El auto de Procedimiento Abreviado, notificado este jueves, atribuye al PSOE una trama de «peajes» políticos: comisiones de 1,44 millones a José Luis Vera, una empresa pantalla para desviar dinero a la campaña de 2007 y hasta el pago encubierto de propaganda de Unión Valenciana para restar votos al PP
El auto de incoación de Procedimiento Abreviado del caso Azud, dictado el 3 de agosto por la magistrada Pepa Tarodo —titular de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València, Diligencias Previas 726/2017— y notificado este 4 de septiembre, no se limita a Rita Barberà ni al entorno del PP en el Ayuntamiento de Valencia.
Buena parte de sus más de 300 páginas describe un segundo circuito de corrupción que salpica directamente al PSOE. Con nombres propios, cantidades concretas y facturas fechadas, la instructora vincula ese circuito a la financiación ilegal de la campaña electoral de 2007.
Lo esencial del caso Azud y el PSOE
- El auto atribuye a José Luis Vera Llorens el cobro de 1,44 millones de euros en comisiones por «influenciar» al PSOE.
- La empresa Gigante Edificaciones y Obras SL pagó 484.480,46 euros a cinco empresas por trabajos electorales del PSOE en 2007, según la resolución.
- Entre esos pagos figura, según el auto, publicidad de Unión Valenciana encargada por el entonces tesorero socialista para restar votos al PP.
- Rafael Rubio, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia y luego subdelegado del Gobierno, recibía «regalos de Navidad» y aparece vinculado a ingresos en efectivo de 197.256 euros.
- El juzgado acuerda continuar el procedimiento, sin sobreseimiento, para los investigados vinculados al PSOE.
El empresario Jaime María Febrer Rovira, cabeza del Grupo Axis, no solo compró voluntades en el consistorio gobernado entonces por el PP, según el relato judicial. Cuando sus intereses urbanísticos chocaban con la oposición municipal socialista o dependían de organismos estatales en manos del Gobierno de Zapatero, Febrer activó un segundo canal de influencia hacia el PSOE. La mediación corrió a cargo del abogado José Luis Vera Llorens.
El «conseguidor» de Febrer: 1,44 millones de euros para influir en el PSOE
El auto explica que Febrer contó con Vera Llorens «para poder influenciar al PSOE», tanto en el Ayuntamiento de Valencia como en otras localidades gobernadas por los socialistas y en entes públicos estatales del mismo signo.
La pieza central de esta trama es el PAI El Espartal, en Xixona. Su desarrollo dependía de que la sociedad estatal Acuamed (entonces bajo el Ministerio de Medio Ambiente) ampliara el suministro de agua a la localidad alicantina.
Para lograrlo, Vera se reunió con Joan Navarro Martínez, director de Relaciones Institucionales de Acuamed. Navarro, según la resolución, «accedió a las pretensiones del Grupo Axis» y planteó el modo de sacar adelante el convenio sin que el PAI quedara paralizado. La instructora sitúa un correo entre Vera y Navarro, impreso el 23 de noviembre de 2006, en el que ambos abordaron la firma de un acuerdo de intenciones entre el Ayuntamiento de Jijona y Acuamed.
El auto es explícito sobre el precio de aquella gestión. Febrer «tuvo muy en cuenta y le quedó claro» que existiría «un peaje que pagar por la obtención de los resultados a favor de Axis». Ese peaje se tradujo en reuniones y comidas entre Febrer, Vera y representantes del PSOE, «en este caso, con José Cataluña«, descrito en la causa como responsable de Finanzas del partido: sin cargo orgánico, pero con «gran peso y mando» y capacidad para «actuar con total libertad».
Como contrapartida por su intermediación, Vera Llorens cobró 940.000 y 500.000 euros —1,44 millones en total—, sin estar vinculado laboralmente a ninguna de las administraciones implicadas ni contratado por el Grupo Axis para tal fin. Ese dinero, sostiene el auto, se blindó jurídicamente mediante dos contratos simulados firmados el mismo día. Uno de ellos con Vera Llorens SLU, sociedad que el propio Vera habría constituido el 17 de abril de 2007 «precisamente para dar cobertura al entramado».
Gigante Edificaciones y Obras, la empresa pantalla que «inyectó dinero» en la campaña del PSOE
El auto conecta directamente ese peaje con la financiación electoral del partido. Para materializar el pacto, Febrer recurrió a la estructura empresarial del asesor fiscal alicantino Joaquín Pastor Rico, en concreto a la sociedad Gigante Edificaciones y Obras SL. Esta empresa fue utilizada, según la resolución, «para inyectar dinero a la campaña del PSOE en las elecciones del 2007» y para que el propio partido «facilitara la campaña a un partido que podía restar votos al PP».
La instructora describe Gigante como una sociedad pantalla sin actividad publicitaria real, empleada para canalizar facturas ficticias y retiradas de efectivo. El dinero procedía, según el circuito reconstruido en el auto, de Construcciones Valencia Constitución SL (la empresa de Febrer), que lo hacía llegar a Gigante a través de su filial Espacios Urbanos de Jijona SL.
Con ese dinero, Gigante Edificaciones y Obras abonó un total de 484.480,46 euros a cinco empresas que, según el propio auto, realizaron trabajos electorales para el PSOE durante la campaña de 2007. Ninguno de esos pagos fue declarado por el partido como gasto electoral, salvo cantidades muy inferiores en dos de los casos.
