La Generalitat Valenciana ha anunciado que presentará recursos jurídicos y administrativos para evitar que un cambio de criterio del Gobierno central recorte las ayudas estatales previstas para las salas de cine de la Comunitat Valenciana en 2026, tras una nueva interpretación de la gestión de los fondos de apoyo a la exhibición cinematográfica.
Según ha informado la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, que encabeza Carmen Ortí, la decisión se ha tomado después de que el Ejecutivo estatal haya modificado el criterio sobre cómo deben gestionarse los fondos destinados a las salas de cine. Este cambio afecta directamente a la financiación asignada a la Comunitat Valenciana y a las empresas y entidades del sector.
Impacto sobre las ayudas a los cines valencianos
La Federación de Cines de España (FECE) ha asegurado que las salas de cine de seis comunidades autónomas perderán 3,5 millones de euros en ayudas por un error del Ministerio de Cultura. Según la federación, el problema deriva de un cambio interpretativo sobre las ayudas de 2025 que deja sin fondos en 2026 a las salas de Andalucía, la Comunitat Valenciana, Navarra, Castilla-La Mancha, Islas Baleares y Canarias.
El Ministerio de Cultura ha negado esa acusación y ha señalado al Ministerio de Hacienda como responsable de la nueva interpretación sobre la gestión de los fondos, según ha indicado FECE. Este cruce de versiones ha añadido confusión al sector, que depende de estas ayudas para sostener su actividad y planificar inversiones.
La Comunitat Valenciana tiene asignados 1.070.370,37 euros procedentes de la distribución territorial acordada en 2025 para apoyar a las salas de cine y fomentar la creación y fidelización de públicos. El Institut Valencià de Cultura publicó la convocatoria de estas ayudas el 29 de diciembre de 2025, dentro del plazo establecido y siguiendo las indicaciones recibidas para su tramitación, según ha precisado el Consell.
Sin embargo, una interpretación posterior de la Intervención estatal considera ahora que no bastaba con publicar la convocatoria antes de finalizar 2025. También debía haberse resuelto y comprometido todo el gasto antes del 31 de diciembre de ese año. Este nuevo criterio, aplicado con carácter sobrevenido, supone descontar el remanente de la financiación correspondiente a 2026.
Según la Generalitat, esta situación pone en riesgo la llegada de una nueva dotación estatal para las salas valencianas y puede provocar que parte de los fondos previstos no llegue finalmente al sector. Para las empresas exhibidoras, esto puede traducirse en menos recursos para programación, modernización de instalaciones o campañas para atraer público.
La consellera de Educación, Cultura y Universidades ha defendido que las empresas del sector no deben asumir las consecuencias de esta modificación. ‘Las salas de cine valencianas no son responsables de esta situación y no pueden resultar perjudicadas por cambio de criterio del Gobierno de España’, ha subrayado Carmen Ortí en un comunicado.
Ortí ha calificado de ‘inaceptable’ que las reglas aplicables a unas ayudas puedan modificarse cuando las comunidades autónomas ya han organizado y publicado sus convocatorias conforme al calendario y a las instrucciones recibidas. A su juicio, esta incertidumbre complica la planificación de las empresas exhibidoras y genera inseguridad en el sector cultural.
La consellera ha lamentado la preocupación que se ha generado entre las empresas exhibidoras valencianas. Además, ha señalado que la Generalitat quiere trasladar ‘tranquilidad, sosiego y seguridad‘ a los cines de la Comunitat Valenciana, que dependen en parte de estas líneas de apoyo.
Recursos y coordinación con otras comunidades
La Generalitat está trabajando en la preparación de alegaciones, requerimientos y recursos para exigir que se respeten las condiciones vigentes en el momento en que se convocaron las ayudas. El objetivo es que la Comunitat Valenciana reciba íntegramente la financiación que le corresponde según lo acordado para 2025 y que no se detraigan fondos previstos para 2026.
Además de las acciones jurídicas, el Consell ha puesto en marcha una estrategia de cooperación institucional con las demás comunidades autónomas afectadas y con las organizaciones representativas de la exhibición cinematográfica. La intención es reforzar la posición de las autonomías ante el Gobierno central mediante una respuesta conjunta.
‘Ortí ha advertido: ‘No estamos ante un problema causado por las salas, sino ante una interpretación administrativa sobrevenida que afecta a varias comunidades autónomas. Por eso debemos actuar de manera coordinada, compartir argumentos y defender una solución común’. De esta forma, la Generalitat busca que el conflicto no se aborde solo desde el ámbito valenciano, sino como un problema compartido.
La Conselleria de Cultura solicitará una interlocución directa con el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Hacienda. Con estas reuniones, la Generalitat pretende alcanzar una solución que garantice la continuidad de las ayudas y despeje las dudas sobre los criterios aplicables en los próximos ejercicios.
Mientras tanto, desde el departamento de Cultura se mantiene el contacto con AVECINE, con las salas solicitantes y con las demás organizaciones representativas del sector. El objetivo es explicar con detalle la situación, conocer directamente su impacto sobre cada empresa y definir una estrategia común de respuesta.
Carmen Ortí ha avanzado que, si el Gobierno de España no ofrece una solución satisfactoria, la Generalitat estudiará fórmulas presupuestarias alternativas. En concreto, se analizará la posibilidad de reclamar un aumento de consignación en las ayudas de 2027 para mantener el nivel de apoyo al sector y compensar el posible recorte de fondos estatales.
Según la consellera, ‘vamos a defender a las salas, vamos a ejercer las acciones oportunas y no vamos a permitir que un cambio de criterio del ministerio ponga en peligro su actividad’. Con este compromiso, el Consell busca dar garantías al tejido de exhibición cinematográfica valenciano mientras se resuelve el conflicto con la Administración central.
