La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha defendido en València que respeta la decisión del Tribunal Supremo que ha anulado el decreto del Gobierno sobre criterios más estrictos para crear nuevas universidades, pero ha advertido de que quiere saber cuántos de los jueces que han tomado esa decisión tienen relación laboral con universidades privadas, al considerar que la sentencia afecta directamente al bolsillo de las familias.
Morant ha realizado estas declaraciones a su llegada al Palau de la Generalitat con motivo del Día de la Comunitat Valenciana, después de ser preguntada por el fallo del Tribunal Supremo. Esa sentencia ha anulado el decreto que buscaba frenar la proliferación de centros privados de enseñanza superior que no cumplieran con determinados estándares de excelencia académica.
La ministra ha recordado que el objetivo de la norma era elevar las exigencias para abrir nuevas universidades. Según ha señalado, el Gobierno ha querido evitar la creación de centros de baja calidad que, pese a ello, cobran matrículas muy elevadas y empujan a las familias a endeudarse.
Impacto económico en las familias
Morant ha subrayado que, para el Tribunal Supremo, este decreto ‘no es urgente’, pero ha defendido que sí lo es para las familias. Ha recordado que ‘el 14 % de los créditos bancarios se piden para pagar los estudios de nuestros jóvenes’.
En este sentido, ha advertido de que muchas familias han tenido que asumir préstamos para que sus hijos puedan continuar su formación. A su juicio, esta situación se agrava cuando la universidad pública no ofrece suficientes plazas y se obliga, en la práctica, a acudir a centros privados con costes más altos.
‘Las familias se endeudan para pagar esos estudios porque no hay plazas en la universidad pública’, ha manifestado. A partir de ahí, ha alertado de un escenario en el que ‘podrá ir a la universidad aquel que se lo pueda pagar’.
Morant ha insistido en que el endurecimiento de los requisitos para crear universidades pretendía proteger el acceso a la educación superior en condiciones de igualdad. Ha defendido que reforzar la calidad de la oferta universitaria resulta esencial para evitar que se consolide un modelo basado, según ha apuntado, en la capacidad económica.
Dudas sobre los jueces y sus posibles intereses
Aunque ha recalcado que el Gobierno tiene que acatar la resolución judicial, Morant ha abierto la puerta a revisar la posible vinculación de los magistrados que han firmado la sentencia con universidades privadas. La ministra ha afirmado que le gustaría ‘repasar cada uno de los jueces que ha dado esa sentencia, cuántos trabajan en la universidad privada’.
A partir de esa reflexión, ha planteado un debate más amplio sobre la independencia y los posibles conflictos de intereses en quienes integran el poder judicial. ‘Tendremos que empezar a hablar de cómo aquellos que deciden y pueden tumbar decisiones del poder legislativo y del ejecutivo no pueden tener intereses que explican en muchas ocasiones el sentido de sus sentencias’, ha señalado.
Morant ha defendido que quienes tienen capacidad para anular decisiones del Parlamento y del Gobierno deben estar libres de vínculos que puedan generar dudas sobre su imparcialidad. Sin embargo, ha insistido en que, pese a sus críticas, el Ejecutivo respeta el fallo y analizará sus consecuencias en la política universitaria.
La ministra ha enmarcado esta polémica en el debate sobre el futuro del sistema universitario español, especialmente en lo que respecta al equilibrio entre la universidad pública y la privada. Ha insistido en que el objetivo del decreto anulado ha sido garantizar calidad, igualdad de oportunidades y protección del esfuerzo económico de las familias, en un contexto de creciente peso de la enseñanza superior privada.
