamente y la competencia de los de menos la tienen las diputaciones provinciales, sin perjuicio del que tiene la Generalitat’.
Actuaciones de la CHJ y debate por las tasas
Sobre el papel de la Confederación Hidrográfica del Júcar, la comisionada ha indicado que este organismo realiza labores de limpieza en cauces y barrancos ‘siempre y cuando afecte al flujo del río‘. Es decir, interviene cuando la acumulación de vegetación o sedimentos compromete la capacidad de desagüe del cauce principal.
Pérez ha sido preguntada también por las tasas de 67 euros que la CHJ cobra a la Generalitat por autorizar cada actuación en barrancos vinculados a la dana, una cuestión publicada por el diario Las Provincias. La comisionada ha justificado estos importes al señalar que ‘son un instrumento normal entre las administraciones públicas, existen en muchas cosas’.
A su juicio, ‘poner el acento en una cosa así, que es irrisoria en relación a todo el trabajo que se está realizando en la Confederación, no es lo más importante’. Con estas palabras ha querido restar peso a la polémica por las tasas y centrar la atención en el reparto de competencias y en la ejecución efectiva de las tareas de limpieza.
Pérez ha defendido que, tras la dana, resulta clave que cada administración asuma su papel para reducir riesgos futuros en barrancos y ramblas, especialmente en áreas urbanas y periurbanas de la provincia de Valencia y del resto de la Comunitat. Ha insistido en que la coordinación institucional y el respeto a las competencias son esenciales para que los trabajos de prevención y reconstrucción avancen al ritmo que necesitan los municipios afectados.
