Educación garantiza la libertad de cátedra y niega una persecución ideológica a los docentes

Ejemplo de shortcode con estilo
La consellera Mari Carmen Ortí defiende que la Inspección educativa es un cuerpo independiente, niega una persecución ideológica al profesorado y asegura que la libertad de cátedra está garantizada para todo el cuerpo docente en la Comunitat Valenciana.

La consellera de Educación, Mari Carmen Ortí, ha defendido que la libertad de cátedra está totalmente garantizada para todo el profesorado en la Comunitat Valenciana y ha asegurado que la Inspección educativa no ha iniciado ni va a iniciar ninguna persecución ideológica contra los docentes.

Ortí ha comparecido en rueda de prensa para informar del inicio del curso escolar y ha respondido a las críticas de varios sindicatos, que han denunciado que la modificación de las funciones de la Inspección educativa, incluida en la ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat, supondrá una supuesta persecución ideológica al profesorado.

Según la consellera, esas acusaciones sobre las nuevas funciones de la Inspección educativa ‘no se corresponden en absoluto con la realidad’ y obedecen, o bien a que ‘desconocen’ la función de ese cuerpo, ‘que no es otra que inspeccionar’ el sistema educativo, o bien a que quieren ‘aprovechar el desconocimiento mayoritario de la gente’ sobre ese trabajo.

Inspección independiente y deber de neutralidad

La titular de Educación ha subrayado que la Inspección educativa es ‘un cuerpo independiente‘ que tiene la obligación de garantizar tanto los derechos como la observancia de los deberes de todas las personas que participan en los procesos de enseñanza.

Ha explicado que esta labor se lleva a cabo de acuerdo con los derechos fundamentales y los valores democráticos, y que debe evitar cualquier tipo de ‘discriminación’ en los centros. De este modo, ha insistido en que el enfoque del trabajo inspector se centra en proteger a la comunidad educativa, no en sancionar ideológicamente al profesorado.

Ortí ha recordado además que los funcionarios públicos tienen un deber de ‘neutralidad’ fijado por la normativa estatal. A su juicio, el cambio introducido mediante la ley de acompañamiento ‘entra totalmente dentro del marco’ de las tareas que ya desarrolla la Inspección y del trabajo diario de intentar solucionar los problemas que se detectan en los centros.

La consellera ha defendido que la reforma normativa no altera la esencia de la función inspectora, sino que concreta y ordena sus actuaciones. Ha señalado que, en la práctica, el objetivo es dar herramientas para responder mejor a los conflictos y dudas que surgen en las aulas y en la gestión de los centros.

Apoyo a las familias y diálogo con el sector

Ortí ha remarcado que la prioridad de su departamento es ofrecer respaldo a las familias ante cualquier conflicto educativo. ‘Nuestro objetivo es que cada familia y cada familia tenga el apoyo en las situaciones en las que piense que puede necesitarlo’, ha manifestado.

Según ha explicado, este apoyo puede darse ante dudas sobre el funcionamiento de un centro, desacuerdos con decisiones concretas o situaciones que afecten al bienestar del alumnado. En estos casos, la Inspección actúa como un mecanismo de garantía y mediación, dentro del marco legal y con respeto a la autonomía pedagógica del profesorado.

Preguntada por si tiene previsto reunirse con las asociaciones de inspectores para abordar estas críticas, la consellera ha señalado que ya se han reunido ‘en varias ocasiones’ con la Inspección educativa. Ha añadido que mantienen encuentros habituales con este cuerpo para analizar su labor y compartir información sobre la aplicación de las nuevas disposiciones.

Ortí ha defendido igualmente que la Conselleria se reúne ‘con absolutamente todos‘ los sectores y actores educativos. Ha citado a sindicatos, asociaciones de familias y representantes de los centros como interlocutores habituales, y ha recalcado que la forma de ‘llegar a soluciones’ pasa siempre por contar con su colaboración.

La responsable autonómica de Educación ha insistido en que ese diálogo constante es clave para que el inicio de curso transcurra con normalidad y para que cualquier cambio normativo se aplique con seguridad jurídica. Ha sostenido que, en este contexto, la Inspección educativa sigue siendo una pieza esencial para garantizar el equilibrio entre los derechos de las familias, la libertad de cátedra del profesorado y el correcto funcionamiento de los centros.