El Tribunal Supremo ha anulado el decreto del Gobierno que endurecía los criterios para crear nuevas universidades y el PP ha acusado a la ministra Diana Morant de mantener una ‘guerra particular’ contra las universidades privadas, una decisión que la formación popular considera un serio revés para la política universitaria estatal.
La portavoz de Universidades del PP en Les Corts, Lola Roch, ha defendido que esta resolución judicial ‘supone un varapalo a la política universitaria del Gobierno’ y ‘deja en evidencia la guerra particular de la ministra Diana Morant contra las universidades privadas’. Según ha explicado, el alto tribunal ha rechazado la vía de urgencia elegida para aprobar la norma.
Roch ha señalado que el Supremo ‘ha desmontado la principal justificación del Gobierno para aprobar este decreto por la vía de urgencia’, al considerar que no existían circunstancias extraordinarias ni imprevisibles que obligaran a utilizar ese procedimiento excepcional.
Según la diputada, el tribunal ha remarcado que el crecimiento de las universidades privadas y de la enseñanza online no puede considerarse un fenómeno repentino. En este sentido, ha destacado que ‘el propio tribunal deja claro que el crecimiento de las universidades privadas y de la enseñanza online no son fenómenos sobrevenidos ni inesperados, sino realidades que llevan años produciéndose y que el Gobierno conocía perfectamente’.
Motivos políticos y urgencia cuestionada
Para la portavoz popular, detrás de la supuesta urgencia para aprobar el decreto no había una necesidad sobrevenida, sino una decisión estrictamente política. A su juicio, el objetivo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades era acelerar la entrada en vigor de unas reglas que obstaculizaran la apertura de nuevos centros privados.
En sus palabras, ‘lo que había detrás de esta supuesta urgencia era una decisión política: acelerar la entrada en vigor de unas reglas diseñadas por Morant para poner trabas a las universidades privadas’. Ha insistido en que el contenido del decreto respondía a un modelo de universidad que no comparte el PP.
Roch ha acusado a la ministra de impulsar la norma por motivos ideológicos. ‘Había una ministra con prisa por imponer su modelo y por librar una batalla ideológica contra quienes han elegido un modelo universitario distinto al que ella defiende’, ha denunciado la parlamentaria autonómica.
La portavoz del PP ha subrayado que el Supremo considera que el Gobierno ‘no fue capaz de explicar qué problemas concretos y graves exigían recurrir a un procedimiento excepcional’. En su opinión, la intención de que la reforma estuviera vigente ya en el curso 2025-2026 respondía únicamente a ‘una decisión política de acelerar su aplicación’, sin respaldo en una situación de emergencia real.
Exigencia de responsabilidades a Diana Morant
Como consecuencia de esta sentencia, Roch ha reclamado cambios en la cúpula del Ministerio. La diputada ha exigido a Diana Morant que ‘asuma responsabilidades y deje de utilizar el Ministerio como una herramienta de confrontación ideológica’. Para el PP, la política universitaria estatal debe centrarse en mejorar la calidad del sistema y no en penalizar a las universidades privadas mediante decretos anulados por los tribunales.
