Más de la mitad de los 542 trabajadores de la Diputación de Valencia que ejercieron sus funciones antes o durante la Guerra Civil sufrieron procesos de depuración bajo el régimen franquista. Una investigación histórica revela que 191 empleados perdieron su puesto por cuestiones ideológicas, mientras que otros 87 pudieron continuar trabajando, aunque recibieron diferentes sanciones.
El estudio, promovido por el área de Memoria Democrática de la institución provincial, que coordina la vicepresidenta Natàlia Enguix, también identifica otro cese sin sanción y 32 expedientes sobreseídos por jubilaciones o fallecimientos durante el procedimiento. La investigación permite conocer cómo se aplicaron los mecanismos de control político sobre los empleados públicos durante la consolidación de la dictadura.
La historiadora chilena Mirla Narváez, investigadora de la Universitat de València, ha examinado un total de 664 expedientes administrativos correspondientes al periodo comprendido entre 1939 y 1960. De ellos, 542 pertenecían a trabajadores que ya formaban parte de la plantilla durante la guerra y otros 122 correspondían a nuevas incorporaciones posteriores al conflicto.
Destituciones, traslados forzosos y sanciones laborales
Los resultados muestran que la represión administrativa no se limitó a la expulsión de funcionarios. El régimen también recurrió a medidas disciplinarias que condicionaban la continuidad y el desarrollo profesional de quienes permanecían en sus puestos.
De los 542 empleados analizados que trabajaban en la institución durante la guerra, 224 abandonaron su puesto por cese o sobreseimiento. Entre los 318 que fueron admitidos, 87 recibieron algún tipo de castigo. Las sanciones incluían suspensiones temporales, traslados forzosos, inhabilitaciones para determinados cargos y restricciones para ascender profesionalmente.
Narváez explica que la depuración «no se produce en un momento específico» y sostiene que el carácter represivo «es una constante durante la consolidación de la administración franquista, un mecanismo habitual para asegurar la uniformidad política e ideológica».
La investigación tiene su origen en el trabajo doctoral que desarrolla la historiadora sobre los empleados depurados en el manicomio de Jesús, antiguo hospital psiquiátrico Padre Jofré. A partir de ese análisis inicial, el estudio se ha ampliado al conjunto de la administración provincial.
Las mujeres eran investigadas por su conducta moral
Uno de los aspectos más destacados del trabajo es la diferente consideración que recibían hombres y mujeres durante los procedimientos de depuración.
De los 542 trabajadores que integraban la plantilla estudiada, 527 eran hombres y únicamente 15 eran mujeres. Esta desigualdad también se reflejaba en los criterios utilizados por las autoridades franquistas para evaluar su continuidad laboral.
Según Narváez, las investigaciones sobre los empleados varones se centraban principalmente en su trayectoria política y sus posiciones ideológicas. En cambio, los expedientes femeninos prestaban especial atención a cuestiones personales, sociales y morales.
Entre los aspectos examinados figuraban el matrimonio religioso, la dedicación al hogar y las relaciones que mantenían las trabajadoras con sus compañeros. La historiadora señala que, hasta 1929, buena parte de las mujeres vinculadas a la Diputación eran religiosas que prestaban servicio en instituciones benéficas y no figuraban en las plantillas oficiales.
La presencia femenina comenzó a reflejarse posteriormente en los registros administrativos, aunque continuó siendo muy reducida en comparación con la masculina.
El régimen también exigía afinidad política a los nuevos empleados
La depuración no afectó exclusivamente a quienes habían trabajado durante la República o la Guerra Civil. El estudio también analiza 122 expedientes de funcionarios incorporados después del conflicto.
De estos nuevos empleados, 112 acreditaron una «indudable afección a las nuevas autoridades». Otros cuatro fueron expulsados por no demostrar esa vinculación, mientras que en cuatro expedientes no consta el resultado. Los dos casos restantes corresponden a una renuncia y un procedimiento sobreseído.
Estos datos muestran que la afinidad con el nuevo poder político también formaba parte de los criterios de selección del personal público. Según concluye la investigadora, el régimen utilizó un entramado jurídico desarrollado desde el inicio de la guerra para dotar de apariencia legal al control ideológico de los funcionarios.
La vicepresidenta Natàlia Enguix sitúa esta investigación dentro de las actuaciones de recuperación de la memoria democrática que impulsa la institución provincial.
«El trabajo de Mirla es un paso más en las políticas de verdad, justicia y reparación», afirma Enguix, quien considera el proyecto «un reconocimiento a los empleados públicos que tuvieron que afrontar el proceso de depuración del régimen franquista».
Asimismo, la vicepresidenta destaca la incorporación de este trabajo al centro de documentación de Memoria Democrática que está desarrollando la Diputación de Valencia. La investigación amplía el conocimiento sobre la represión ejercida desde las propias estructuras administrativas y permite recuperar la trayectoria de trabajadores que sufrieron sus consecuencias.
