La comisión municipal que ha investigado las posibles irregularidades en las adjudicaciones de viviendas públicas en la zona de la Playa de San Juan de Alicante ha concluido este viernes sin lograr un dictamen conjunto. Cada grupo político ha respaldado únicamente su propio texto y el órgano ha cerrado sus trabajos sin una posición unitaria sobre el caso del residencial Les Naus.
PSPV-PSOE, Compromís y EU-Podem han votado a favor de las propuestas de las tres formaciones, pero no han reunido la mayoría suficiente. PP y Vox, por su parte, solo han apoyado sus propios dictámenes, lo que ha impedido cualquier acuerdo global sobre las conclusiones.
El vicealcalde y presidente de la comisión, Manuel Villar, del PP, ha defendido que, a su juicio, ‘ha quedado claro que los procedimientos han sido correctos‘. Se ha referido así a los trámites de competencia municipal, que según su argumentación eran los que correspondía aclarar en este órgano de investigación.
Villar ha admitido, no obstante, que ‘algo ha fallado’ porque se ha llegado a esta situación. Sin embargo, ha insistido en que el posible error no ha procedido del Ayuntamiento, sino de Les Corts, ‘donde creo que la normativa lo ha podido permitir’.
El responsable popular ha subrayado además que la investigación municipal ha permitido determinar que el proceso de licitación de la parcela municipal donde se construyó el residencial Les Naus comenzó en una etapa anterior a los gobiernos del PP, bajo el mandato del tripartito.
Críticas de la oposición por las ausencias y la documentación
Los grupos de la oposición han puesto el foco en las ausencias y en la falta de información durante los trabajos de la comisión. Han destacado que no han comparecido los concejales populares que apoyaron la creación de este órgano, además de denunciar la escasez de documentación aportada por el equipo de gobierno.
También han cuestionado cuándo tuvieron conocimiento el alcalde, Luis Barcala, del PP, y su equipo de que la exconcejal de Urbanismo Rocío Gómez era adjudicataria de una vivienda pública en Les Naus. Esa cronología de avisos internos se ha convertido en uno de los principales puntos de fricción política.
Desde el PSPV-PSOE, la concejala Silvia Castell ha defendido que el caso de Les Naus no ha sido un problema ajeno al Ayuntamiento. Ha señalado al alcalde al afirmar que Luis Barcala es ‘el máximo responsable’ y le ha reprochado que siga sin existir un sistema de control integral que impida la repetición de situaciones como esta.
La portavoz de Vox, Carmen Robledillo, ha considerado que ha quedado acreditado que el procedimiento de Les Naus afecta tanto al actual gobierno municipal del PP como al anterior tripartito. Ha remarcado que muchas de las dudas planteadas siguen sin aclararse.
No obstante, Robledillo ha atribuido la responsabilidad de decidir quién formaba parte de la cooperativa a Francisco Ordiñana, administrador único de Fraorgi, la promotora de las viviendas de protección pública en la Playa de San Juan.
El portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha centrado sus críticas en los tiempos internos de comunicación dentro del gobierno local. Ha preguntado qué ocurrió entre el momento en que la concejala de Patrimonio, Nayma Beldjilali, conoció el listado de adjudicatarios y el día en que el alcalde asegura haber sabido que Rocío Gómez tenía un piso en Les Naus.
Por este motivo, Mas ha reclamado la dimisión tanto de Luis Barcala como de la responsable de Patrimonio. Ha insistido en que la cadena de conocimiento dentro del equipo de gobierno sigue sin aclararse.
Desde EU-Podem, el concejal Manolo Copé ha calificado la investigación como ‘la comisión de las sillas vacías‘. Ha lamentado que haya terminado ‘sin que se haya dado respuesta a las cuestiones que tenía el ayuntamiento en su mano’, en referencia a la información que, a su juicio, el propio consistorio podía haber aportado.
El correo interno y las declaraciones en 2024
Otro de los elementos de discusión ha sido la captura de un correo electrónico del grupo municipal popular que el vicealcalde, Manuel Villar, ha aportado a la comisión y ha remitido también al juzgado. Ese mensaje está vinculado al reparto interno de las preguntas del pleno de julio de 2024 sobre Les Naus.
PSPV-PSOE y Compromís han expresado sus dudas sobre si el exconcejal de Hacienda y Patrimonio, Toni Gallego, llegó realmente a darse por enterado del contenido del correo. Según ambas formaciones, el documento no muestra de forma clara que Gallego hiciera acuse de recibo, mientras que sí se aprecia la confirmación de otros concejales.
Villar ha sostenido que ese correo interno demuestra que el equipo de gobierno sabía quién debía responder en el pleno de julio de 2024 a la pregunta de Compromís sobre Les Naus. Ha afirmado que desconoce si Gallego habló o no con Rocío Gómez sobre si tenía una vivienda en esa promoción.
El vicealcalde ha explicado que el exedil no recuerda con claridad lo ocurrido, y ha utilizado ese argumento para justificar las declaraciones que Gallego ha realizado tanto en Les Corts como ante el juzgado. Villar ha insistido en que cree que el exconcejal ‘no ha mentido’, sino que lo que ha manifestado ‘no se ajusta a la realidad‘.
La comisión municipal ha cerrado así sus trabajos sin un relato común de lo sucedido en Les Naus. El caso continúa marcado por las versiones enfrentadas entre gobierno y oposición sobre las responsabilidades políticas en las adjudicaciones de las viviendas públicas de la Playa de San Juan de Alicante.
