Casi nueve de cada diez casos de abusos sexuales contra la infancia en la Comunitat Valenciana son cometidos por personas conocidas por las víctimas, y el 35 % de ellas procede del entorno familiar.
Así lo asegura Save the Children en un nuevo análisis ‘Por una justicia a la altura de la infancia’, basado en el estudio de 88 sentencias con 118 víctimas dictadas entre 2019 y 2024 en la Comunitat Valenciana.
Según la entidad, los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexuales siguen enfrentándose a procesos judiciales largos que los exponen nuevamente al dolor de los hechos sufridos.
Justicia especializada en violencia contra la infancia
Save the Children reclama ampliar la justicia especializada en violencia contra la infancia en todo el territorio, ya que considera que la creación únicamente de tres secciones en el Estado «resulta insuficiente».
Según el análisis, en el 65 % de los casos de la Comunitat Valenciana analizados las víctimas son niñas o adolescentes, y la edad media de inicio de los abusos se sitúa entre los 11 y los 12 años.
La entidad advierte en un comunicado de que el abuso sexual infantil es una de las formas más graves de violencia y, al mismo tiempo, una de las más ocultas, y asegura que «prueba de ella son los últimos datos» del Ministerio del Interior.
En 2023 se presentaron en la Comunitat Valenciana 1.090 denuncias por delitos contra la libertad sexual contra niños, niñas y adolescentes, «una cifra que representa una pequeña parte de la realidad, ya que en la mayoría de los casos nunca llega a denunciarse».
“Esto representa solo la punta del iceberg. Casi la mitad de las denuncias por delitos sexuales en España tienen como víctimas a niños, niñas y adolescentes, pero el sistema judicial no está dando una respuesta a la infancia que ha sido víctima”, señala Rodrigo Hernández, director de Save the Children en la Comunitat Valenciana.
Agresores
En cuanto a los agresores, la mayoría son hombres, y en casi 9 de cada 10 casos es una persona conocida por la víctima, de los cuales el 35 % procede del entorno familiar. Solo en el 14 % de los casos el agresor no conoce a la víctima.
El estudio pone de manifiesto que el 41 % de los casos se prolonga más de tres años, y en un 6 % supera los cinco años. «Las víctimas, además, deben revivir los hechos una y otra vez ya que deben declarar más de una vez», alerta.
«La duración de los procesos refleja que niños y niñas víctimas están años reviviendo lo ocurrido, lo que dificulta su recuperación. Es fundamental la implementación de sistemas de justicia especializada que contribuya a reducir estos tiempos, agilizando los procedimientos y limitando la necesidad de que declaren más de una vez», señala Hernández.
Aunque la aplicación de la prueba preconstituida, es decir, la grabación del testimonio para que no sea necesario repetirlo en el juicio, se menciona solo en el 23 % de los casos, es «una cifra que sigue siendo insuficiente».
Una justicia a la altura de la infancia
En 2025, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 422/2025, por el que se crean las primeras secciones judiciales especializadas en violencia contra la infancia y adolescencia conforme a lo establecido en la LOPIVI.
Sin embargo, no se contempla ninguno en la Comunitat Valenciana (sólo se contempla la creación de tres en Barcelona, Madrid y Málaga para todo el Estado).
Asimismo, es necesario aclarar las competencias y la coordinación con otras jurisdicciones (familia, violencia contra lo mejor y menores), garantizando que los casos de violencia sexual contra niñas recaigan en las secciones de infancia y adolescencia, dado que sus necesidades son diferentes a las de las mujeres adultas.
Además, tal y como establece la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) aprobada hace ya 4 años, no se han creado fiscalías especializadas ni equipos técnicos multidisciplinares.
Barnahus: un modelo que funciona
La organización insiste en la necesidad de implantar en todo el país el modelo Barnahus (casa de los niños), donde las víctimas son atendidas en un entorno amigable y coordinado por profesionales especializados.
Se trata de un modelo de atención integral a los niños y niñas víctimas de violencia sexual, ya que todas las instituciones implicadas en un caso de abuso sexual infantil trabajan de forma coordinada bajo un mismo techo, con el fin de evitar la victimización secundaria.
Solo en 2024, las Barnahus de Cataluña atendieron cerca de 3.000 casos de violencia sexual infantil. Los resultados del proyecto piloto en Tarragona muestran que este modelo reduce la duración de los procesos judiciales de casi tres años a poco más de un año, aumenta las condenas (del 65,9% al 84,5%) y mejora la experiencia de las víctimas, que deben repetir menos veces su testimonio.
“Es imprescindible que se continúe impulsando en la Comunitat Valenciana este modelo, poniendo en marcha su pilotaje en la autonomía. Los derechos de miles de niños y niñas están en juego”, apunta Hernández.