Las cinco empresas que cobraron por la campaña del PSOE de 2007
- Metrofilms SL — 141.923,68 € (factura del 4/05/2007, pagada el 30/05/2007) por «elaboración de guion, producción y edición de vídeo industrial». Metrofilms estaba participada al 100 % por Contexto Moda y Comunicación SL, la empresa que asesoró al PSOE en la campaña de 2007. Contexto Moda solo facturó al partido 22.509,80 euros por ese concepto, cantidad que sí fue declarada como gasto electoral.
- KEY SA — 102.080 € (Mairena del Aljarafe, Sevilla, extinguida; factura del 22/05/2007, pagada el 17/08/2007) por «creatividad, folletos, cartas y sobres para Unión Valenciana». El auto atribuye el encargo a Francisco Martínez Rico, entonces tesorero del PSOE, quien —según la resolución— indicó personalmente al comercial de KEY, Dionisio Mahedero, que las facturas se emitieran a nombre de Gigante. La finalidad, según el auto, era ayudar a Unión Valenciana a «restar votos al Partido Popular» en 2007.
- Industria Gráfica Valenciana SL (Ingraval) — 120.004 € en cuatro facturas (marzo-abril de 2007) por «edición de material para campañas publicitarias». Ingraval era la empresa encargada por el PSOE de la edición del programa autonómico para las elecciones de 2007, pero el partido solo declaró como gasto electoral 19.000,18 euros de ese trabajo. Ingraval fue declarada insolvente en 2017.
- Publipress Técnicos Asociados SL — 87.105,70 € (extinguida; cuatro pagos en mayo y julio de 2007) por folletos y vallas publicitarias de la campaña electoral de 2007.
- Cronosport SL — 33.367,08 € (Ribarroja del Túria; factura del 9/05/2007, pagada el 9/07/2007) por una «campaña de publicidad con elaboración de materiales a repartir». El auto detalla que el encargo real procedía de Contexto Moda y Comunicación para la campaña de Carmen Alborch: 80.000 chapas, 125.000 globos blancos, 125.000 globos rojos, 5.000 llaveros, 1.000 kilos de caramelos y 500 camisetas, subcontratados a su vez a Comercial Gamax, Mid Ocean Spain, Globolandia, Caramelos y Chocolates TESA y Stagrafic.
El auto resume así la mecánica del desvío: el dinero no llegó directamente a las cuentas del PSOE. Se desvió siguiendo el circuito «empresa vinculada al entramado → Gigante → empresa publicitaria → servicio o material electoral → PSOE». Según la instructora, esa fórmula permitía separar el origen del dinero de su destino electoral.
Rafael Rubio: de denunciante de «pelotazos» a integrado en la trama
El auto dedica también un capítulo propio a Rafael Rubio Martínez, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valencia entre 2003 y 2007. Rubio fue después diputado autonómico y subdelegado del Gobierno en Valencia entre 2020 y 2021, cargo del que fue cesado precisamente por su implicación en esta causa.
La resolución sitúa a Rubio recibiendo desde 2002 los llamados «regalos de Navidad» que Febrer enviaba a través de Construcciones Valencia Constitución. Su nombre aparecía en esos listados junto al de José Luis Vera, bajo las siglas «PSOE»: cajas de vino y champán francés entregadas en la sede socialista de la calle Blanquerías. El auto vincula además a Rubio con una anotación bajo la letra «R» —después «RR»— asociada a cantidades que oscilaban entre 300.000 y 700.000 euros.
Según la instructora, el origen de esos pagos estaría relacionado con una denuncia pública. En septiembre de 2005, Rubio denunció una operación urbanística de Construcciones Valencia Constitución en la que la empresa habría obtenido plusvalías del 196 % con supuesta información privilegiada. Rubio llegó a pedir a la entonces alcaldesa que investigara «pelotazos urbanísticos» en su entorno.
Aquella denuncia derivó, apunta el auto, en una comida el 21 de septiembre de 2005 entre Febrer, Rubio, Vera y José «Pepe» Cataluña para pactar que el asunto no tuviera más recorrido judicial ni mediático.
El auto atribuye, por último, a Rubio y a su esposa, María Amelia Quintana Trenor, 77 ingresos en efectivo por un total de 197.256 euros entre 2007 y 2013 en cuentas conjuntas. La finalidad, según la resolución, era ocultar el origen del dinero.
Situación procesal de los investigados vinculados al PSOE
El auto acuerda continuar el procedimiento por los trámites del Procedimiento Abreviado, sin sobreseimiento, para el conjunto de investigados. Entre ellos figuran, junto a Jaime María Febrer Rovira y Joaquín Pastor Rico, los perfiles vinculados al PSOE:
- José Luis Vera Llorens
- Rafael Rubio Martínez
Joan Navarro Martínez aparece citado en la causa por su papel en Acuamed, aunque el auto no le atribuye la percepción personal de las cantidades destinadas a la campaña electoral. También son mencionados sin imputación José «Pepe» Cataluña, Francisco Martínez Rico y Carmen Alborch.
Corresponderá ahora a las acusaciones decidir si solicitan la apertura de juicio oral contra los investigados por los hechos que la instructora considera penalmente relevantes.
