Las acusaciones populares, coordinadas por el PP, han solicitado al Tribunal Supremo que condene a 30 años de cárcel al exministro de Transportes y diputado por Valencia, José Luis Ábalos, y a su exasesor Koldo García, y a siete al considerado comisionista de la trama, Víctor de Aldama, por presuntas mordidas en contratos de mascarillas.
La acusación popular unificada, que aglutina siete acusaciones ha presentado este jueves su escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso EFE, en el que pide, al igual que la Fiscalía Anticorrupción, una vistilla en la que, anticipa, pedirá prisión provisional para Ábalos y su exasesor.
Considera a ambos autores de casi una docena de delitos, entre los que figuran organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, falsedad en documento oficial o malversación, e inductores de prevaricación; mientras que a Aldama le acusa de cinco delitos por autoría, así como de tráfico de influencias por inducción, y le excluye de la malversación.
Para este empresario, que salió de prisión provisional por otra causa tras prometer que colaboraría con la Fiscalía, la acusación pide aplicar varias circunstancias atenuantes, como la de confesión en su modalidad muy cualificada, en atención a su «actitud colaboradora».
Además, piden multas de al menos 594.000 euros para Ábalos y su exasesor, y de 225.000 euros para Víctor de Aldama, a las que después habría que sumar en el caso de algunos delitos una multa basada en el beneficio obtenido.
Echar aceite «a la maquinaria»
El escrito comienza con la forma en la que se conocieron los acusados y aborda el rol de Aldama como «enlace» del Gobierno con diversos políticos venezolanos. Señala que dichos servicios le habrían valido «el reconocimiento del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez», y le permitieron consolidar su relación con la cúpula del Ministerio de Transportes.
En línea con la tesis de la Fiscalía, aluden al presunto concierto entre los tres acusados para aprovecharse del cargo de Ábalos y beneficiarse de las «oportunidades de negocio que se presentaran», mediante el cobro de comisiones en el caso del exministro y su exasesor, o en adjudicaciones públicas para Aldama o gestiones favorables a empresas vinculadas a él.
Sostienen que mientras Ábalos y Koldo García se «prevalieron» de su posición en el Ministerio para favorecer los intereses de su «socio», Aldama, «iba ‘echando aceite’ a la maquinaria» a través de retribuciones.
Dos tipos de comisiones
Había, según las acusaciones, dos tipos de retribuciones: «pagos mensuales en metálico» u «otras contraprestaciones periódicas» y, por otra parte, «contribuciones especiales».
Citan, por ejemplo, el contrato de alquiler con opción a compra de un piso en el Paseo de la Castellana, en Madrid, acordado entre Aldama y Ábalos -que nunca lo ocupó ni pagó mensualidad- o los pagos mensuales en efectivo de 10.000 euros de Aldama a Koldo García, que el asesor se «repartía» con Ábalos- entre 2019 y 2022; o el abono por parte del empresario del alquiler donde vivió dos años una expareja de Ábalos.
De las mascarillas a otras gestiones en beneficio de Aldama
Sobre la adjudicación de contratos de mascarillas por parte de dos empresas dependientes del Ministerio de Transportes a Soluciones de Gestión, la empresa vinculada a Aldama, sostiene que Ábalos no solo predeterminó las condiciones del contrato y la identidad del adjudicatario, sino que también intervino «personalmente» para resolver problemas surgidos en la ejecución.
Controló así, sostienen, «todos los resortes del lucrativo proyecto que se traían los tres acusados entre manos».
Además, se refieren a otras gestiones atribuidas a la presunta trama, como el encuentro del entonces jefe de gabinete de la ministra de Industria con la empresa Villafuel, la reunión entre Aldama y Hacienda para aplazar una deuda tributaria o la colocación de mujeres relacionadas con Ábalos en varias empresas públicas.
