El rompehielos Arctic Sunrise de Greenpeace ha atracado este jueves en el puerto de València para respaldar a los once activistas de la organización que se enfrentarán el próximo 23 de septiembre a un juicio en la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Valencia número 8, acusados de desórdenes públicos agravados por una protesta en 2021 contra un buque cargado de gas en el puerto de Sagunto.
La Fiscalía ha solicitado para cada uno de los activistas cinco años de prisión por este delito. Greenpeace sostiene que se trata de una de las mayores condenas pedidas en Europa por una acción de activismo ambiental y denuncia que la protesta fue pacífica.
Protesta contra un buque cargado de gas en Sagunto
Los hechos se remontan a octubre de 2021. Entonces, el barco ‘Esperanza’, también de Greenpeace, entró en el puerto de Sagunto para, según la organización, ‘denunciar y tratar de frenar’ la llegada del buque Merchant, procedente de EEUU, que transportaba 138.000 metros cúbicos de gas licuado.
Durante la acción, varios activistas se encadenaron en las inmediaciones de la planta de regasificación para intentar bloquear la entrada del buque. Además, pintaron en uno de sus laterales el lema ‘NO + GAS’.
Un escalador se subió al ancla del barco y mantuvo una resistencia que Greenpeace califica de pasiva. Permaneció allí durante doce horas hasta que la Guardia Civil abordó la embarcación, cortó las cadenas y la llevó finalmente a puerto.
Por esta actuación, once activistas de Greenpeace, procedentes de ocho países diferentes, han sido acusados de un presunto delito de desórdenes públicos agravados. Se enfrentan ahora a un proceso penal que puede desembocar en penas de cárcel.
Implicaciones para la protesta ambiental
Greenpeace ha subrayado que este caso tiene implicaciones directas para el ejercicio de la libertad de reunión y el derecho a la protesta. Por este motivo, Amnistía Internacional ha anunciado que acudirá al juicio como observadora independiente, según informa la organización ecologista.
Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace en España y Portugal, ha asegurado que ‘Greenpeace se enfrenta a la mayor pena pedida jamás contra el activismo ambiental en Europa por ejercer la protesta pacífica en defensa de la vida en este planeta’.
Saldaña ha recordado que la acción de 2021 en Sagunto se realizó para denunciar que los combustibles fósiles ‘son el primer causante de la emergencia climática’. Ha insistido en que durante la protesta ‘no causamos ningún daño humano ni material’ y que la organización ya ha afrontado ‘más de 200.000 euros en sanciones administrativas‘.
Pese a ello, lamenta que ‘la Fiscalía pide 5 años de cárcel para cada uno de los once activistas’. A su juicio, ‘este juicio refleja una preocupante tendencia global, y en especial en Europa, a criminalizar la desobediencia civil y amedrentar a la sociedad mediante penas absolutamente desproporcionadas’.
La responsable de Greenpeace también ha denunciado que el caso se ha construido ‘de una manera torticera’, ya que, según afirma, se ha aplicado el subtipo ‘agravado’ del delito de desórdenes públicos, que entró en vigor en 2023, dos años después de la protesta en Sagunto.
Saldaña considera que ‘exigir una pena de cárcel de cinco años contra una protesta pacífica no busca justicia sino infundir miedos para silenciar o intentar parar a los que señalamos las causas del cambio climático’.
Presencia del Arctic Sunrise en València
El Arctic Sunrise permanecerá amarrado en el puerto de València durante la celebración del juicio a los activistas. Greenpeace ha anunciado que abrirá el barco a las visitas de la ciudadanía este fin de semana y también los días 25, 26 y 27 de septiembre.
Con estas jornadas de puertas abiertas, la organización quiere ‘generar consciencia, que la gente conozca la vulneración de derechos que está sucediendo y lanzar un mensaje claro, que defender el planeta, a las personas y nuestra democracia no es un delito’.
Saldaña ha advertido además de que ‘ante las danas devastadoras, los incendios y las sequías no vamos a dar un paso atrás’. Ha defendido que los once activistas que serán juzgados ‘no son delincuentes, son ciudadanos que están poniendo su cuerpo para denunciar la inacción frente a esta realidad que es indiscutible’.
Según ha señalado, estas personas ‘llevan cinco años sufriendo ansiedad e incertidumbre por un proceso penal que es totalmente desmesurado’.
Durante la estancia del Arctic Sunrise y del equipo de Greenpeace en València, la organización tiene previsto mantener reuniones con partidos políticos, organizaciones cívicas de derechos humanos y colectivos afectados por la dana de 2024, entre otros actores sociales.
Además, el 22 de septiembre celebrarán un evento público en València en el que participarán relatores especiales de la ONU, con el objetivo de poner el foco en las consecuencias legales del activismo climático y en la defensa del derecho a la protesta pacífica.
