La Generalitat paga más de 30,2 millones por la justicia gratuita del primer semestre de 2026

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La mayor parte del importe, 26,5 millones de euros, corresponde a las actuaciones realizadas por los profesionales de la Abogacía a través del Turno de Oficio

La Generalitat ha abonado 30.252.103,44 euros por las actuaciones realizadas durante el primer semestre de 2026 por los profesionales integrados en el Consejo Valenciano de Colegios de la Abogacía y el Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores. Todo esto se enmarca dentro del sistema de asistencia jurídica gratuita.

La Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación ha efectuado estos pagos para financiar los servicios que garantizan el acceso a asistencia jurídica a las personas que cumplen los requisitos establecidos. Además, esto se realiza con independencia de su nivel de ingresos.

Del total abonado, 26.530.906,79 euros corresponden a las actuaciones desarrolladas por el Consejo Valenciano de Colegios de la Abogacía dentro del Turno de Oficio. Estas actuaciones cubren los seis primeros meses del año.

Por su parte, el Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores ha recibido 3.503.268,60 euros por los servicios prestados durante el mismo periodo.

A estas cantidades se añaden 30.197,76 euros destinados a las inversiones realizadas por la Abogacía y la Procura. También se suman otros 187.730,29 euros correspondientes a las actuaciones desarrolladas a través de los servicios JUSTIPROP.

Pago dentro de los plazos previstos

La Conselleria señala que el abono correspondiente al primer semestre se ha realizado dentro del plazo establecido por la normativa. Además, enmarca esta actuación en la colaboración que mantiene con los colegios profesionales encargados de prestar el servicio de justicia gratuita.

El departamento dirigido por la consellera Nuria Martínez destaca además la función que desempeñan abogados y procuradores para garantizar el derecho fundamental a la defensa. Igualmente, resalta el acceso de los ciudadanos al sistema judicial.

La Generalitat mantiene así la financiación de los servicios de asistencia jurídica gratuita y su colaboración con los colegios profesionales. Todo esto tiene el objetivo de agilizar los procedimientos y garantizar una prestación eficaz a las personas beneficiarias.