El único acusado de asesinar en enero de 2024 al canónigo emérito de la Catedral de València ha negado el homicidio ante el jurado popular y ha reconocido que retiró efectivo y pagó compras con las tarjetas del sacerdote.
Según su versión, un segundo hombre no identificado le entregó esas tarjetas junto al teléfono móvil del religioso desbloqueado y le pidió buscar la clave para sacar dinero y repartirlo.
En la penúltima sesión del juicio en la Audiencia de Valencia, el fiscal ha situado a dos hombres en la vivienda del canónigo, en la calle Avellanas, en pleno casco histórico y a escasos metros del Palacio Arzobispal y la Catedral. Ha sostenido que el otro sujeto fue quien asfixió al sacerdote, pero que el acusado estuvo ‘en todo‘ al acompañarlo y permanecer en la casa.
Para el Ministerio Público, la presencia del procesado en el domicilio y su actuación posterior evidencian conocimiento del crimen: ‘No iba solo, pero iba. No estuvo solo pero estuvo arriba -en la casa del canónigo-. Y no le apretó el cuello pero sabía que lo iban a matar y estuvo allí’.
No hay forma de corroborar la existencia del presunto acompañante
El fiscal ha subrayado, además, que no hay forma de corroborar la existencia del presunto acompañante porque han desaparecido todas las pruebas exculpatorias, incluido el teléfono del propio acusado, que este afirma haber perdido por un robo.
La última conexión de ese dispositivo se registró el 24 de enero en la avenida Pérez Galdós, dos horas antes de su detención en un hostal próximo y de que la Policía acudiera a preguntar por él.
El acusado ha relatado que el 21 de enero había quedado con otro hombre para ir a trabajar al campo al día siguiente y que, al encontrarse, este le dijo que el sacerdote se había quedado dormido y le entregó las tarjetas y el móvil.
Ha añadido que se enteró de la muerte un día o dos después. Sobre el canónigo, al que ha descrito como una persona respetuosa, ha asegurado que nunca tuvo problemas ni le propuso ‘nada extraño‘ y que no lo volvió a ver desde que le bloqueó el teléfono un mes antes del fallecimiento.
Dinero extraído y compras con la tarjeta
En prisión provisional, el procesado sí ha admitido el uso fraudulento de la tarjeta. Ha detallado cuatro reintegros en cajero —dos de 300 euros y otros dos de 600— hasta un total de 1.800 euros, de los que 875 euros le fueron intervenidos por la Policía.
También ha reconocido compras y consumiciones por 527 euros, de modo que el importe global defraudado ascendería a 2.327 euros. Ha dicho que entregó entre 900 y 1.000 euros al otro hombre.
Estas operaciones, unidas al acceso a un móvil desbloqueado, refuerzan para la acusación la tesis de que el acusado intentó averiguar la clave y participó activamente tras los hechos.
Falta de celo investigador
La defensa, por su parte, ha denunciado falta de celo investigador y ha recordado que el acusado no dispone de medios para localizar por su cuenta al supuesto tercero. Sostiene que el portador del móvil del sacerdote fue quien lo mató y que no se ha hecho un trabajo exhaustivo para identificarlo.
Ha calificado la instrucción de ‘precipitada‘ por la repercusión mediática, para evitar que ‘el cajón de la porquería siguiera saliendo’, y ha insinuado que se buscó cerrar el caso con rapidez y exhibir su resolución en 24 horas.
Hechos
El crimen se produjo la noche del 21 de enero de 2024 y el cuerpo del sacerdote, de 79 años, fue hallado dos días después en su cama con signos de asfixia.
Un hombre de 34 años fue detenido al día siguiente como sospechoso y hoy se ha declarado inocente de los delitos de asesinato, estafa y robo con violencia.
El jurado popular deberá valorar ahora la credibilidad de las versiones y el alcance de la participación del procesado.
